Gobierno posterga reformas a la Ley de Contrataciones

El proyecto de ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas, se mantiene en el limbo luego que el Ejecutivo vetara de manera parcial la iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional.

‘La aprobación de los cambios a la Ley 22 de Contrataciones Públicas son fundamentales y deben ser definidos por el Gobierno,

ANETH PLANELLS,

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE (MOVIN).

El proceso de aprobación en los tres debates correspondientes que exige la Constitución Política de la República fue muy complicado. Hubo extensas y polémicas discusiones. Además de las habituales críticas en los medios de comunicación social, surgieron cuestionamientos de parte de la sociedad civil organizada y algunos partidos políticos.

Diversos grupos requerían que se estableciera en el proyecto una prohibición expresa para que a las empresas internacionales que habían sido señaladas por actos de corrupción en otros países no se les permitiera participar en actos públicos en Panamá.

‘Cuando se hayan adjudicado todas las obras, entonces se harán los cambios',

ERNESTO CEDEÑO,

ABOGADO.

La propuesta, que llegó hasta el pleno de la Asamblea Nacional, al final no fue incluida en el texto, porque no logró el consenso de la mayoría de los diputados.

El proyecto 305 que incluye una serie de cambios a la Ley 22 de 2006, mediante la cual se establecen los procesos para las Contrataciones Públicas, fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional el 29 de abril de este año.

El 10 de mayo de este mismo año, el presidente Juan Carlos Varela vetó la iniciativa con una serie de cuestionamientos. Fue devuelta a la Asamblea y los diputados no han decido si acogen el veto o lo rechazan, pero lo cierto es que la Ley 22 es la misma que estuvo vigente durante todo el periodo del presidente Ricardo Martinelli, a quien se ha señalado por utilizarla en su provecho.

La Administración de Juan Carlos Varela, aunque ha sido muy crítica con el ‘clientelismo político' y las denuncias de corrupción contra los funcionarios públicos, ha elegido mantener el modelo de contrataciones publicas sin modificar las reglas que en el pasado permitieron los abusos en diversas instituciones que ahora se investigan.

VETO PRESIDENCIAL

Una vez en el Órgano Ejecutivo, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, decidió vetar de manera parcial la iniciativa. La objeción se concentró en los artículos: 1,24,33,35, 36,50,66 y 77.

Fueron diversas las causas que llevaron al jefe del Ejecutivo a tomar esa decisión, entre otras, que se le permitiera a la Caja de Seguro Social (CSS) estar fuera de las nuevas regulaciones.

Además, cuestionó los términos para la publicación de las convocatorias de los actos públicos, así como el permiso de que las instituciones de salud pudieran contratar directamente hasta $500 mil.

RECHAZO A LA INICIATIVA

Sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación porque se haya dilatado la aprobación de una reforma tan importante como esta.

INICIATIVA LEGISLATIVA

El proyecto de ley 305 debe ser debatido por la Asamblea Nacional

27 DE JUNIO

del 2006 se aprobó la Ley 22 Contrataciones Públicas

29 DE ABRIL

Del 2016 el proyecto de ley 305 que reforma la Ley 22 fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional

17 DE JUNIO

El presidente Juan Carlos Varela vetó ocho artículos del proyecto de ley. Los artículos vetados por el Ejecutivo son: 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77

Annette Planells, vocera del Movimiento Independiente (Movin), dijo que a pesar de que se introdujeron en la Ley algunos de los cambios recomendados, debe ser prioridad de todos que se sancione el Proyecto de ley 305. ‘Lamentamos que se haya perdido todo el periodo pasado -legislativo- y no se haya discutido algo tan sencillo como el veto presidencial', indicó a este diario.

Se trata de un instrumento legal muy importante para el funcionamiento del Estado.

A través de la Ley de Contrataciones Públicas, se norman los procesos para la adquisición de bienes y servicios que contrata el país.

Movin hace un llamado al Gobierno para que no se sigan utilizando prácticas clientelistas que le hacen daño a la institucionalidad.

La dirigente civil agregó que hay instituciones organizadas que pueden ayudar al país a salir de la pobreza sin la necesidad de utilizar esa meta con intereses políticos, en alusión a las prácticas paternalistas de los grupos partidistas.

El abogado Ernesto Cedeño alega, por su parte, que el Gobierno no le impuso la velocidad apropiada al Proyecto de ley 305, lo que le ha permitido utilizar a su criterio las licitaciones abreviadas para la adquisición de bienes y servicios.

A juicio del jurista, ‘en el algún momento, cuando ya se hayan adjudicado todos los proyectos con la normativa vigente, la administración Varela hará los cambios'.

‘Vieron que es mejor hacer lo que hacia la administración de Cambio Democrático', apuntó el abogado Cedeño.

La Fiscalía General de Cuentas (FGC) informó que investiga 21 ‘casos de alto perfil' relacionados con supuestas lesiones patrimoniales contra el Estado panameño.

Según la FCG, el monto investigado en esos casos es de $ 201.5 millones.

La FGC solicitó el llamamiento a juicio en ocho de los casos investigados.

Entre las denuncias investigadas por la FGC figuran la compra de alimentos deshidratados, compra de bolsas de comida en el antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), alquiler de servicios de helicópteros, adquisición de mochilas escolares, compra de llantas por el PAN y otros.