"La lucha contra la corrupción es de todos"

No hay que tener miedo a los acusados de alto perfil ni a la denuncia. La corrupción es un abuso que hay que identificar y combatir desde todos los frentes. Así lo recomienda Virginia López Negrete, abogada de la organización española ‘Manos Limpias', que defiende el orden constitucional y los intereses generales de la sociedad. Desde la ‘acción popular', como se conoce en España el recurso legal por el que cualquier grupo o ciudadano puede reclamar la protección de los derechos e intereses colectivos, se han atrevido con la más alta de las jerarquías españolas: la monarquía. Fue ella quien presentó la demanda contra la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, imputada por dos delitos fiscales, por los que se piden ocho años de cárcel. Sobre los casos de alto perfil, investigaciones a funcionarios y representantes públicos que enfrentan acusaciones de corrupción y abuso de poder, como el ya expresidente Otto Pérez, en Guatemala, o el mismo Ricardo Martinelli, en Panamá, señaló que los ciudadanos, los medios de comunicación y el aparato del Estado tienen la obligación de defender a los valientes que se animan a luchar por los intereses de todos.

A LA JUSTICIA LA ‘PINTAN' CIEGA. ¿ES PORQUE MIRA PARA OTRO LADO?

La figura de una justicia equilibrada, igual para todos, que al mantener la balanza no hace distingos de raza, género o clase, ya no existe. La justicia no es igual para todos, pero porque lo sabemos, tenemos que mantener viva la lucha contra la corrupción judicial. Es muy difícil, con nombramientos directos desde el Ejecutivo, como pasa en nuestros países, que la justicia se mantenga independiente. La separación de poderes que alentaba Montesquieu, ha desaparecido. La justicia debe ser independiente del poder ejecutivo.

¿CÓMO SE ENFRENTA LA CORRUPCIÓN CON ESTA DISPARIDAD DE FUERZAS?

La lucha contra la corrupción tiene más de una etapa, pero hay que empezar...no hay que tener miedo a los acusados de alto perfil ni a la denuncia. Se empieza con la investigación independiente, que aporte pruebas sólidas y demostraciones en derecho, sin atentar contra las garantías individuales y respetando el principio de inocencia, pero sin miedo. Los procedimientos judiciales hay que llevarlos al término final y para eso hace falta levantar y sustentar bien los casos. De nada sirven acusaciones y denuncias si se caen los casos.

¿Y CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN QUE SE RECOMIENDA DE LA SOCIEDAD?

La acusación popular que se reconoce en España, y que en Panamá creo puede ser la denuncia ciudadana, es una actuación que da poder a cualquiera que quiera emprender acciones legales en defensa de los intereses públicos. Necesitamos sociedades vigilantes e informadas, conocedoras de sus derechos y de las leyes.

¿DÓNDE ESTÁ LA TRINCHERA ANTICURRUPCIÓN?

Hay muchos jueces independientes y hay que defenderlos. Algunos dejan la piel en la lucha por la justicia aunque (sus casos) no salten a los medios...todas las luchas por la justicia son válidas y aunque la justicia no sea igual para todos hay que hacer el intento. Los casos de alto perfil son una exposición y hay que aprovecharlos. Son un mensaje para los desvalidos, pero no son más ni menos importantes que los de aquellos ciudadanos anónimos cuyos intereses son los de todos.

¿CÓMO HA AFECTADO LA IMPUTACIÓN DE LA INFANTA CRISTINA EN LA ESFERA PENAL ESPAÑOLA?

En España, en el momento en el que la infanta Cristina entra en juego en este procedimiento especial, es verdad que se realiza un ‘cordón sanitario' que intenta protegerla a ella por lo que implica a la Casa Real en absolutamente todos los sentidos. Ese cordón sanitario empieza en los medios de comunicación y afecta al propio proceso judicial y a dos figuras que se vuelven total y absolutamente a favor de ella: la Agencia Tributaria y el Ministerio Público, que hasta ese momento ejercían su labor contra su marido Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres y todo el resto de personas que conforman la trama del caso Nóos. Pero la evolución del caso ha sentado un precedente inédito en la historia del país.

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS RESULTADOS, QUE TODAVÍA HABRÁ QUE ESPERAR PARA VERLOS, ¿QUÉ SE HA LOGRADO?

Hemos logrado que una infanta de España, hija y hermana de rey, se enfrente a los tribunales por delitos que implican pena de ocho años de cárcel, cuatro por cada delito señalado. Esto es un caso totalmente inédito.

