Pesca ilegal

La Cordillera de Coiba, joya de la biodiversidad y núcleo del Corredor Marino del Pacífico Este, se desangra ante una alarmante falta de vigilancia. Nuestra investigación revela un escenario crítico: cientos de embarcaciones palangreras operan sin el sistema de monitoreo satelital (VMS) obligatorio, convirtiéndose en barcos fantasma que incursionan en zonas protegidas con total impunidad. Esta ceguera tecnológica no es solo un fallo técnico; es una puerta abierta a la pesca ilegal. Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, procesos por incursiones en áreas de reserva sean archivados porque el infractor no emitía señal. La “confusión normativa” alegada por la ARAP —que superpone decretos y detiene sanciones— está amparando una regresión ambiental que vulnera el Acuerdo de Escazú y los compromisos internacionales de Panamá. Mientras la Unión Europea mantiene la tarjeta amarilla sobre nuestras exportaciones, el país arriesga su acceso a mercados de élite por no garantizar la trazabilidad. El atún y dorado que llega a nuestras mesas o puertos no puede provenir del saqueo de especies amenazadas. El Estado debe imponer la ley, encender los radares y cerrar el paso a quienes lucran a expensas de nuestro patrimonio natural. Sin fiscalización real, la sostenibilidad es solo una palabra vacía.