El desacuerdo laboral que paralizó el Canal

Las operaciones del Canal de Panamá se han detenido tres veces desde que fue inaugurado en 1914, tanto por eventos históricos como por condiciones meteorológicas. Inesperadamente, el 12 de abril de 2018, según la administración canalera, se interrumpió nuevamente el tránsito de buques. La razón: los capitanes de los remolcadores reclamaron condiciones laborales seguras para asistir el paso de buques por el canal ampliado. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se niega a negociarlas bajo amenaza de nuevas suspensiones temporales.

LEY GENERAL

La Constitución prohíbe interrumpir el tránsito

Las operaciones canaleras fueron detenidas durante cinco minutos cuando el presidente estadounidense John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. El 20 de diciembre de 1989, durante la invasión de Estados Unidos a Panamá, también ocurrió el cierre momentáneo de la vía acuática. En 2010, un fuerte temporal causó un cese de 17 horas.

La razón por la que la ruta acuática ha operado prácticamente de manera ininterrumpida se encuentra en la legislación nacional. El título XIV de la Constitución Política establece que el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la nación. ‘Permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves y su uso estará sujeto a los requisitos y condiciones que establezca esta Constitución, la Ley y su Administración'.

El evento ha desatado un conflicto interno entre la administración y la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC). Rubén Berbey, miembro de la UCOC, negó que los capitanes fuesen los responsables de la interrupción del tránsito por la ruta acuática la madrugada del 12 de abril. ‘Ningún capitán tiene poder para parar las operaciones del Canal. No paramos el Canal de Panamá, eso es facultad de la administración', explicó.

Según Berbey, la paralización fue consecuencia de un procedimiento irregular que modificó el estándar operativo de cruce de buques por las nuevas esclusas. En su versión de los hechos, explicó que una orden del gerente de remolcadores, Max Newman, eliminó uno de los tres marineros de cubierta que operan en uno de los cuatro remolcadores que asisten el paso de los neopanamax por el canal ampliado, sin que existiera una efectiva comunicación sobre el tema.

Los otros tres remolcadores -Bravo (B), Charlie (C) y Delta (D)- operan con dos marinos. El Alpha (A), sin embargo, opera con dos marinos y uno adicional. Se considera que este último es el más expuesto, porque se ubica en la proa del barco que atraviesa las nuevas esclusas. ‘Esta tripulación se considera ampliada o reforzada por razones de seguridad. Este remolque requiere de una pericia y de una agilidad para maniobrar en la proa del barco que expone al personal a un riesgo mucho más allá de lo normal', añadió Berbey. Se trata de un conflicto de seguridad y no económico, apunta.

La ACP argumentó que al inicio de las operaciones del canal ampliado se incorporó un tercer marinero de forma temporal a los remolcadores que asisten el esclusaje de buques neopanamax ante la necesidad de verificar el adecuado funcionamiento de los cabrestantes. Pero que una vez garantizado el adecuado funcionamiento de estos equipos, la administración decidió normalizar el número requerido de personal en los remolcadores.

La madrugada del 12 de abril, una unidad de turno solicitó el personal extra para la operación de remolcado de un neopanamax por la vía ampliada. La ACP no envió el marino adicional, pese a que existía el personal para asistir esa necesidad, dijo una fuente a este medio. El capitán decidió no operar hasta tanto no se enviara un marino adicional, alegando un tema de seguridad.

La unidad encargada del paso del buque contactó a los miembros del sindicato de capitanes para resolver la situación y evitar riesgos en las operaciones del tránsito. Estos, a su vez, intentaron contactar a los gerentes. Pero, según el capitán, no respondieron sino hasta las 16:15 p.m., afirmando que se mantenía la medida y que no se iba a poner otro marino adicional.

Entre cuatro y cinco barcos, proyectados a pagar entre $300 mil y $400 mil, se vieron forzados a esperar hasta que se solucionara la situación para entonces atravesar las nuevas esclusas, dijo una fuente a este medio. ‘Para la Autoridad era más barato poner un marino que suspender el tránsito', alegó Berbey.

Los capitanes están exigiendo a la administración que se cumpla con el manual de operaciones de los remolcadores, que establece la figura de la tripulación reforzada. El gremio pide un marino adicional, un capitán y un aceitero en el Alpha; es decir, que el remolcador operaría con siete personas, en lugar de cuatro.

La ACP rechaza estas consideraciones y asegura que cumple con el Certificado de Inspección de Seguridad Marítima, que establece un capitán, un maquinista y dos marinos para los remolcadores. ‘El reglamento es claro y la operación de los remolcadores se debe llevar con una tripulación de dos marineros. Si algún colaborador tiene alguna queja o inquietud, la puede canalizar por los canales correspondientes, pero nunca deteniendo la operación del Canal', señaló la entidad.

La Unión de Ingenieros de Marinos (UIM) ha cerrado filas con los capitanes. En un comunicado, expresó que ‘los capitanes, con su dotación en cubierta de tres marineros, son los que asistieron los más de tres mil tránsitos por las nuevas esclusas de forma segura y eficiente'.

Según los marinos, ‘no se ha recibido ninguna base de datos científica en donde se compruebe que la operación en las esclusas nuevas es segura con dos marineros'.

Además, los capitanes exigen a la Autoridad que se establezcan sus condiciones laborables. Este punto fue expuesto previamente en la Junta de Relaciones Laborales del Canal de Panamá, que el 12 de octubre de 2017 favoreció a los capitanes. La ACP, sin embargo, apeló la decisión de la instancia en su contra, por considerarla ilegal. El conflicto ahora debe ser resuelto en la máxima magistratura del país, que debe decidir si confirma o no la decisión de la Junta de Relaciones Laborales del Canal.

¿UN NEGOCIO DETRÁS?

Esta es la primera vez que las operaciones canaleras se suspenden por una situación laboral. La ACP señaló que se afectó la economía del país y la reputación de la vía interoceánica y que, en consecuencia, se aplicarán las máximas sanciones posibles. Este medio conoció que a diez personas se les ha abierto un proceso disciplinario en el que incluso podría aplicarse la destitución. ‘Los capitanes se negaron a cumplir su deber y sus funciones al exigir la permanencia de un tercer marinero que no sólo es innecesario, sino que responde a una necesidad operativa que ya no existe', explicó la ACP.

Un informante de este medio aseguró que la ACP ha intentado crear una crisis de esta situación, pero que en realidad está buscando una excusa para privatizar el servicio de remolcadores, una actividad que podría estar generando hasta $300 millones anuales. La ACP lo niega.