Panamá se queda sin astillero en el Pacífico

De registrarse un accidente con un buque en aguas panameñas, así como en aguas internacionales cercanas al istmo o en el Canal de Panamá —en el lado del Pacífico—, la capacidad de reacción del Estado panameño para reparar estas naves estaría disminuida o sería nula.

El astillero que opera bajo una concesión del Estado y que fue otorgada durante el gobierno de Ricardo Martinelli al consorcio MEC Shipyards para la administración y operación en el complejo portuario de Balboa está cerrando sus operaciones.

La situación podría ser complicada, ya que los trabajadores que aún laboran en la empresa han advertido de la posibilidad de que no estén vigentes las fianzas y pólizas, a pesar de que cuando se pactó el contrato de la concesión se estableció que la empresa debería consignar una fianza por $14.8 millones ante cualquier eventualidad.

La concesión data del año 2013 y en su mejor momento llegó a contar con 2,300 trabajadores, pero a la fecha, según explicó a La Estrella de Panamá el dirigente sindical Pablo Linares, solo son 18 y temen que la próxima semana no puedan cobrar sus salarios y sean los últimos en ser cesados.

La concesionaria paga al Estado panameño un canon de arrendamiento de $250 mil, el cual en 2015 solicitaron les fuera disminuido, pero la petición no fue acogida y se mantuvo el monto como se había pactado en el contrato de la concesión.

EL ASTILLERO

‘No se trata de cualquier astillero', según informa Linares, es el más grande en la costa del Pacífico desde Chile hasta California y brinda servicios a la marina de Perú, Colombia, Ecuador, México, a buques pesqueros, atuneros y otros de gran calado.

El astillero cuenta con tres diques secos, los cuales tienen capacidad para brindar reparación y mantenimiento a buques como estos, incluso a los que pasan por el Canal de Panamá, excepto a los pospanamax.

ACCIONES SINDICALES

Ante la situación que se vive en el astillero, los trabajadores que quedan, a través de su abogado, Martín González, remitieron una carta al procurador de la Administración, Rigoberto González, en su calidad de abogado del Estado panameño, en la cual advierten de la posible existencia de conductas punibles de parte del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá.

Entre las acciones señaladas, se menciona el posible incumplimiento de los deberes de servidor público, la posible complicidad en una lesión patrimonial contra el Estado, todo esto porque la fianza de cumplimiento no está vigente.

Los trabajadores del astillero también enviaron ayer una nota al diputado Crispiano Adames como presidente de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional.

Los denunciantes señalan que ante los posibles actos punibles piden que se cite al contralor general de la República, Federico Humbert, para que explique por qué se refrendó un contrato en el cual no se consignó la fianza de cumplimiento.

Además, que se haga lo mismo con el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, sobre por qué no se ha hecho nada ante el abandono de los talleres y las demás instalaciones por la empresa concesionaria, sin brindar una explicación.