25 de Feb de 2020

Nacional

El último pago a Cobranzas

Un grupo de abogados pide al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, que explique las razones.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y el director de Ingresos, Publio Cortés, deben explicar por qué pagaron comisiones por $7 millones a Cobranzas del Istmo, S.A., cuando estaban en conocimiento de que esta empresa no solo había sido contratada de forma irregular, sino que había excedido los límites de su contrato.

Así lo advirtieron ayer abogados consultados por este medio, tras conocer que la Fiscalía que investiga la contratación de la recaudadora podría considerar a los funcionarios como implicados .

Ruth Morcillo, a cargo de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, ya descartó llamar como testigos a De La Guardia y a Cortés, en atención a un recurso presentado por la defensa del único detenido por el caso, Luis Cucalón, con el que advirtió que los últimos desembolsos los hizo el actual ministro de Economía y Finanzas.

El abogado Miguel Antonio Bernal exigió ‘transparencia'. El también catedrático de la Universidad de Panamá dijo que los funcionarios deben explicar por qué se hicieron efectivos los pagos después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había suspendido provisionalmente el contrato con Cobranzas del Istmo.

El Ministerio Público (MP) debe ‘agotar todos los recursos para determinar a dónde fueron a parar estos dineros', apuntó Bernal

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), coincide en que los funcionarios deben ser investigados. ‘Toda vez que la investigación trata de hechos que se dividen en dos periodos gubernamentales, y, para garantizar que la ley sea igual para todos, lo correcto sería investigar a profundidad los hechos en los dos periodos', sostuvo Araúz.

El vicepresidente del CNA, además explicó que, al desistirse de los testimonios de los funcionarios, la fiscal intenta evitar que la investigación sea anulada. ‘(La fiscal) lo hizo para evitar que, si en algún momento (los funcionarios) tuvieran que responder por sus actos, no haya impedimento para rendir una declaración indagatoria sobre los mismos hechos', detalló el especialista. ‘Las declaraciones indagatorias tendrían que ser libres de apremio y juramento previo', precisó .

En este sentido, el Código Judicial, en su artículo 2112, establece que se recibirá inmediatamente indagatoria, sin exigir juramento y sin apremio a quienes resulten vinculados como autores o partícipes del delito.

‘El Ministerio Público (MP) debe agotar todos los recursos para determinar a dónde fueron a parar estos dineros, caiga quien caiga. Esta fue toda una operación delictiva de carácter doloso', concluye Bernal.

LA CORTE JUZGA A LOS MINISTROS

En una entrevista previa con este medio de comunicación, De La Guardia había explicado que el MEF no tenía potestad para suspender un pago refrendado por la Contraloría de la República.

El ministro reconoció que las ultimas comisiones satisfechas a la empresa recaudadora se cancelaron bajo su mandato.

Se realizaron cinco pagos y el monto total sumó los $7 millones.

Los últimos $3.6 millones fueron refrendados bajo la administración del contralor Federico Humbert.

El 28 de octubre de 2015, la fiscal Ruth Morcillo admitió un recurso del abogado de Luis Cucalón, Carlos Carrillo, que advertía que no procedía tomarle declaración como testigos a los dos funcionarios, considerando que, como su cliente acusado, ellos también habían pagado comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.

Según Carrillo, podrían haber incurrido en las mismas faltas que sirvieron de base para imputar cargos a su defendido, a quien se acusa por peculado: ‘malversar o permitir que otro se apropie de dineros cuya administración o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo'.

En el recurso interpuesto por el abogado de la defensa el 24 de agosto de 2015 ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, se solicita que ambos funcionarios sean investigados, lo que, no obstante, dependerá de los elementos que encuentre durante la investigación la fiscal.

Aun así, Carrillo, quien se manifiesta optimista, prevé que la fiscal compulsará copias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se les investigue.

Por disposición del Código Judicial, le corresponde al pleno de la CSJ enjuiciar a ministros, en caso de que la fiscal decidiera compulsar copias del expediente, explicó el abogado Álvarez.

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‘Toda vez que la investigación trata de hechos que se dividen en dos periodos gubernamentales, lo correcto es garantizar que la Ley es igual. Es investigar en igualdad los dos periodo',

JUAN CARLOS ARAÚZ

ABOGADO

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‘La fiscal consideró que no podían declarar bajo juramento porque realizaron las mismas conductas. Y podrían darse nuevas investigaciones. Se prevé que se compulsará copias a la Corte',

CARLOS CARRILLO

ABOGADO DE CUCALÓN

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‘Nosotros tenemos derecho a saber por qué se hicieron esos pagos después de la suspensión provisional que hizo la Corte Suprema de Justicia al contrato de Cobranzas del Istmo, S.A.',

MIGUEL ANTONIO BERNAL

ABOGADO CONSTITUCIONALISTA Y CATEDRÁTICO

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INVESTIGACIÓN

Más tiempo para la Fiscalía

Con la prórroga solicitada por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, es probable que se busque una mejor visión de la investigación sobre el cobro ilegal de comisiones de la empresa Cobranzas del Istmo, considera Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.

El abogado explica que cuando se pide una prórroga es porque se reconoce que no hubo el tiempo para hacerse un concepto claro de los hechos o de la vinculación de los investigados.

En la investigación por el cobro ilegal de impuestos, la fiscalía ha aplicado medidas cautelares a cuatro personas. Luis Cucalón, exdirector de ingresos, es el único que se encuentra en prisión preventiva, desde el 25 de mayo.