Pedimos una comisión contra la impunidad

Ante los escándalos de corrupción que se han denunciado en los últimos años y la poca confianza que se tiene en el sistema de justicia panameño, las organizaciones sociales en Panamá solicitamos el auxilio de las Naciones Unidas para que experiencias que han dado resultados positivos en países vecinos, nos puedan ayudar en los compromisos contra la impunidad.

La creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad nos deberá volver la confianza en el compromiso para que los responsables de haber perpetrado actos que lesionan los fondos públicos, no queden impunes y paguen por los delitos cometidos, pero sobre todo, podamos recuperar los dineros que se han sustraído del erario que debió ser utilizado para mejorar las condiciones de vida de los panameños más desposeídos.

La corrupción es la forma de arrebatarles mejor forma de salud, educación, vivienda, trasporte, seguridad a todos los ciudadanos. Es un delito que por sus consecuencias debe ser calificado como gravísimo ya que atenta contra el bien común.

El apoyo internacional para combatir la corrupción y evitar la impunidad no es algo nuevo en nuestra región. Ya en 2002 grupos de Derechos Humanos en Guatemala solicitaron a la ONU, aunque al inicio la solicitud fue criticada ya que violentaba el ordenamiento interno, la soberanía una vez superado estas críticas en 2007 se consolida una experiencia que ha servido para abordar los problemas del sector de justicia y seguridad, brindando asistencia técnica a las autoridades locales, considerándose como un instrumento de ayuda internacional para Estados frágiles desafiados por el crimen organizado internacional.

El aporte internacional ha de ayudar como un catalizador que colabore con el sector de justicia y que pueda impactar positivamente en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado en nuestro país.

No se trata de que esta Comisión asuma el rol que por mandato constitucional está asignado al Ministerio Publico, de perseguir el delito y promover la acción penal del Estado, o la responsabilidad de los tribunales de sancionar con el peso de la ley los abusos debidamente comprobados, sino de aportar la ayuda técnica y la experiencia profesional para la investigación de casos complejos, como son los delitos de corrupción que por sus dimensiones resultan muy complicados y requieren de un equipo especializado para poder comprobarlos y poder encausarlos para que los tribunales puedan ejercer la tarea de sancionar a los responsables.

Una Comisión Internacional, integrada por expertos, alejados de los intereses que están involucrados en los delitos que se investigan, podrá dar la garantía de independencia e imparcialidad que la ciudadanía demanda.

ABOGADO