Uber: ‘el Decreto 331 discrimina a usuarios y a conductores'

La empresa tecnológica Uber no está satisfecha con la regulación que anunció el Gobierno sobre su plataforma. Andrés Echandi, gerente de Uber Centroamérica, conversó con La Estrella de Panamá sobre el Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017, que regula el servicio de transporte ofrecido a través de este tipo de plataformas.

Echandi considera que la norma discrimina al usuario al eliminar el pago en efectivo y al conductor afiliado porque limita el tipo de licencia.

El representante de la compañía dijo que de los 225,000 usuarios, el 52% paga en efectivo y al eliminarse esa opción se verían afectados. Añadió que solo el 20% de los 8,000 conductores afiliados cuenta con el tipo de licencia que pide el decreto. Es decir, que el 80% de los conductores debería salir del sistema.

Para Echandi, al eliminar el cobro en efectivo, solo el 10% de la población podrá utilizar este servicio, porque es la cantidad que utiliza tarjeta de crédito. El resto de la población (90%) no tiene tarjeta de crédito, indicó.

‘Somos creyentes de que no se necesitan regulaciones restrictivas para dar un buen servicio',

ANDRÉS ECHANDI

GERENTE UBER

A esto se suma, dijo, que familias enteras se verán afectadas, en vista de que habrá conductores que tendrán que desafiliarse y muchos jubilados y profesionales dejarán de percibir los ingresos extra que reciben actualmente.

Otro aspecto que cuestiona Echandi es la limitación geográfica para la operación de la plataforma.

En el decreto, firmado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro encargado de Gobierno, Carlos Rubio, se estableció que este servicio, considerado por el Ejecutivo como ‘de lujo', solo se prestará en las provincias de Panamá, Pan amá Oeste, Colón y Coclé.

Aunque reconoció que en estos momentos no tienen operaciones en la provincia de Chiriquí, Echandi señala que la norma limita la expansión futura de la plataforma.

Según explicó, sostuvieron reuniones con el Gobierno y todos estos aspectos fueron analizados, por lo que resultó una sorpresa, reconoció, que no se incluyeran en la norma. Pretenden volver a reunirse con las autoridades y esperan que el Gobierno pueda reformar la norma y hacerla menos restrictiva.

A juicio del ejecutivo, las regulaciones que han emitido otros países son más flexibles y le sorprende que Panamá, un país abierto a las nuevas tecnologías, considere esas restricciones. ‘El decreto es restrictivo y discriminatorio, y eso no es lo que se merece Panamá', insistió.

‘Tenemos tiempo para hablar con el Gobierno y creemos que hay alternativas para lograr que el servicio se pueda ofrecer de la mejor manera y la norma tiene que ser flexible', destacó.

El decreto establece un plazo de seis meses para que las distintas empresas tecnológicas adecuen su sistema exclusivamente al pago electrónico.

‘Somos fieles creyentes de que no se necesitan regulaciones restrictivas para dar un buen servicio y lo hemos comprobado durante estos tres años que operamos en Panamá', agregó Echandi.