Decenas de famosos alabaron este lunes el estilo de los dandis negros y lucieron conjuntos de sastrería extravagantes en su honor en el preludio de la...
- 28/02/2015 01:00
Se acaba el plazo para que el presidente firme la norma que regula el cobro de estacionamiento en centros comerciales
El Ejecutivo no parece convencido de la necesidad de regular el cobro de los estacionamientos en las plazas comerciales del país, por lo que algunas facciones legislativas consideran inminente el veto al proyecto de ley 10, aprobado a tambor batiente por los diputados en enero pasado.
El jefe de la bancada del PRD, Leandro Ávila, aseguró que su colectivo está decidido a insistir en la norma, aun cuando el presidente, Juan Carlos Varela, le dé la espalda. ‘Es su derecho, pero nosotros también tenemos los nuestros... aunque siempre estaremos abiertos a llegar a consensos’, insistió.
El documento ha sido remitido a la oficina legal de la Presidencia, aunque ayer la sala de prensa del Ejecutivo evitó confirmar que estuviera siendo analizado. Fuera de cámaras, fuentes cercanas al palacio presidencial aseguraron a este diario que la decisión del gobierno es la de ‘no sancionar la ley’. El nuevo jefe de la Acodeco, Oscar García, cree que podría mejorarse la medida legislativa si vuelve a discusión en el Legislativo.
El problema es que Varela corre contra el reloj. Este lunes vencerán los treinta días calendario que tiene para rubricar la norma, que, entre otras cosas, establece como ilegal el cobro de estacionamientos en hospitales privados durante las tres primeras horas de uso, y en comercios, durante dos.
Fuentes de la Asamblea Nacional indicaron que el documento no salió el 15 de enero pasado, ‘sino, por alguna razón, días después’.
Eso daría un período de gracia hasta el 10 de marzo.
Según Ávila, la propuesta (en la que figura como proponente) ha sido desacreditada por el ‘poder económico, que está creando ante el Ejecutivo un problema falso’, oponiéndose públicamente a su sanción.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) dio a entender que la idea era un atentado contra la libre empresa y la Cámara de Comercio (CCIAP) aseguró que la desregulación es el camino idóneo para el disfrute, tal como lo establece la Constitución, de la propiedad privada.
En la eventualidad de que el Ejecutivo la sancione, los empresarios aglutinados en la Fundación Libertad, que promueve la desregulación económica, dicen que la recurrirán ante la justicia.
La Apede ha llevado el debate a su comisión de Macroeconomía y la CCIAP, a su Junta Directiva. ‘No es mayor cosa, pero se puede resolver’, explica el asesor de la Apede, Roberto Troncoso, quien salió al paso de los planteamientos de Ávila.
Lo Nuevo
