De La Guardia insiste en que no hay deuda por ‘décimos' atrasados

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, negó enfáticamente que el Estado adeude a los extrabajadores del sector público y privado las partidas del décimo tercer mes que están reclamando.

Las declaraciones del ministro se dieron tras la polémica surgida por la aprobación en la Asamblea Nacional del proyecto de ley 92, que ordena el pago de la segunda partida del décimo tercer mes a los trabajadores a los que se les dejó de pagar este dinero entre los años 1972 y 1983.

El ministro De La Guardia hace referencia al artículo 2 de la Ley 17 del 22 de agosto de 1983, el cual establece que el dinero acumulado en concepto de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente a los años de 1972 a 1983, se destinará a fortalecer los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS)

DÉCIMOS ATRASADOS

De 1972 al 1982 se le retuvo el segundo pago a los trabajadores.

Unos 180 mil jubilados reclaman el pago del dinero con el 3% de interés.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 92, que ordena el pago del dinero retenido.

El titular de Finanzas agregó que este dinero que reclaman los extrabajadores no se debe pagar, porque hay una Ley que así lo establece.

Según el ministro, esta posición del MEF fue comunicada a la Asamblea Nacional por escrito, desde antes que se aprobara el proyecto de ley 92 que ordena el pago de estas partidas.

El jefe de la cartera de Economía añade a su explicación el artículo 163, numeral 8 de la Constitución Política de la República, que prohíbe a la Asamblea Nacional aprobar este tipo de pagos que no están contemplados en el Presupuesto General del Estado.

A juicio del ministro, este proyecto de ley fue aprobado por presiones políticas.

CONTRAPARTE

Héctor Ávila, dirigente de la Coordinadora Fecha, que reclama el pago, manifestó a La Estrella de Panamá que los más de 180 mil jubilados a los que se les retuvo la segunda partida de décimo tercer mes son acreedores, ya que cuentan con los talonarios de pago de la época que indican que se pagaría el 3% de interés a esta suma.

Añadió que la deuda no entra en la categoría de indemnización, ya que en su momento el general Omar Torrijos autorizó el pago de las partidas, pero ‘lamentablemente murió antes de que se cumpliera ese mandato'.

‘Ese dinero era para construir viviendas, pero se utilizó en el programa de IVM', sostuvo Ávila.

Agregó que agotarán todas las vías de negociación, y, de no llegar a una solución, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, descartó que se vayan a tomar medidas de presión que afecten a terceros. Los jubilados indican que el dinero que les corresponde fue usado como un préstamo al Estado y que, en total, son $130 millones.