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23 de Oct de 2019

Nacional

Fiscalía pide juicio para exdirectivos de la Caja de Ahorros

Este lunes se inició la audiencia preliminar por el caso de un préstamo otorgado por la entidad bancaria al consorcio que se ganó la construcción del Centro de Convenciones de Amador. La diligencia continúa hoy

Riccardo Francolini fue presidente de la entidad bancaria en el periodo pasado.

La fiscal Anticorrupción Especial Tania Sterling pidió llamar a juicio a exdirectivos de la Caja de Ahorros por la aprobación de una línea de crédito de $30 millones al consorcio HP Contratas – P&V, que se ganó el contrato para la construcción del Centro de Convenciones de Amador en la pasada administración.

Entre los exdirectivos que la fiscal Sterling pide llamar a juicio se encuentran el expresidente de la entidad bancaria, Riccardo Francolini, Ricardo Arango, Fernando Correa, los exgerentes Jayson Pastor, Fernando y Ricardo Chanis. También al empresario Felipe Alejandro Virzi y a los exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific West Valdés e Iván Clare. En total son 16 personas para las que la Fiscalía Anticorrupción pide juicio.

Este lunes se inició la audiencia preliminar por este caso y en la que la Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal Sterling y en el fiscal Adecio Mojica, presentó su alegato de acusación contra las 16 personas y solicitó un sobreseimiento provisional contra otras seis.

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron en octubre de 2015

Durante la pasada administración se aprobó una línea de crédito por $30 millones para la empresa que construía el Centro de Convenciones de Amador.

La Fiscalía logró comprobar que el préstamo se otorgó sin las debidas garantías, además, que parte de los fondos fueron desviados para la casa de valor Financial Pacific.

La audiencia continúa hoy martes con los alegatos de la defensa de los procesados.

La fiscal Sterling argumentó en su alegato que cuenta con todos los elementos de vinculación de los investigados, señala un comunicado del Órgano Judicial.

‘Se concedieron certificados de no objeción sin haber una adjudicación y una orden de proceder, por parte de la empresa que iba a realizar la construcción del edificio de Convenciones Amador; y que el dinero del préstamo se utilizó con fines privados, y no para la construcción de la obra', añade el comunicado que cita a la fiscal.

Tres años después, la empresa canceló el monto prestado, según lo pactado, pero a juicio de la fiscal Sterling, no los excluye del delito cometido, debido a que vulneraron dineros de la Caja de Ahorros.

El Ministerio Público, mediante un comunicado, resalta otros argumentos de la fiscal. ‘Existe un hecho punible consumado, ya que la entidad bancaria tuvo que ejercer la jurisdicción coactiva para poder recuperar el dinero, después de tres años de otorgado el préstamo', señala la nota de prensa.

Renglón seguido, ofrece más detalles. Se tramitó el préstamo que no estaba contemplado en el Manual de Créditos de la entidad bancaria y en dos días luego que ingresa la solicitud se aprobó sin que existiese orden de proceder de la obra y sin verificar las garantías que se daban.

Una vez aprobadas dichas líneas de crédito, en quince días se otorgaron tres cheques que supuestamente iban a ser utilizados para construir el Centro de Convenciones de Amador a través del consorcio HP Contratas – P&V; sin embargo, varios de los dineros fueron a parar a cuentas de otras sociedades para pagar préstamos que se debían a una casa de valores.

La casa de valores a la que hace referencia el comunicado es Financial Pacific.

Los cheques del préstamo se expidieron a pesar de que el contrato del préstamo no había sido inscrito en el Registro Público, ni se había dado el permiso de construcción de la obra, requisitos sin los cuales no se podía desembolsar ningún dinero.

La finca que se usó como aval para el préstamo no era del valor suficiente para servir de garantía, ni se verificó la solvencia del consorcio ni de los fiadores solidarios.

La Fiscalía Anticorrupción inició esta investigación el 23 de octubre de 2015, luego de una publicación periodística, en la que se revelaba la adjudicación de un préstamo de $30 millones.