Auditoría revela irregularidades en el consulado de Panamá en Génova

Las irregularidades en los consulados de Panamá en el exterior no terminan. Esta vez se trata del consulado de Génova, Italia, donde la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) detectó una serie de anomalías e incluso que fue condenado a pagar 288,991 euros, unos $350,000, por una demanda laboral de una exempleada de la sede diplomática. Además, mantiene otras dos demandas laborales.

Un informe preliminar de la AMP sobre una auditoría al que tuvo acceso La Estrella de Panamá da cuenta de las irregularidades en las que incurrió el consulado de Génova, bajo la dirección de Aida Garay de González, quien estuvo por años como cónsul. Los dos primeros años fueron como vicecónsul, hasta hace dos años que la reemplazó Noemí Montenegro.

‘Se presentaron los estados de cuentas bancarias de dos cuentas adicionales, a nombre del consulado, una en dólares y otra en euros, del periodo comprendido entre el 2007 a 2015 desde donde se hacían transferencias a otra cuenta a nombre de la señora Garay de González. Estas cuentas no estaban reportadas en Panamá', señala el informe que lleva la firma de Montenegro, el director de Auditoría Interna de la AMP, Eduardo Muñoz, y la auditora del Departamento Financiero Consular de la AMP, Ilka Henry.

Otra irregularidad que se menciona en el informe son copias de comprobantes de pago de seguridad social, en los que se hace constar que Garay de González cobraba al Estado panameño la seguridad social y no lo reportaba a las autoridades de Italia.

En el informe de la AMP también se habla del nombramiento de las dos hijas de Garay de González, Aida González de Papini y Marisol González de Falzone, quienes fueron destituidas y mantienen demandas laborales contra el consulado.

El informe deja en evidencia algunas irregularidades sobre la demanda y de sus funciones dentro del consulado.

El resultado de las investigaciones está en Panamá

La auditoría que se realizó fue enviada a la AMP desde hace unos seis meses.

‘Se registró en la seguridad social a González de Papini, el día 30 de julio de 2015, cuando tenía un contrato de trabajo con el consulado desde 1999 para luego presentar estratégicamente demanda en contra del consulado', señala el informe.

De hecho, ambas hermanas mantienen demandas contra el consulado y en el informe se recomienda llegar a acuerdo con ellas. González de Papini reclama el pago de $35,000 y su hermana, la suma de $20,000; de lo contrario, presentarán otra demanda por incumplimiento en el pago de la seguridad desde 1999 hasta 2015, tiempo que el consulado estaba bajo la responsabilidad de su madre, Aida Garay de González.

Las demandas de las hermanas González fueron interpuestas por separado y ‘para los jueces, a pesar de saber que se trata de la excónsul y que era la madre de la parte acusadora, no significa nada, ya que para ellos el consulado es una empresa más', señala el informe.

El documento cita la declaración jurada de Berta Martini, una exempleada del consulado que declaró que González de Papini ‘no vino nunca a trabajar antes del 2009, y que después del 2009 lo hacía esporádicamente y cuando habían auditorías o se recibían visitas de las autoridades panameñas'.

Martini se jubiló en junio de 2015 y después de varios reclamos para el pago de algunas prestaciones laborales al consulado terminó por presentar una demanda laboral y que el Tribunal Civil de Génova condenó al consulado de Panamá al pago de los $350,000 por diferencial salarial y por los daños a la pensión de jubilación.

Una fuente de la AMP dijo a La Estrella de Panamá que el consulado de Génova tiene hasta el próximo 20 de febrero para cancelar la deuda; de lo contrario, puede entrar en un secuestro.

La auditoría fue enviada a la AMP hace unos seis meses, sin embargo, hasta la fecha no han hecho nada por las irregularidades detectadas.

‘Queremos dejar constancia de que por la gran cantidad de documentos se tomó un muestreo de recibos oficiales vs. recibos de pagos por servicios con sobrecobros de la gestión de Garay de González...', señala el informe. Los documentos corresponden al periodo de diciembre de 2009 a octubre de 2015.

El informe también revela que se utilizaron fondos del consulado para la cancelación de facturas extemporáneas de servicios prestados por abogados en los años 2013 y 2014, a través de la banca en línea, sin ninguna autorización de la cónsul Montenegro.