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22 de Oct de 2019

Nacional

Abogados y familiares de exfuncionarios cuestionan a fiscales

En una conferencia de prensa recriminaron las actuaciones de la procuradora y los fiscales de los casos

Los familiares y abogados de exfuncionarios de alto perfil del gobierno de Ricardo Martinelli volvieron a denunciar este martes violaciones a los derechos humanos, malas actuaciones de personeros del Ministerio Público y el Órgano Judicial, lo que alegan le coarta el derecho a los detenidos.

Se trata de los casos del exministro de Seguridad, José Raúl Mulino; su viceministro Alejandro Garuz, quien también fue director del Consejo de Seguridad y Gustavo Pérez, exdirector de la Policía Nacional y luego jefe del Consejo de Seguridad.

Aunque no ocupó ningún cargo público, también sumaron a la lista a Porfirio ‘Bolita' Ellis, miembro de Cambio Democrático (CD).

En una conferencia de prensa, los quejosos coinciden en que los fiscales actúan con malas intenciones como siguiendo instrucciones del Ejecutivo.

‘Ahora se trata de perseguir a los que eran del gobierno anterior... muchos casos se van a caer, porque se han hecho en abierta violación de la ley', declaró el abogado Cristóbal Arboleda. Su colega, Rogelio Cruz afirmó que el sistema de justicia en materia penal ‘ha colapsado de la cabeza hasta los pies'.

CASO MULINO

El exministro Mulino está detenido preventivamente en la Policía Nacional desde el 26 de octubre de 2015.

La fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, lo investiga por supuestas irregularidades en el contrato firmado en 2010 con Selex, para el suministro de 19 radares, por $125 millones.

Ayer, José Raúl Mulino, hijo del exministro y quien funge como su abogado, mostró un informe del médico Ricardo Burgos, de ortopedia-traumatología, que recomienda movilidad regular y ejercicios de rehabilitación dos veces al día, por su desmejoramiento físico.

El abogado está enojado debido a que el juez falló eliminado el impedimento de salida del país y nulidades de las actuaciones de Moore. La fiscal apeló ambos fallos hace una semana.

Mulino señaló que están trasladando el expediente al Segundo Tribunal Superior, para que decidan si ratifica la libertad o revoca el fallo.

‘Nos encontramos ante una fiscal que apela por apelar, sin fundamentos. Y esto qué significa, que mi padre va a estar preso, uno o dos meses más', lamentó Mulino.

‘¿Por qué los fiscales no velan por la salud de las personas y no ven las familias afectadas por las detenciones injustas?', se pregunta.

La familia Mulino denunció que unos días antes del fallo se trasladó al exministro a una celda con menos posibilidad de movilidad.

Maricel Cohen de Mulino, esposa del exministro, calificó la medida como ‘una manera de aislarlo y torturarlo física y mentalmente'. ‘Es como si fuera una celda de castigo y eso no debería de existir', reprochó.

CASO PÉREZ

Gustavo Pérez, primer director de la Policía en el gobierno de Martinelli y que luego fue trasladado al Consejo de Seguridad en 2012 por una disputa con Mulino, está en detención preventiva desde el 12 de enero de 2015 por el caso de los pinchazos telefónicos. Primero estuvo en La Gran Joya y luego fue trasladado a El Renacer en abril del año pasado.

Sobre el exfuncionario hay un segundo expediente sobre la compra y desaparición del equipo de espionaje, querella interpuesta por Rolando López, actual director del Consejo de Seguridad.

Un tercer caso ya fue fallado. A principios de diciembre de 2015, el juez Décimo Segundo Penal, Óscar Carrasquilla, condenó a Pérez a 64 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

Esta es la primera condena para Pérez, que irá a audiencia ordinaria en abril próximo por los pinchazos.

Su abogado, Gustavo Pereira, contó que en el caso de las escuchas ilegales piden reemplazar la medida cautelar por la detención domiciliaria. Además, la defensa apeló la condena por el caso de armas.

Gerta De la Ossa de Pérez, madre del exfuncionario, pidió justicia, pues él tiene afectaciones cardíacas, al ser hipertenso y también reporta un cuadro de depresión.

CASO GARUZ

Garuz, detenido desde el 12 de enero de 2015, es investigado por el caso de los ‘pinchazos telefónicos'.

La Fiscalía Auxiliar, a cargo de Marcelino Aguilar, le impuso la medida cautelar y emprendió las indagatorias.

El exfuncionario está hospitalizado en el Centro Médico Paitilla y su familia pide cambio de medida cautelar de casa por cárcel, para que se recupere debido a que tiene pendiente una cirugía de cáncer y por ser diabético es propenso a infecciones con bacterias nosocomiales.

En el otro caso que se le sigue por la compra de los radares, el Juzgado Quinto Penal le había concedido la medida de casa por cárcel, pero la fiscal Moore apeló.

Según el abogado Cristóbal Arboleda, la fiscal se opone sin fundamentos y ahora se debe esperar la decisión del Segundo Tribunal Superior.

‘Estamos a la espera que el tribunal se pronuncie sobre la infundada e inexplicable apelación hecha por la fiscal Moore', argumentó.

En representación de la familia Garuz, su cuñada, Mey de Garuz, resaltó que fue torturado en su momento cuando pasó por la celda de la DIJ y la fiscal actúa ‘sin tomar en cuenta la vida de la persona'.

El exfuncionario también está mencionado en la querella por la desaparición del equipo de espionaje.

CASO ELLIS

Ellis fue detenido desde el 2 de julio de 2015 por las irregularidades al recibir un cheque por $300 mil de la empresa Hidalgo & Hidalgo del fallido proyecto del sistema de riego de Tonosí y se le acusa de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.

Según Rogelio Cruz, se le proceso aunque el término y la prórroga de la investigación había vencido.

Se solicitó una fianza de excarcelación en septiembre de 2015, pero Moore apeló.

LA CONTRAPARTE

Rolando Rodríguez, secretario general del Ministerio Público, respondió que las actuaciones de los fiscales son revisadas por los jueces respectivos.

‘En caso que una parte se considere agraviada, como debo entender, dichas actuaciones deben ser objetadas a través del conocido incidente de controversia y no a través de los medios de comunicación', agregó.

Rodríguez insistió que por eso no responden a este tipo de comentarios u opiniones.

‘Que se usen los remedios legales ante los tribunales y es en ese ámbito en el cual cada fiscal expondrá las razones de hecho y derecho de sus actuaciones', concluyó.

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‘La procuradora general (Kenia Porcell) creo que entiende muy mal el principio de independencia judicial... debería decirle a sus fiscales que están abusando de la detención preventiva',

ROGELIO CRUZ

ABOGADO QUERELLANTE