Cada día, cuatro adolescentes cometen robo

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público (MP), entre enero y febrero de este año unos 218 jóvenes han sido denunciados como infractores. A la mayoría se les señala por acciones contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo y hurto.

La incidencia de estos actos entre los adolescentes se mantiene, a pesar de los millonarios proyectos en los que han invertido los gobiernos para rescatar a este segmento de la población panameña de este tipo de conductas.

La Fiscal Superior de Adolescencia, Indira Zurita, aseguró que los robos son los actos infractores que con mayor frecuencia cometen los jóvenes.

Los robos agravados, con armas de fuego, que se ejecutan entre dos o más personas, son aquellos en los que mayormente se involucran los jóvenes, explicó la funcionaria.

Tocumen y Pacora son los sectores de la capital panameña donde se reporta la mayor cantidad de robos ejecutados por adolescentes.

Los registros oficiales revelan que las infracciones contra la seguridad colectiva, en su modalidad de drogas y posesión de armas de fuego, suman 82; actos contra la vida e integridad personal, entre ellos homicidios, lesiones personales, abortos, 101; y contra la libertad e integridad sexual, ascienden a 161.

Las cifras indican que después del robo y el hurto, estos cuatro delitos se registran de manera más común y frecuente.

Según las estadísticas, en los dos primeros meses del año se han registrado 652 denuncias ante las Fiscalías Superiores de Adolescentes. Un 25% de los jóvenes fueron detenidos provisionalmente mientras se desarrolla la investigación.

Al restante 75% le fueron aplicadas otras medidas distintas a la detención preventiva.

Los adolescentes que ingresan al mundo delictivo tienen como denominador común el que no existe control sobre ellos de parte de sus parientes, aseguró la fiscal.

Zurita advierte de que legalmente es responsabilidad de los padres mantener inmersos a los muchachos en el sistema educativo para evitar que caigan en las garras de la delincuencia.

Una de las situaciones recurrentes en los muchachos que ingresan al sistema penal juvenil —mayores de catorce años— es precisamente la carencia de educación.

‘Tenemos chicos que consumen drogas desde los 8 y los 11 años y son adolescentes que están dentro de estratos sociales con muchas carencias', apuntó la funcionaria de instrucción.

El criminólogo Marco Aurelio Álvarez explicó previamente que la mayoría de los jóvenes que cometen infracciones crecen en entornos familiares marcados por la delincuencia.

Para estos chicos, los actos delictivos constituyen un fenómeno que ven en su vida como hechos normales o con un alto grado de tolerancia.

Muchos de los niños y adolescentes que hoy están recluidos en los centros de cumplimiento y de custodia, que luego pasan al sistema penitenciario de adultos, son producto de hogares disfuncionales. Parte de su vida ha transcurrido en entornos violentos. ‘La violencia viene generada muchas veces por factores económicos', concluye Álvarez.

EL AUMENTO DE LAS PENAS NO ES LA SOLUCIÓN PARA LA DELINCUENCIA JUVENIL

POBLACIÓN PENITENCIARIA. Casi cuatro centenares de adolescentes están recluidos en el sistema penal juvenil. Las estadísticas del Ministerio de Gobierno (Mingob) indican que 389 son varones y 7 son mujeres adolescentes. De estos, 142 han pasado a completar su condena en el centro penitenciario de Las Garzas, en Panamá.

La Ley 40 sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia establece que la detención preventiva procede en casos de homicidio, violación, secuestro y robo. Las penas para los adolescentes alcanzan hasta 12 años para los casos de homicidio, mientras que el delito de robo puede acarrear penas de hasta 6 años.

Las sanciones previstas solo podrán ser aplicadas a menores de 14 años o más. Aquellos menores de 13 y 12 años o menos, que cometan algún delito, incluso homicidio, son inimputables por sus actos. Sobre un aumento de penas a menores, la fiscal de adolescentes, Indira Zurita, señaló que no es la solución a la delincuencia de los menores.

El Mingob construye, a un costo de $5 millones, un centro de transición para dar continuidad al proceso de resocialización que inician los adolescentes en centros de menores y que es interrumpido cuando son trasladados a las penitenciarias de adultos.