Los intereses detrás del matrimonio y el aumento de divorcios

Contraer matrimonio parece estar pasando de moda en la sociedad panameña. Las uniones libres van conquistando el terreno que hace una década le pertenecía a las nupcias. Paralelo a este fenómeno, que según sociólogos tiene su génesis en un cambio generalizado de mentalidad, aparece un aumento progresivo en la disolución las uniones civiles legalmente registradas.

Los datos de nupcialidad y divocialidad de la Contraloría General revelan un panorama nada prometedor para lo que ha sido considerado, históricamente, como la base de la familia y la sociedad.

Los matrimonios en el último lustro han mostrado un descenso de al menos un millar cada año, mientras que en ese mismo periodo, el 10% de los matrimonios constituidos han sido disueltos.

El último dato registrado por la Contraloría tiene fecha de 2013. Ese año, unas 13,213 parejas contrajeron nupcias (988 menos que el año anterior). Otras 4,083 decidieron divorciarse.

‘Las parejas jóvenes de hoy prefieren unirse a casarse; esto, poco a poco, se ha ido dejando para las personas con intereses en concreto, que en su mayoría se ven en la clase media-alta. Que paradójicamente, ha ido registrando un aumento en la tasa de divorcios', sostuvo el sociólogo Marcos Gandásegui.

Una encuesta realizada por La Estrella de Panamá en alianza con la compañía de estudio de mercado en línea Feebbo ha revelado que las personas deciden contraer matrimonio por tres razones en concreto: para tener hijos, por sexo seguro y por convivencia. Otras de las respuestas brindadas con frecuencia por los encuestados han sido las de contraer matrimonio por presión de grupo, por soledad y por apariencia.

SALVAR LAS NUPCIAS

Los matrimonios son vistos de distintas formas por los grupos sociales, pero todos coinciden en un mismo punto. Al ser una institución legal, garantiza seguridad de propiedad y, de alguna forma, la económica

Las uniones libres, según la legislatura panameña, dan un beneficio similar al que tienen los matrimonio civiles legalmente registrados, pero esto no es suficiente.

‘Tenemos que trabajar en que las personas que están bajo unión libre se casen y logren los derechos que el matrimonio les concede', indicó Marylin Vallarino, presidenta de la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con Vallarino, estos derechos deben ser estrictamente para lo que según el Código de Familia estipula como matrimonio: la unión entre un hombre y una mujer.

‘Sé que los activistas gais están en busca de que se logre un matrimonio igualitario, pero no creo que esto sea conveniente. Tenemos un problema para mantener el número de matrimonios que tenemos que resolver', manifestó la diputada.

El matrimonio entre personas del mismo sexo todavía no es un tema de discusión formal en la Asamblea. No obstante, sí lo es en la tertulia popular, sobre todo por la reciente propuesta de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos ante este Órgano del Estado que busca penalizar la homofobia y que, según sus proponentes, allanaría el camino para derechos civiles igualitarios.

VISIÓN DE LOS ÓRGANOS

El presidente de la Asamblea, Rubén De León, se ha mostrado parcialmente a favor de las intenciones de los activistas, pero ha dejado clara su oposición a equiparar los derechos civiles.

‘El tema de la discriminación se debe abordar y debatir. Nadie debe sentirse excluido, pero lo que no se puede permitir es legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. En esto he dicho muchas veces que no estoy de acuerdo', indicó De León.

Sin embargo en el Ejecutivo la posición no es del todo clara. Por un lado, mientras el presidente Juan Carlos Varela impulsa a que se cuide y revise la seguridad del patrimonio, su vicepresidenta, Isabel de Saint Malo, opta por una revisión del concepto familia, mientras que el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, visualiza un toque religioso en la discusión.

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‘Sé que los activistas gais están en busca de un matrimonio igualitario, pero no creo que esto sea conveniente',

MARYLIN VALLARINO,

PRESIDENTA COMISIÓN DE LA FAMILIA DE LA AN

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‘Es inaudito que en entidades públicas, como la policía, se castigue a sus miembros por ser homosexuales',

RICARDO BETETA

ACTIVISTA POR DERECHOS IGUALITARIOS

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PROPUESTA

La batalla por los derechos igualitarios

La lucha por la igualdad de derechos llegó ayer hasta la Asamblea Nacional. Un grupo de activistas gais presentó una iniciativa que busca penalizar la discriminación por orientación sexual o identidad de género en Panamá.

Los activistas se mostraron convencidos de que este proyecto será el inicio de un camino hacia una verdadera igualdad ante la ley que tiene su norte en la equidad de los derechos civiles.

Aunque la propuesta presentada ayer no se refiere en ninguno de sus artículos a uniones o matrimonios entre personas del mismo sexo, sus impulsores creen que este tema debe hablarse sin tabú en la sociedad.

‘Es inaudito que luego de haber logrado la derogación del decreto que penalizaba la sodomía; en entidades públicas, como la policía se castigue a sus miembros por ser homosexuales', sostuvo Ricardo Beteta, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP), organización líder del movimiento.

Esta organización está enfocada actualmente, dice su líder, en lograr la aprobación de esta ley contra la homofobia, que les permitirá defenderse legalmente de lo que ellos consideran una injusticia social y allanar el camino de igualdad, que según sus propias previsiones no será recorrido en la Asamblea Nacional, sino en las salas de Corte Suprema de Justicia.

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NORMA LEGAL

Los países que combaten la homofobia

Un año de prisión y/o $5 mil de multa es el margen de las sanciones que han creído justas los proponentes del proyecto para castigar la discriminación por orientación sexual o identidad de género en Panamá.

La iniciativa ciudadana también contempla entre sus artículos involucrar al Gobierno Nacional en la búsqueda de igualdad y la abolición de la discriminación por medio de campañas masivas y educativas en los colegios, para sensibilizar sobre la inclusión.

De igual forma, vela porque ninguna persona sea privada de acceder a servicios públicos y privados , como inmobiliarios, crediticios, médicos o de seguridad, por razones de orientación o preferencia sexual.

Panamá es el único país de la región centroamericana que no cuenta con una ley que penalice este tipo de discriminación.

La Fundación por la Equidad de Género ha sido uno de los pocos grupos que ha mostrado su respaldo a la iniciativa de los activistas gais, al considerar que tipificar la homofobia como delito es un tema de un país moderno.