INVESTIGACIÓN | Una flota pesquera enmascarada y bitácoras sin revisar: otra ‘coexistencia’ normativa de la ARAP

Embarcaciones palangreras con características industrializadas, pero que se registran como de “pequeña escala”; es decir, una flota pesquera enmascarada, junto con la carencia de controles en la revisión de la bitácora de captura, además de la falta de uso del monitoreo satelital o VMS, son parte del menú pesquero que sirvió La Estrella de Panamá en una investigación periodística.

Y es que, además de que menos de un cuarto de la flota palangrera utiliza el monitoreo satelital (VMS, por sus siglas en inglés), contrario a lo que indica el Decreto 126 de 2017 —que lo exige para todo tipo de barcos palangreros—, lo que impide la fiscalización, este medio encontró un patrón con embarcaciones que acuden al Mercado de Mariscos:

Barcos que poseen un winche o dispositivo mecanizado para recoger y soltar la línea de anzuelos del palangre y motores internos, pero que, al buscarlos por su nombre y permiso en el listado de licencias de la web de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), figuran como de pequeña escala.

Entre los ejemplos que pudo observar La Decana está el barco Danika, que no tiene VMS y aparece como de pequeña escala en el registro de la ARAP, a pesar de contar con winche mecanizado.

Lo mismo ocurre con Capimar I, que figura como un barco de pequeña escala, pero cuenta con sistema mecanizado de captura.

Justamente, Capimar I ingresó a la cordillera de Coiba para una posible actividad pesquera en 2024, según se aprecia en una búsqueda efectuada por este medio en el portal Global Fishing Watch. Esta cordillera es una cadena submarina montañosa de 68 mil kilómetros cuadrados en el Pacífico panameño, donde está prohibido todo tipo de pesca.

Por otro lado, la nave Vilmar está registrada como artesanal en la ARAP, pero es un barco mecanizado y cuenta con motor interno.

Estos son apenas algunos de los diversos ejemplos que pudo detectar La Estrella de Panamá, luego de varios días de observación para la investigación Descontrol pesquero: solo 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital, publicada el 23 de marzo y que tomó un trimestre de trabajo, entre solicitudes de información, cruce de datos y trabajo de campo.

Consultada al respecto la ARAP indicó que el marco normativo establecido por el Decreto Ejecutivo 126 de 2017, clasificaba las embarcaciones únicamente en menores, de bajura, de altura y de gran altura, con base en el tonelaje registrado ante la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

No obstante, añade la ARAP, con la entrada en vigor del Decreto 13 de 2023 la categorización cambió sustancialmente: ahora se determinan las escalas (artesanal, mediana o gran escala) con base en parámetros técnicos distintos, como eslora, puntal, potencia del motor, artes de pesca y capacidad de bodega.

Por ello la ARAP admitió el hallazgo de La Decana “esto significa que hoy coexisten dos sistemas de clasificación —el del Decreto 126 y el del Decreto 13—, lo que genera diferencias en cómo aparecen algunas embarcaciones en las bases de datos”, contestó la entidad.

Lo que ocurre es que algunas embarcaciones que bajo el Decreto 126 estaban catalogadas como de “bajura” o de “altura” —y por tanto podían considerarse artesanales en ese esquema— deberán ser reclasificadas bajo los parámetros actuales del Decreto 13 como de mediana o gran escala, añadió la institución ante la consulta periodística.

La Autoridad está “en un proceso de armonización normativa y de recategorización oficial de toda la flota nacional, el cual se llevará a cabo en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval.

Este proceso permitirá actualizar los registros de forma uniforme y eliminar cualquier inconsistencia derivada de la coexistencia de dos marcos regulatorios distintos, concluyó la ARAP.

Tener la información de la clasificación de las embarcaciones de manera ambigua afecta la fiscalización de los recursos acuáticos, además de que desde el punto de vista científico, por la falta de controles, pudiera implicar a largo plazo, que disminuyan las poblaciones de atún y dorado.

“Las consecuencias son muy graves porque al final la clasificación es importante para que las diferentes autoridades que se ven involucradas en la fiscalización de las actividades pesqueras, y de prevenir cualquier impacto negativo que esas actividades puedan tener en el medio natural, deben tener claridad sobre la clasificación adecuada para aplicar las medidas correspondientes”, dijo Joana Ábrego, abogada del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

Ábrego, recordó que hay zonas en el país, incluyendo áreas protegidas, que tienen una zonificación atendiendo a esa clasificación, por lo que estaríamos hablando de que potencialmente embarcaciones que son de una mayor escala a la que permite la regulación están siendo ingresadas a lugares con restricciones pesqueras, por no tener una clasificación correcta conforme a la normativa.

La revisión de la normativa es urgente resaltó la abogada de la organización especializada en el litigio ambiental toda vez que la Ley de Pesca fue aprobada en el 2021 y reglamentada en noviembre del 2023.

“No hay justificación de que al 2026 todavía esas disposiciones establecidas en la ley de 204 no sean acogidas atendiendo a la norma y el espíritu de dicha ley”, acotó.

Pero el cuestionamiento a la fiscalización y supervisión de la ARAP excede a la la flota encubierta y de la falta de uso del monitoreo satelital.

Voces del sector confirmaron que las bitácoras donde se anota el resultado de la faena y que son obligatorias de revisión no se están solicitando ni verificando.

“La fiscalización es un poco débil”, consideró la bióloga Yehudi Rodríguez, que suele embarcarse para actividades de pesca y explicó que la flota artesanal, descarga su pesca en playas o dentro de de ríos donde “no existen inspectores de pesca”. Es precisamente esta flota la que tiene mayor representación a nivel nacional y no usa VMS “obviamente mucha de esa data se escapa y entonces no es registrada”.

Rodríguez es una los diversos testimonios de sector que confirmaron a este diario que no les solicitan tal bitácora, pero pidieron no ser citados por temor a represalias con sus licencias. La ARAP, nuevamente alegó que no se trata de la falta de fiscalización sino, por tercera vez, de un choque normativo.

“En relación a por qué la ARAP no está solicitando de manera uniforme la bitácora a toda la flota, es importante precisar que existe un choque normativo entre el Decreto Ejecutivo 126 de 2017, que estableció la obligatoriedad general, y el Decreto Ejecutivo 13 de 2023, que redefinió la categorización de las flotas y dejó pendiente la emisión de normas secundarias para uniformar formatos y procedimientos”, contestó María Sierra, asistente técnica de la ARAP.

La entidad añadió que se encuentra en la fase final de un nuevo decreto sobre medidas técnicas para la flota nacional, que consolidará y derogará el Decreto 126, estableciendo de manera clara y uniforme la obligatoriedad y los formatos de bitácoras para todas las categorías de flota.

Esta unificación de la normativa implicaría también el uso del VMS, que a pesar de su obligatoriedad para toda la flota desde 2017, la ARAP no la está exigiendo con la flota de pequeña escala.

Esta falta de VMS, no solo afecta a la cordillera de Coiba, donde en un operativo interinstitucional el año pasado detectó 21 embarcaciones pesqueras, sino que es un problema de país, consideraron expertos en el tema.

“La ley obliga a que todas las embarcaciones de pesca utilicen el VMS. Eso es una realidad nacional que obviamente no solo afecta a la Cordillera de Coiba, sino que afecta todo el país y todas las áreas protegidas en general”, consideró Héctor Guzmán, científico promotor de la protección de esta cordillera.

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