¿PODRÍA CONSIDERARSE EL CASO DE CORRUPCIÓN MÁS SONADO?

En España ha habido muchos casos de corrupción. La corrupción, por desgracia está en todas partes y España, en especial, es un país profundamente corrupto. La diferencia con el caso Nóos es que, por su exposición, ha supuesto un antes y un después en la lucha contra la corrupción, a pesar de todos los inconvenientes con los que nos hemos encontrado.

¿HA JUGADO A FAVOR LA INTERVENCIÓN DE LOS MEDIOS?

Ha ocurrido un cúmulo de cosas. Ha sido fundamental la intervención de la acción popular, a la que yo represento. Una figura independiente económica y políticamente, además de la valentía del juez (Juan) Castro (que lleva el caso), unido al hecho de que desde el primer momento la denuncia se ha hecho pública y los medios se han hecho eco del caso. Esa exposición ha permitido que muchas cosas que se tenía previsto hacer ilegalmente no se hayan podido hacer. Yo he denunciado públicamente la intención de crear una nueva ley a último minuto para que la Infanta no se sentara en el banquillo de los acusados y tras la denuncia no han tenido el valor de hacerlo.

AÚN ASÍ, SE HAN IDENTIFICADO VENTAJAS Y PRIVILEGIOS.

La Infanta, para empezar, ha tenido tres defensas, dos directamente del Estado. Además. se le ha rebajado la fianza de 2.3 millones de euros, el tope máximo de cada delito fiscal imputado, por los que además de cárcel hay multa, a pesar de que es irrecurrible, por una argucia jurídica por la que la Audiencia de Provincial considera el atenuante de una posible condena, por su condición de cooperadora necesaria. Por ley, esa figura no siempre se beneficia con una rebaja de pena.

Y A ESTAS ALTURA DEL PROCESO, ¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR?

La infanta Cristina sabía lo que hacía su marido y eso se va a probar. La ‘teoría del amor', con la que se la quiso exculpar y a la que puse nombre, no se sostiene.

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‘Los casos de alto perfil son un escaparate y sirven de mensaje en la lucha contra la corrupción...el caso de la infanta Cristina, en España, ha establecido un antes y un después inédito'

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CASO NÓOS

Infanta Cristina, a juicio por blanqueo

La infanta Cristina de Borbón ha sido acusada de haber defraudado a la hacienda española 182 mil euros en 2007 y otros 155 mil euros en 2008, producto de los negocios de la firma Aizoon (en la que participaba a medias con su esposo, Iñaki Urdangarín), sociedad que, según el Juzgado de Instrucción de Palma, es parte de la red del Instituto Nóos, con el que el exduque de Palma Iñaki Urdangarin estafó a institutos públicos y comunidades autónomas, a las que cargó servicios abustados o ficticios. El año pasado, Cristina fue imputada por supuesto blanqueo de capitales y delito fiscal, aunque en 2013 fue absuelta de presunta apropiación indebida de fondos públicos.

Según la agencia Efe , el juicio por el sumario Nóos se celebrará en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en una fecha que todavía debe ser determinada, pero que podría situarse hacia finales de este año o en los primeros meses de 2016.

La justicia debe determinar todavía si ‘Manos Limpias' tiene legitimidad para llevar a juicio a la Infanta. La hermana del rey Felipe VI solo ha sido acusada por esta organización.

En la causa también figura el empresario Diego Torres, un exsocio de Urdangarín, quien ha sostenido que tanto Cristina como su padre, Juan Carlos, rey y el Palacio de La Zarzuela estaban al tanto de sus negociados en el Instituto Nóos.

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MANOS LIMPIAS

Es un sindicato de trabajadores públicos por la transparencia

Fundación: 10 de mayo de 1995

Dirigentes: Francisco Jiménez y Miguel Bernad Remón

Causas en las que ha sido parte: atentados del 11 de marzo en la estación de trenes Atocha, en Madrid; una veintena de querellas contra el juez Baltasar Garzón, los ERE falsos de Andalucía, y dio aviso de la trama de corrupción Púnica, que desmanteló una red de 51 empresarios y políticos que cobraron comisiones ilegítimas para la concesión de 250 millones de euros en contratos públicos en Madrid, Murcia, León y Valencia.

Integrantes: funcionarios de las administraciones central, autonómicas y locales en España.