Ciam presenta amparo de garantías contra proyecto de ley sobre Petaquilla

El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) presentó, este martes, un amparo de garantías constitucionales contra la Resolución de Gabinete No. 23 del 26 de marzo de 2019, mediante el cual se autoriza al ministro de Comercio e Industrias presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que aprueba el contrato entre el Estado y la empresa Minera Petaquilla.

En un comunicado, el organismo ambiental explica que el amparo se fundamenta en que la orden de presentar el proyecto de ley “viola” derechos fundamentales a la vida, al desarrollo sostenible, a la primacía del interés público sobre el privado y al derecho a un ambiente sano de todos los habitantes.

“El proyecto de ley es análogo a la Ley 9 del 25 de febrero de 1997 que fue declarado inconstitucional...”, señala Ciam en el comunicado. El organismo hacer referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia, del año pasado, que anula el contrato al declararlo inconstitucional.

El fallo de la Corte fue en repuesta a una demanda que había presentado la abogada Susan Serracín, en representación de Ciam, en el 2009, es decir casi 10 años antes.

El amparo de garantías presentado ayer martes, tiene como objetivo “prevenir una flagrante violación al estado de derecho y ala guarda de la constitucionalidad”, señala Ciam en el comunicado.

El organismo ambiental recalca que “no es aceptable que mediante un proyecto de ley se pretenda legitimar un contrato cuya suscripción se realizó al margen de la ley y que ya fue declarada inconstitucional”.

El contrato firmado entre el Estado y Minera Petaquilla es ejecutado, ahora, por la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense de First Quantum Minerals Ltd, que desarrolla el proyecto de cobre. El pasado 18 de febrero se realizó la primera molienda del proyecto en un acto en el que participó el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y directos de la empresa.

Para Ciam el contrato minero es “leonino y con beneficios excesivos para empresa Minera Panamá y no resguarda los intereses económicos, ambientales y sociales del país”.