La CTRP exhorta a la ciudanía a luchar por un Pleno Estado de Derecho

La Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP) expresó su preocupación por los problemas sociales, políticos y económicos en Panamá que se vienen acrecentando de forma y velocidad preocupantes.

La disminución del crecimiento y de la recaudación fiscal, las constantes pugnas entre los Órganos del Estado, incluyendo al Ministerio Público que se ventilan de forma abierta o solapada a través de los medios de comunicación o en las plataformas de internet  están deteriorando gravemente la institucionalidad del Estado panameño.

'Manifestamos nuestro respaldo a la lucha de los productores agropecuarios en sus justas reclamaciones al gobierno nacional a fin de garantizar las condiciones para el desarrollo de sus actividades' anuncian en el comunicado.

Abogamos porque del recién iniciado diálogo surjan políticas claras y sostenibles en el tiempo, acompañadas de una reingeniería de las instituciones  del sector que permitan una armónica relación entre los importadores y los productores en el propósito de proveer de alimentos a nuestra población a precios justos y rescatar al sector del abandono sufrido durante las últimas décadas con sus secuelas de migración y abandono de sus actividades, aumentando la pobreza en el campo y las ciudades.

La Asamblea Nacional debe realizar  un análisis profundo del Proyecto de Ley No. 621 para el justo y necesario aumento de la pensiones de vejez, invalidez y sobreviviente. Esta es una deuda social que merece su reconocimiento  ya que además, de las bajas pensiones, está el aumento del costo de la vida, el efecto acumulativo de la inflación y la contracción de la economía  les impide satisfacer las necesidades básicas. El Órgano Legislativo debe ampliar el marco de discusión para encontrar una alternativa viable y sostenible en el tiempo y que no afecte al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

Es preocupante el deterioro de la situación económica desde hace varios años en  nuestro país con su secuela de cierre de empresas, aumento del desempleo y del trabajo  informal.  Las autoridades deben adoptar acciones concretas para  reactivar la economía, particularmente apuntalando el crecimiento de los sectores productivos agropecuario e industrial que han sido abandonados en las últimas décadas.

Además, se requiere una mayor racionalización del gasto público, conteniendo el gasto corriente en usos improductivos de la burocracia en los diversos órganos del Estado. Así mismo se debe elevar la eficiencia del gasto de inversión en obras públicas para apuntalar la productividad y competitividad del país, particularmente en el sector agropecuario y en las actividades de mayor valor agregado del sector industrial y de servicios.   También, la inversión pública debe ser más equitativa en favor del área rural y las comunidades indígenas en materia de infraestructura productiva, salud y educación. Ello contribuirá a romper la inequidad que persiste en contra de los grupos de población más excluidos del país.

Las recientes declaraciones de la Procuradora General de la Nación sobre su conversación con el Magistrado Hernán De León, nos permite ver que  nuestra institucionalidad jurídica-política está herida de gravedad por la corrupción y politización de la justicia lo que pudiera trastocar la vida democrática del país. El  clima de incertidumbre y desosiego está dando lugar a un escenario de descalificaciones y confrontaciones. Pareciera que existen factores de poder políticos y económicos interesados en propiciar un ambiente de caos y anarquía, y con objetivo nada democráticos.