Autoridades universitarias desconocen desacato

El secretario General de la Universidad de Panamá, Miguel Ángel Candanedo, dijo ayer que aún desconoce la notificación de desacato que le realizó, el pasado lunes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso del catedrático Miguel Antonio Bernal.

El desacato de las autoridades universitarias obedece a que el magistrado de la CSJ, Harry Díaz, admitió un amparo de garantías constitucionales que presentó Bernal contra una medida del Consejo Académico Universitario de rechazar una advertencia de inconstitucionalidad en medio del proceso disciplinario contra el docente y que terminó con su expulsión de la UP por cinco años.

A pesar de que el amparo fue admitido el pasado 6 de abril, el Consejo Académico Universitario ratificó la expulsión ocho días después.

UP CUESTIONA A LA CORTE

El Consejo General Universitario cuestionó a las autoridades judiciales. En un acuerdo, firmado en enero pasado, consideró que los juzgados civiles no pueden conocer de amparos de garantías constitucionales contra decisiones de los consejos de facultades.

‘Rechazamos, por temerarias, las amenazas de declarar a la Universidad en desacato y la pretensión de imponernos una multa, que por principio, nos negamos a pagar', señala el acuerdo.

Bernal se mantiene dando clases, aunque la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas designó a otro profesor y denunció que las autoridades amenazan a sus estudiantes de clases y de tesis, y ayer lo sacaron de la lista de asistencia.

IRREGULARIDADES

Los problemas no terminan con el caso Bernal. Un grupo de docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas detalla una serie de irregularidades a nivel académico y administrativo de la facultad.

La misiva es un diagnóstico que realizaron un grupo de 30 docentes de la facultad y que entregaron a la Vicerrectoría de la UP, en noviembre pasado, con la finalidad de que se corrijan las irregularidades.

En el Departamento de Derecho Privado, por ejemplo, se ha designado a un profesor titular que carece de estudios de especialidad en las áreas que se requieren para el cargo. Además, no participó en ningún concurso, como tampoco había ingresado al banco de datos.

‘Ello constituye un funesto precedente que no podemos aceptar', señala el documento, que fue impulsado por el profesor Graciano Pereira, catedrático de Derecho Romano .

Otras irregularidades que denuncian es que el director del Departamento de Ciencias Políticas no posee título de maestría o doctorado, requisito para ese cargo. Además, se ha caracterizado por su ausentismo.

El documento sale a la luz pública en medio de la pugna que mantiene el catedrático Miguel Antonio Bernal con las autoridades universitarias por su expulsión por cinco años de la casa de estudios superiores, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia admitió dos amparos de garantías constitucionales que suspenden el proceso en su contra.