Auditoría por pérdida de equipo espía no vincula a Martinelli

Aunque el informe de la Contraloría General de la República sobre la lesión patrimonial que pudo causar la pérdida del equipo adquirido por el Estado a la empresa M.L.M. Protection no menciona por ningún lado a Ricardo Martinelli, la Fiscalía se siente satisfecha con el testimonio de las dos autoras del reporte.

Ayer culminó la participación en el juicio oral de las peritas Amadelis Valderrama e Iris Pérez, quienes en su momento eran funcionarias de la Contraloría.

Para la elaboración del documento, las profesionales se apoyaron en información recabada de varias entidades a través de la cual pretendían conocer sobre el paradero del equipo tecnológico capaz de infectar o espiar correos electrónicos, reconocer voces y la localización de los móviles. Pero por falta de documentación, no pudieron resolver incógnitas importantes. Por ejemplo, quién fue el último custodio del equipo o cómo se trasladó este al Consejo de Seguridad.

Lo que sí establecieron fue que hubo una nota, la que, supuestamente, tiene la firma de Gustavo Pérez, entonces director de la Policía Nacional, como receptor del equipo. No obstante, la autenticidad de esta firma está en disputa, ya que Pérez querelló en 2016 a las funcionarias alegando que no se trata de su rúbrica. Las peritas tampoco recibieron nota por escrito del director de la Policía Nacional, Omar Pinzón (2014-2017) en la que detallara las características del mencionado equipo.

Otra nota de la misma institución, firmada por Gabriel Medina, indicaba que no se halló documentación sobre el contrato que efectuó el Programa de Ayuda Nacional (PAN) con la empresa israelí, M.L.M. Protection, en el año 2010.

Aun así, las peritas hallaron una posible lesión patrimonial al Estado por $10.8 millones en la que relacionan a Pérez, y fallas administrativas entre las que mencionan a otras ocho personas, entre ellas el exministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu, a Carlos Orillac, un funcionario de la Presidencia, y a miembros de la Junta Directiva del PAN que autorizó la compra del programa espía.

Para Alfredo Vallarino, defensor del expresidente, los resultados de la auditoría son contundentes, pues su cliente no se menciona en ningún documento ni es una de las personas relacionadas por faltas administrativas.

‘Cuando usted va a traer un testigo, lo hace para acreditar algo y no para decir que no pudieron hacerlo. Los que dicen que no tienen la documentación eran precisamente los enemigos de Ricardo Martinelli, es muy fácil para ellos decir que no encontraron documentación relacionada, los que no lo hicieron eran funcionarios subalternos de Juan Carlos Varela en su momento', señaló el abogado.

No obstante, la Fiscalía mantiene la versión de que el Tribunal debe hacer una evaluación armónica del informe con el resto de los testimonios que han acreditado previamente en el juicio oral la existencia del equipo y su desaparición.

‘El Tribunal debe preguntarse por qué personal del Consejo de Seguridad manipuló un equipo que ni siquiera fue inventariado. No es relevante que no aparezca el nombre de Ricardo Martinelli, porque hay personas relacionadas y no significa que éstas personas puedan salir desvinculadas', defendió Aurelio Vásquez, fiscal del Ministerio Público.

El equipo en mención fue adquirido en marzo de 2010 y su compra se efectuó a través del PAN en tres pagos. La auditoría sobre adquisición, manejo, recibo y custodia del equipo tecnológico no determina responsabilidad penal, sino personas vinculadas a la misma.

Durante la audiencia de ayer lunes, en la cual culminó la participación de las peritas por parte de la Fiscalía, no se dejó establecido cómo fue que el equipo que se recibió en la Policía Nacional llegó al Consejo de Seguridad, donde fue operado por varios funcionarios que recibieron entrenamiento por parte de la empresa.

Para la Fiscalía esto no es un obstáculo para que el Tribunal deduzca que este equipo desapareció del Consejo de Seguridad, como trata de probar la teoría del caso del Ministerio Público, pues ya se han presentado testigos en el juicio que indicaron que el equipo lo recibieron en la Policía Nacional y que incluso al hacer uso del mismo, encontraron carpetas de archivos bajo el nombre ‘Policía Nacional'.

‘Este informe no es la única pieza para responsabilizar a otras personas. Lo relevante para la Fiscalía es que se tiene un informe —que forma parte de un expediente en la Fiscalía Segunda— que está pendiente de resolver en otro Tribunal. Que la persona que recibió el equipo llegó a ser secretario del Consejo de Seguridad y esa misma persona fue sentenciada como cómplice en el caso de ‘pinchazos'. La pregunta de cajón sería: ¿dónde está el autor?, ¿quién preside el Consejo de Seguridad?', se cuestionó el fiscal Vásquez.

Para la defensa, la teoría de la fiscalía se cae de su peso, pues insisten en que su cliente no es mencionado por ningún lado o en los documentos que recabaron las expertas.

Este informe de la Contraloría es importante en el caso contra el exmandatario porque se le acusa de delitos contra la administración pública en modalidad de peculado, sustracción, en este caso. Es decir, que el equipo adquirido desapareció del Consejo de Seguridad. No obstante, al ser preguntadas las peritas si buscaron o indagaron en el Consejo de Seguridad la existencia del equipo, ellas respondieron que no, pues la auditoría solicitada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Anticorrupción se centraba en el PAN, no en el Consejo de Seguridad o en la Policía Nacional.

‘Ha quedado claro que el equipo existió y desapareció. Le costó al Estado más de 10 millones de dólares y no aparece. Lo importante de la participación de estas dos profesionales es que resultaron relacionadas nueve personas, algunas por fallas administrativas y otras por el perjuicio económico', zanjó el fiscal Vásquez.

Vallarino insiste en que ‘le han preguntado a las peritas si han encontrado algún vínculo con Ricardo Martinelli en la auditoría y ellas han dicho que no. Tampoco buscaron el equipo en el Consejo de Seguridad. Hay que ser más serios por parte de la Fiscalía, porque nos tienen perdiendo el tiempo. Las peritas han dicho tajantemente que en las 86 páginas del informe elaborado por la Contraloría no se menciona a Ricardo Martinelli ni tampoco en los nueve relacionados', manifestó el abogado.

Ambas peritas están en la lista de testigos de la defensa, en caso de ser requeridas, razón por la cual el Tribunal les alertó de que podrían ser citadas nuevamente a audiencia.

Para este martes, la Fiscalía debe continuar con el desahogo de sus testigos, que ya superan los 37. Según adelantaron los fiscales, se trata de más víctimas de las interceptaciones telefónicas.

‘No es la única pieza para responsabilizar a otras personas. Lo relevante para la Fiscalía es que se tiene un informe que forma parte de un expediente',

AURELIO VÁSQUEZ

FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO