La Estrella de Panamá
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18 de Oct de 2019

Nacional

Fiscalía admite querella contra GUPC por posibles sobreprecios

Las investigaciones determinarán si el contratista de la ampliación del Canal ‘infló' los costos en la construcción

La Fiscalía Quinta Anticorrupción admitió querella contra el Consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) en perjuicio de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por el presunto delito contra la Administración Pública y cualquier otro que se hubiese cometido en perjuicio del Estado.

La investigación del Ministerio Público se inicia a pocos días de que la ACP anuncie oficialmente la fecha de inauguración de la vía, que el contratista debió entregar en noviembre de 2014, según figuraba en el contrato.

Fuentes de la administración de la ACP corroboraron a La Estrella de Panamá que la apertura formal de la anhelada ampliación no será antes del próximo mes de junio.

El abogado Juan Carlos Araúz, querellante a título personal, considera que el desfase en la culminación del proyecto de ampliación de la vía interoceánica se atribuye directamente a GUPC, tal como lo estipula la auditoría realizada por la firma Ernst & Young, firmada el 17 de diciembre de 2015.

Entre los factores que contribuyeron al retraso, según la auditoría, se mencionan los problemas organizacionales del contratista al iniciar la obra, las ineficiencias, el retraso en el diseño y pruebas de las mezclas para hormigón, así como la suspensión temporal unilateral de la obra en enero de 2016 y las filtraciones detectadas en el quicio 3 del Pacifico.

Como consecuencia, la Fiscal Enereida Barrías, encargada de la instrucción sumarial, ordenó practicar las pruebas solicitadas por el querellante para corroborar lo denunciado. La primera consiste en llamar a declarar al administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, para que determine la dimensión y alcance de los posibles daños al Estado.

Aunque las investigaciones apenas empiezan, GUPC podría dejar de percibir el pago de cualquier reclamo que en el futuro falle a su favor la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés). Esto, en caso de que los tribunales panameños encuentren culpable al consorcio por los delitos que se le imputan.

CONTRATO CON EL ESTADO

La demanda, según Araúz, no guarda relación con los reclamos que tienen que ser ventilados en las instancias que se determinan en el contrato, pero es un procedimiento que permite verificar que esos reclamos no afecten el patrimonio del Estado.

La fiscal aún no ha ordenado diligencia sumarial, ‘pero la admisión representa un importante paso en el sentido de que los contratos comerciales no solamente involucran el contenido de los mismos con el Estado, sino que deben ser revisados por el Ministerio Público para evitar lesiones patrimoniales' indicó Araúz.

Las prácticas de comercio deben respetar la utilidad pública del dinero estatal, considera Araúz. A ninguna entidad le es posible acordar o n egociar gasto que el Estado no tenga necesidad de hacer. ‘Esa es la diferencia en un acuerdo entre dos particulares y otro en el que participe el Estado', esgrime el abogado.

Aún quedan miles de millones de dólares en reclamos que deberá dirimir el DAB, pero si el Ministerio Público encuentra una irregularidad en el contrato, ‘ninguna autoridad podría pagar suma alguna en la cual se hubiera encontrado acción penal. En todo caso, si el contrato tiene un vicio de ilegalidad es nulo', explica Araúz.

Los arbitrajes tomarán muchos meses más para fallar, ‘de confirmarse la existencia de un hecho delictivo el Estado no puede cumplir contratos basados en irregularidades', apuntó Araúz.

Este diario conoció que GUPC contrató a la firma de abogados Mejía y Asociados para que los represente en este litigio. El consorcio prefirió no emitir comentarios acerca de la denuncia que se encuentra en la fase inicial del sumario.

Quijano indicó que desconoce el contenido de la denuncia ‘pero que estará siempre dispuesto a brindar todas las informaciones que se requieran en el curso de las investigaciones'.

Araúz añadió que ‘la denuncia debe servir para que el pueblo conozca en palabras sencillas los acontecimientos que fueron señalados por el administrador del Canal en enero de 2014', expresa el abogado.

DE LA QUERELLA

GUPC, fue contratado en el 2009 para el diseño y construcción de la ampliación de la vía interoceánica por un monto total de $3,118 millones, sin incluir los años de mantenimiento y escala salarial. Sin embargo, en el transcurso de la construcción, el consorcio ha presentado una multiplicidad de reclamos a la ACP que en total suman $3,400 millones.

Para ser resueltos, los mismos recorrerán tres instancias distintas, hasta la recta final, a manos de la Dispute Adjudication Board (DAB) que hasta la fecha ha ordenado a la ACP el pago de $233 millones a favor del consorcio.

