ARAP confirma que más de la mitad de la flota palangrera no tiene monitoreo

“No existe un escenario de descontrol pesquero sino un proceso en curso de fortalecimiento progresivo del sistema de monitoreo alineado con la legislación nacional”, así justificó la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) que no se aplique la obligatoriedad del monitoreo satelital para todas las embarcaciones palangreras, tal y como lo cita el Decreto Ejecutivo 126 de 2017.

La reacción de la entidad, dirigida a este diario, surge tras la publicación periodística “Descontrol pesquero: solo 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital” del 23 de marzo, que contó con las explicaciones de la entidad fiscalizadora pesquera.

La ARAP admitió que más de la mitad de la flota palangrera no utiliza el monitoreo satelital o VMS e indicó una variación: es el 34% el que lo usa. Empero, la nota de La Decana especificó que el cálculo del 14% se efectuó con datos a julio de 2025 y entregados por la ARAP ante una solicitud amparada en la Ley de Transparencia, porque no son datos que se publican en la web de ARAP.

A juicio de Eduardo Carrasquilla, administrador de la ARAP, la información no refleja la realidad del sistema de monitoreo de la flota nacional al considerar el número de la flota activa.

Es por ello que La Decana precisó que el dato es a julio 2025, como se indicó, porque a diario pueden cancelarse las licencias.

Este 34%, añade la ARAP, equivale a la cobertura de 1,216 metros cúbicos de capacidad de la flota palangrera el “segmento de mayor esfuerzo y sobre el cual se ejerce el seguimiento, control y vigilancia”.

Este porcentaje aumentará a 66% en un corto plazo, afirma la institución con la reclasificación del Decreto Ejecutivo 13 de 2023, porque 92 embarcaciones pasaran a ser de pequeña escala a mediana escala, “lo que implicará de forma inmediata la obligatoriedad de contar con sistemas de monitoreo satelital”, cita la nota.

Esta afirmación indica que Panamá no está aplicando el Decreto Ejecutivo 126 de 2017 que establece que todas las embarcaciones con licencia de palangre deben tenerlo instalado y en operación.

En este sentido, el Acuerdo de Escazú adoptado por Panamá establece el principio de “no regresión y de progresividad” en asuntos ambientales, por lo que la abogada de la organización Centro de Incidencia Ambiental, Joana Ábrego, alertó que no aplicar la obligatoriedad del monitoreo “es una clara regresión ambiental prohibida por el acuerdo”.

Al criterio de la ARAP, el reportaje “conduce a conclusiones que no reflejan la realidad del sector”, porque “mezcló flotas “bajo distintos marcos normativos” “y buques registrados con activos, en términos simples universos que no son equivalentes”.

Añade que las embarcaciones de gran escala con licencias activas de palangre reportan al 100% el monitoreo satelital y son las que “realizan las faenas de mayor alcance, duración y capacidad de captura” y por eso, según la ARAP, el monitoreo actual “cubre el mayor esfuerzo pesquero.

La noticia reveló también que precisamente, estas “embarcaciones de pequeña escala” llegaron a la cordillera de Coiba, donde está prohibida la pesca, y a pesar de ser detectadas en un operativo no fueron sancionadas porque no tenían el VMS y “no se tenía certeza de su ubicación exacta”, detallan, al menos cinco providencias.

Carrasquilla indicó que hay una “relación incorrecta” en el artículo entre el uso del monitoreo satelital y la evaluación de la Unión Europea a Panamá como país con tarjeta amarilla como no colaborador contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, porque es una evaluación de múltiples componentes, que incluye el sistema de monitoreo.