Interpol archiva alerta roja de Tacla Durán, consultor de Odebrecht

La Comisión de Control de Ficheros de la Policía Internacional (Interpol) eliminó la alerta roja contra Rodrigo Tacla Durán, operador financiero de la constructora brasileña Odebrecht, que mantenía desde septiembre de 2016, por requerimiento del Buró de Brasil, acusado de fraude, soborno y corrupción además de violación a control cambiario.

Las razones para que la Interpol llegara a esta conclusión se basaron en una larga investigación fundada en el alegato de Tacla Durán, quien exigió cumplir con el debido proceso, un juicio justo que puso en duda si llegaba a ser extraditado a Brasil para enfrentar los cargos. Tacla Durán probó que el juez que preside su caso en Brasil había demostrado repetidamente que se había parcializado en su contra, impidiéndole comparecer como un testigo en otros casos. Incluso aseguró en decisiones judiciales que su palabra no podría ser confiable, ya que era una persona acusada de crímenes y un prófugo internacional, según se lee en la decisión de 12 páginas emitida por Interpol.

Aunado a esto, según fuentes allegadas al operador financiero, ‘el gobierno de Brasil no envió una sola prueba para sustentar la extradición de Tacla Durán, por lo que España negó su extradición'.

Interpol adoptó esta decisión el 3 de julio pasado durante la sesión número 105, en la que después de un examen exhaustivo de los elementos que brindó Tacla Durán consideró que la retención de estos datos en el sistema no cumplía con las reglas de la Interpol y concluyó eliminarlos. La decisión adoptada el 13 de julio pasado fue remitida a la Secretaría General de la Interpol.

ARCHIVAN ALERTA ROJA

Interpol analizó los datos presentados por Rodrigo Tacla Durán.

El proceso entre los abogados del solicitado y la policía internacional duró aproximadamente 2 años.

La decisión de la Interpol fue colegiada y ocurrió el 18 de julio pasado durante la sesión número 105.

En diciembre de 2016, Rodrigo Tacla Durán interpuso una queja dirigida a la Comisión de Interpol, en la que alegaba una violación a sus derechos humanos por el trato que había recibido por parte de la justicia de su país.

En noviembre de 2016, Tacla Durán fue arrestado en España producto de la alerta roja. En enero de 2017, las autoridades brasileñas enviaron una solicitud de extradición a España. En febrero de 2017, se le otorgó una medida cautelar, previa entrega de su pasaporte y la obligación de presentarse periódicamente a la Corte.

Seguramente la conclusión arribada por Interpol creará un precedente con otras solicitudes, ya que es una decisión colegiada.

Desde el inicio del caso, señala una nota enviada por Sebastián Suárez, abogado a cargo del caso de Tacla Durán en Interpol, ‘denunciamos los graves abusos cometidos por las autoridades responsables de Lava Jato, y la persecución sufrida por el abogado Rodrigo Tacla Durán, quien vio sus derechos más fundamentales, como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos, y sus garantías procesales, violadas sistemáticamente, lo que comprometió imparcialidad del juez, y el debido proceso legal, debido, entre otros, a la inapropiada divulgación de sus datos personales y los de su familia'.

Como consecuencia de la decisión tomada por la Comisión de Interpol, las autoridades brasileñas, según la nota de Suárez, tienen prohibido utilizar los canales de comunicación y cooperación internacional proporcionados por Interpol sobre Rodrigo Tacla Durán.

Sus abogados advierten que adoptarán las medidas legales correspondientes ante las organizaciones internacionales competentes, ya que buscan una reparación del Estado brasileño y de las autoridades responsables de las ilegalidades observadas.

El sumario de los hechos que analizó Interpol establecía que de enero de 2009 a enero de 2015, Tacla Durán, era un experto en lavado de dinero y estaba envuelto en varios eventos criminales. Lo acusaban de haber recibido, en cuentas de sus compañías o en cuentas secretas extranjeras, grandes sumas de dinero de los tres constructores -Mendes Junior, Utc y Odebrecht- envueltos en la investigación denominada Lava Jato. Algunos de los investigados, según el sumario de hechos, confesaron que estas transferencias eran ilegales y que su propósito era acumular dinero en efectivo para sobornar a funcionarios de gobierno. Un director de una compañía admitió haber utilizado los servicios ilegales de Tacla para crear efectivo a través de un fondo de sobornos. De acuerdo con sus declaraciones, ‘el servicio ofrecido por Rodrigo Tacla era recaudar dinero a través de contratos ficticios, a través de compañías fachada y logró concentrar aproximadamente $35 millones'. Para poder lavar el dinero, celebraba varios contratos falsos y hacía facturas por más de $56 millones.