Tercer periodo, entre denuncias y reproches

El tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional se inicia en medio de denuncias que exigen conocer el manejo de los fondos públicos asignados a los miembros de este órgano, para donaciones y asistenciales sociales, y de reproches de la sociedad civil que alega que los llamados ‘padres de la patria' han actuado fuera de sus deberes constitucionales.

El abogado Ernesto Cedeño interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda para que se declare inconstitucional el Decreto 441.2016.DMySC, publicado en Gaceta Oficial el martes 1 de noviembre, que permite a los diputados disponer de manera discrecional de los dineros del erario público, a través de figuras como ‘donativos y subsidios' de hasta $20 mil.

El decreto estipula cantidades concretas para cada diputado, a razón de donativos y subsidios a terceros: personales ($2,500), por estudios ($5,000), apoyo deportivo para atletas ($5,000), gastos médicos ($10,000), organizaciones sin fines de lucro ($10,000), apoyo a juntas comunales ($15,000) y apoyo deportivo para organizaciones ($20,000).

‘MUY RARA VEZ CUMPLEN CON AUTONOMÍA SU MISIÓN DE CREAR LEYES INDEPENDIENTES',

ERNESTO CEDEÑO

ABOGADO

La norma creada por la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert, produjo una oleada de críticas de todos diversos sectores, por el histórico uso de fondos para promover el ‘clientelismo político'.

Cedeño señaló que la Corte tiene la oportunidad de resolver este tema. ‘En enero puede venir un fallo. El fiel de la balanza lo tiene el Órgano Judicial para tratar de adecentar la política que hay en la Asamblea Nacional, me refiro al proselitismo', agregó Cedeño.

El jurista recordó que se entra en las proximidades de un nuevo proceso electoral y los diputados buscarán catapultarse a través de la distribución de bienes y servicios ‘para ganarse el cariño de los ciudadanos', añadió.

Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), por su parte, señaló que los diputados no están habilitados para manejar partidas circuitales, donativos ni subsidios, una opinión que, asegura, comparte con la procuradora de la Nación, Kenia Porcell. ‘Las funciones de los diputados definidas en la Constitución son: legislar, fiscalizar y juzgar', no manejar fondos, añadió la miembro de Movin.

En cuanto al desempeño de sus funciones constitucionales, los diputados no están cumpliendo con su deber constitucional con independencia. ‘Esperemos que despierte', añade Cedeño.

A su juicio, han cumplido tenuemente con el deber de juzgar a los magistrados tras los procesos abiertos a Alejandro Moncada Luna, y a Víctor Benavides. A pesar de ello, no han evacuado otras denuncias.

En cuanto a la creación de leyes, Cedeño dijo que rara vez ejecutan con autonomía su misión de crear leyes independientes, ‘más bien están siguiendo el interés de poder Ejecutivo'.