PNUD: Trabajadoras sexuales son víctimas de violencia institucional

Panamá está vulnerando los derechos de las trabajadoras sexuales, según un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la organización Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP). El documento reafirma que las mujeres que ejercen esta actividad son víctimas de violencia institucional, una denuncia recurrente manifestada por ellas mismas .

‘Yo soy una víctima. A mí me han esposado de pies y manos para practicarme una prueba de VIH... ¡Es muy triste!',

‘DULCE ANA'

TRABAJADORA SEXUAL

Un caso que disparó las alarmas de los defensores de los derechos humanos es el de una trabajadora sexual venezolana que se practicó una prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en un centro de salud, pero cuando regresó para conocer los resultados, se encontró con funcionarios de migración y la policía, quienes la detuvieron con fines de extradición por su condición de salud.

Víctor Atencio Gómez, director de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo y relator de Derechos Humanos para Panamá, explicó que los funcionarios de salud llamaron a las autoridades migratorias para informarles los resultados positivos de la prueba serológica, una clara violación de la confidencialidad.

‘Le dijeron que era positiva y que procediera a retirarse con los funcionarios. Allí inició un proceso para sacarla del país por su condición de VIH', indicó Atencio.

El defensor de derechos humanos dijo que hubo que activar mecanismos judiciales nacionales ( habeas corpus y amparo de garantías constitucionales) e internacionales para evitar que fuera deportada y condenada a muerte en un país desabastecido de medicamentos.

Se emitió una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Mientras se esperaba la respuesta, la venezolana fue conducida, esposada, a recibir tratamiento médico. Añadió Atencio que se publicaban su nombre y los medicamentos que tomaba en lugares visibles. Después de ocho meses, la CIDH dictó la medida cautelar que protege los derechos de la víctima y puso fin a ocho meses de encarcelamiento.

Este no es el único caso que ocurrió este año. Otra venezolana sufrió la odisea sin la misma suerte que la primera. La joven acudió a un centro de salud para recibir su tratamiento, pero los funcionarios llamaron a migración y la condujeron a un albergue femenino. La mujer fue expulsada del país.

Estos dos casos son graves porque muestran la diferencia entre la vida y la muerte de una persona: una mujer que se quedó en Panamá y otra que fue expulsada. Lo peor, dijo Atencio, es que la CIDH recomendó revisar lo que está haciendo el Estado panameño, porque nunca tuvo la intención de considerar qué podía pasar con la vida de esta persona.

La expulsión, concluyó el relator de Derechos Humanos, significa condenarla a una ‘muerte lenta, agónica y cruel'.

Rubiela Sánchez, representante del PNUD, por su parte, señaló que una de cada diez trabajadoras sexuales independientes están en riesgo de adquirir el VIH. ‘Al menos una podría salir con resultado reactivo', dijo, refiriéndose a aquella persona que estuvo en contacto y se contaminó con el virus. Estas mujeres entran dentro de uno de los tres grupos de personas con mayor riesgo de ser contagiadas con esta enfermedad, además de los transexuales y homosexuales, aseguró Sánchez.

‘Si se nos quiere proteger que se haga mediante una ley. Nos dicen que nos protegen pero al mismo tiempo nos discriminan',

GLADYS MURILLO

PRESIDENTE DE MDDP

Los abusos contra las trabajadoras sexuales no son nuevos. ‘Dulce Ana' (62 años), explotada sexualmente desde los siete años, cuando fue violada, ha tenido agrias experiencias en las calles. En una ocasión, fue detenida por miembros de seguridad. La voz se le quiebra cuando recuerda que fue violada por cinco policías. ‘Yo soy una víctima. Fui esposada de pies y manos mientras me conducían para realizarme una prueba de VIH', contó ante un auditorio que escuchaba atento los resultados del informe del PNUD y MDDP, presentado este martes en esta capital.

Las mujeres que ejercen el trabajo sexual, por su propia condición y por la naturaleza de la labor que desempeñan, se exponen en mayor medida a la vulneración de sus derechos.

Desde la Defensoría del Pueblo existe una profunda preocupación por el informe que revela la existencia de violencia institucional contra las trabajadoras sexuales y por el particular hecho de ser mujeres, sostiene Atencio.

Para el defensor de los derechos humanos, parece que existe una red de funcionarios que en armónica colaboración trabajan para lograr resultados contrarios a los derechos humanos de estas mujeres.

Las trabajadoras sexuales cotidianamente se enfrentan a detenciones arbitrarias, uso de lenguaje inapropiado y tratamiento denigrante de las autoridades, entre otras acciones lesivas, destacó Gladys Murillo, presidenta de MDDP.

Una encuesta realizada a 300 mujeres que ejercen este servicio en Panamá y Panamá Oeste revela que han sido víctimas de las fuerzas de seguridad. Entre las entrevistadas están 179 panameñas, 46 colombianas, 41 venezolanas, 29 dominicanas y 5 nicaragüenses.

Un 47% de estas mujeres no ha completado sus estudios; sin embargo, un 23% sí lo hizo. Solo un 6% completó la universidad. Este dato es un indicador de que más mujeres con menos escolaridad se dedican al trabajo sexual.

La mayoría de las mujeres (144) que ejerce la actividad, según esta muestra científica, tiene entre 18 y 20 años. Otro grupo importante (110) está entre los 30 y 39 años. Entre los 40 y 49 años habían 38 mujeres. Las restantes 8 tenían más de 50 años.

Un 28% de estas tres centenas de trabajadoras del sexo han sido amenazadas verbalmente por las fuerzas de seguridad. Mientras que un 53% fue tratada con un lenguaje inapropiado.

Pero hay otros abusos cometidos por agentes de seguridad y que han sido expuestos por estas mujeres para la elaboración de este documento. Un 18% fue víctima de sobornos, otro 18% fueron empujadas, golpeadas o tiradas del cabello; un 5%, amenazadas con un arma; un 8% manoseadas, otro 8 % obligadas a tener relaciones sexuales o practicar algún acto libidinoso.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la mayoría de las mujeres entrevistadas (169) contacta a sus clientes en las calles, seguido de los bares (59) y posteriormente en bares y teléfonos (20).

Las trabajadoras sexuales no están dispuestas a seguir siendo víctimas. ‘Si se nos quiere proteger, que sea con una ley', reclama Murillo al recordar que la actividad se encuentra en un limbo jurídico. ‘No nos vamos a quedar calladas', insistió.

MÁS ABUSOS

Hay algunas ocasiones en que los policías se visten de civiles e invitan a las mujeres a subir a los autos particulares para luego quitarles dinero. Otras veces, las víctimas son clientes extorsionados, denunció Murillo.

El trabajo sexual es un mecanismo de sobrevivencia para unas mujeres. Pero, para otras, es una satisfacción personal. ‘Es hacer lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien como mujer', añadió una de ellas que pidió reservar su nombre. Aún así están convencidas de que tienen derechos y que van a pelear para que se les respete. ‘Vamos a seguir luchando por ellos', sentenció Murillo.

Se estima que en ciudad de Panamá las trabajadoras sexuales podrían rondar la cifra de 10 mil.