Araúz planteó en la denuncia que se exija a GUPC los informes técnicos, contables y periciales sobre los cuales respaldan sus reclamos y que permitan ser contrastados por expertos forenses para determinar si existe falsedad en los mismos.

Entre las consideraciones que resalta de los fallos del DAB en relación a los costos de mano de obra, el abogado hizo notar que las metodologías de cálculo de GUPC podrían ‘inflar artificialmente' los costos. Cabe señalar que el DAB contrata sus propios expertos en estimación de costos para asistirlos en llegar a los montos.

El texto de la denuncia recoge las supuestas pruebas por las que Araúz, y ahora la fiscal, consideran existió un fraude al Estado. Entre ellas extrae unas declaraciones de Quijano en los medios nacionales en las que mencionó que ‘una vez más quedó en evidencia la tendencia del contratista a presentar costos inflados'.

Estas palabras las pronunciaba Quijano en el calor del paro de labores que efectuó GUPC en enero de 2014, cuando la obra se paralizó por más de un mes.

El hecho, según Araúz, permite concluir que Panamá puede ser sorprendida en su buena fe e incurrir en pagos de sumas no justificadas en alguna etapa de la ejecución del contrato.

La querella reclama como públicos los fondos del Canal y su supervisión y uso es responsabilidad de las autoridades nacionales y de los panameños para garantizar la utilidad pública de cada centavo invertido.

Por tanto, indica la querella, la solución alternativa de conflictos, específicamente las arbitrales, no puede ser utilizada para encubrir pagos indebidos o legitimar fórmulas extorsivas o métodos de presión para llegar a acuerdos que rompen la buena fe contractual. En este sentido, estas conductas, se lee en el documento, ‘deben ser ventiladas por el derecho penal económico'.

El dolo del contratista en cuanto a los casos que ha denunciado el administrador de la vía, requiere la intervención de las autoridades panameñas a fin de impedir se cause un grave perjuicio a las finanzas públicas, añade.

En el décimo de los trece puntos expuestos en la demanda, se recuerda que, en más de una ocasión, los tribunales internacionales han rechazado la admisión de demandas cuya materia arbitral se encontraba contaminada e infectada por la conducta ilegal, es decir, por actos corruptos o contrarios a la Ley.

A esto se le conoce como Doctrina de las ‘Manos Limpias', como un principio del derecho internacional.

TIPIFICACIÓN

El delito de fraude está contenido en el capítulo tercero del Código Penal, artículo 220, cuya pena se sanciona con prisión de cinco a diez años si la lesión patrimonial se excede de $100 mil o si la cometen apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus funciones o que sea en detrimento de la Administración Pública.

El delito contra la fe pública está contenido en el artículo 366 del mismo Código y la pena alcanza de 4 a 8 años de prisión.

En la denuncia se plasma una solicitud especial a la Procuradora General de la Nación que consiste en que dicte las medidas de aseguramiento que impidan la disposición de cualquier suma de dinero que pueda causar graves perjuicios al Canal y al patrimonio.

Entre las pruebas aportadas está el informe de auditoría de la firma Ernst & Young , copia del comunicado de la ACP fechado el 1 de enero de 2014, además de otros documentos.

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LITIGIOS

ACP destina millones para su defensa

Los gastos en representación legal, local e internacional, que ha invertido la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) suman $53 millones. La cifra incluye la preparación del pliego de cargos que dio luz verde a la contratación de la empresa que se encargaría de la ampliación.

A pocos meses de inaugurar la obra, y con casi el 100% de los pagos contractuales efectuados, la ACP enfrenta reclamos por parte del Consorcio Unidos por el Canal (GUPC), encargado del diseño y construcción de la vía, por más del costo de la totalidad de la obra licitada en $3,118.

En enero pasado, el administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, señaló que cualquier reclamo que haya que pagar a GUPC se deduce de los adelantos que se han dado al contratista, ya que no existe otra fuente de ingresos y es un mismo bolsillo.

Quijano indicó que para el año fiscal 2016 se estima un aporte al Estado por $1,060 millones. Esta cifra representa $102 millones menos que la proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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AMPLIACIÓN DEL CANAL

En el 2009 la ACP otorgó a Grupo Unidos por el Canal la construcción

  • La ampliación de la vía tiene un avance del 96% en concepto de pagos efectuados al contratista.
  • En septiembre 2015, la ACP reconoció que las filtraciones detectadas en el quicio de la esclusa del pacífico eran producto de un error de diseño.