Una ley contra el favoritismo, sexismo, racismo y acoso

Ya tema de debate sin haber sido todavía prohijada en la Asamblea, la propuesta de ley presentada por la diputada Ana Matilde Gómez y bautizada como ‘ley antipiropos’ pone el dedo en la llaga sobre la vulnerabilidad individual, por raza, sexo o ideología que enfrenta el ciudadano de manera solitaria, sin el amparo de la justicia, más ciega que nunca en casos que cuentan con la complicidad social o cultural.

Actualmente, el Código Penal sólo atiende situaciones en las que el hostigamiento es con motivaciones sexuales, pero no reconoce ni el acoso moral ni el que se produce en el ámbito escolar o laboral, donde la figura de poder queda bien establecida. Según la diputada ponente, tanto en el trabajo como en la escuela, el hostigador se enviste de la autoridad del cargo; sin control, la jerarquía puede favorecer la agresión. Hace falta tener los conceptos muy claros para no caer en el error de que en los entornos privados, sin amparo del Estado, prima la ley del más fuerte o el más poderoso, explicó. En la calle, tampoco debe quedar desatendido quien sienta una amenaza verbal o física, independientemente de las consideraciones culturales.

Los piropos (que etimológicamente hacen alusión al color rojo que enciende la cara del que lo recibe) pocas veces arrancan una sonrisa y generalmente caen en lo soez. La vía pública se convierte en terreno libre para agresiones que no solo quedan impunes, sino que socialmente se toleran. La diputada subrayó la importancia de un marco legal para dirimir casos que alcanzan la violencia física.

El anteproyecto de ley 177 también atiende el favoritismo, que se considera violencia en tanto y cuanto una persona en una posición de poder perjudica los derechos de terceros por criterios subjetivos, sujetos solo a su jerarquía. En cuanto a las manifestaciones sexistas y racistas, Gómez pretende asegurar con el nuevo documento que no serán las consideraciones personales las que, por aspecto o costumbres, pesen sobre la capacitación y aptitud profesional, a la hora de acceder a una oportunidad de trabajo o promoción, académica o económica. Nadie debe ser mejor considerado sobre otro por su aspecto, su género o su condición social, sostiene el proyecto. Gómez recordó que estudios del Observatorio de la Universidad de Panamá y del Banco Interamericano de Desarrollo indican que en Panamá las mujeres ganan entre un 25 y un 28% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo.

JUSTIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY

Ana Matilde Gómez sostiene que Panamá requiere una ley que ‘sensibilice, prevenga prohíba y sancione’ el hostigamiento, acoso callejero, acecho o acoso criminal, favoritismo, sexismo y racismo en el ámbito laboral, educativo, comunitario y en cualquier otro ámbito. ‘Esto va más allá de los piropos callejeros’, puntualizó, sin despreciar su carga agresiva.

Es necesario modificar los patrones socioculturales de conducta mediante políticas públicas y programas de educación social, agregó la diputada. ‘El Gobierno ha aprobado leyes y convenios internacionales, pero es innegable que todavía hay desigualdades y discriminaciones que hay que identificar’, apuntó. Según el anteproyecto de ley, le corresponderá al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y al Ministerio de Desarrollo Social promover y desarrollar programas educativos para la prevención de estas conductas. Además, todo empleador, institución pública y centro de enseñanza público o privado tendrá la responsabilidad de establecer una política interna que prevenga, evite y sancione las conductas antes mencionadas. También los gremios profesionales deberán establecer políticas de prevención y procedimientos de sanción para las conductas citadas.

Igualmente, las organizaciones de trabajadores u organizaciones sociales desarrollarán programas de orientación y asesoramiento para evitar malas prácticas.

DIVERSAS OPINIONES

Haydeé Méndez Illueca, abogada especialista en Género y Derecho Penal y miembro de Fundagénero, organismo dedicado a la capacitación en derechos humanos, aseveró que la ley propuesta no es un invento ni una idea ‘descabellada’ de la diputada Gómez, sino un anhelo de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres en Panamá. Para Méndez, lo más importante y novedoso no tiene nada que ver con los piropos, sino que sensibiliza y pone al descubierto el hostigamiento de niños, niñas y adolescentes de ambos sexos en las escuelas.

Según estudios del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el acoso entre estudiantes tiene un crecimiento alarmante. El porcentaje de los niños que han sido víctimas de maltrato, acoso u hostigamiento, causando dolor físico y emocional, se sitúa entre el 50% y el 70% de la población.

Aproximadamente 6 de cada 10 niños en las escuelas de nuestro país, sufre de bullying (término en inglés) que implica violencia física y psicológica, indicaron representantes del movimiento Panamá Libre de Bullying.

Por su parte, Celia Moreno, miembro de la Red de Derechos Humanos, manifestó que aunque la ley es necesaria, se debe revisar para ‘eliminar cualquier subjetividad’ que pueda tener el documento y evitar espacios para denuncias malintencionadas.

Chile, Colombia y Costa Rica son algunos de los países que ya cuentan con leyes antibullying .

El anteproyecto de ley se presentó el 12 de febrero en la Asamblea Nacional de Panamá.