Defensa busca descalificar pruebas forenses de la fiscalía

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli no objetó la mayor parte de los testimonios de las víctimas de los supuestos pinchazos.

Se centró en atacar casi todas las pruebas del perito Luis Rivera Calles, el especialista en informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que inspeccionó las computadoras halladas en el Consejo de Seguridad y la cuenta de correo donde se guardaba la información sobre las supuestas intervenciones telefónicas efectuadas durante los años 2012-2014, bajo la administración del expresidente Martinelli.

La fiscalía tiene una teoría del caso que piensa probar en la etapa del juicio oral. Muchas de sus pruebas científicas se basan en las inspecciones efectuadas a equipos tecnológicos, y esas son las evidencias que la defensa ha solicitado excluir por considerarlas ilícitas.

Los abogados de Martinelli, en audiencia celebrada el jueves pasado, prácticamente pasaron por alto los testimonios de más de 40 personas que reconocieron mensajes propios de sus teléfonos, o de correos electrónicos, cuando la Fiscalía Auxiliar inició la investigación en 2014. Entre estos testimonios se mencionan los de ejecutivos de importantes empresas, expresidentes de la República, periodistas, sindicalistas, diputados, etc.

Las únicas dos pruebas testimoniales a las que se opuso la defensa refieren a la de los peritos y a la transcripción de un audio de un supuesto testigo que narra cómo se ordenaron los pinchazos. Con estas evidencias, la fiscalía podría probar, o convencer al juez mediante pruebas científicas, que se cometieron los delitos de inviolabilidad del secreto y se violó la intimidad de cientos de personas sin una orden judicial, como pretende demostrar en el juicio oral. En cambio, la defensa podría apostar a que sin la evidencia científica o informática, las declaraciones de las víctimas no tendrían sustento.

Así, para probar su teoría del caso, la fiscalía ha recopilado información sobre la llegada de los ejecutivos de la empresa israelí de la cual se adquirió el equipo de escuchas; confirmaron sus movimientos migratorios, el sitio donde se hospedaron, etc. La fiscalía también levantó actas de inspección ocular de los sitios donde supuestamente funcionó el sistema de escuchas, incluso después de las elecciones de 2014. Transcribió la información de varias computadoras, discos compactos, correos electrónicos y recurrió a especialistas en informática que pueden ser la llave para probar el delito.

La objeción de este cúmulo de pruebas debe ser decidida por el juez de garantías Jerónimo Mejía próximamente. Muchas de ellas (ver gráfica) han sido descalificadas por la defensa por considerarlas ilícitas. Cualquier decisión del juez es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, el fiscal de la causa Harry Díaz, recuerda que hará uso de su periodo de vacaciones efectivo del 6 al 22 de agosto, tiempo que había solicitado con varios meses de antelación, incluso antes de la extradición del expresidente Ricardo Martinelli a Panamá.

Aclaró en un comunicado que el proceso no está suspendido, pues habilitó dos fiscales adjuntas que podrían llevar a cabo cualquier actuación judicial requerida.

De igual forma, añadió que la defensa solicitó acceso ‘al contenido de las siete carpetillas bajo reserva que contienen cientos de comunicaciones interceptadas ilegalmente. El contenido de estas carpetillas es de aproximadamente 3,500 fojas, para lo cual el juez concedió término de dos semanas a la defensa para su estudio'.

La defensa, recuerda Díaz, no objetó la decisión del tiempo concedido y se acogió al mismo.

La próxima audiencia se tiene programada para el lunes 6 de agosto a las 9:30 de la mañana.