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18 de Oct de 2019

Nacional

La confusa norma que equipara la experiencia con la academia

El gobierno salió al paso de controversias surgidas por la aprobación de una norma que ofrece a funcionarios la oportunidad de ascender, por su experiencia, a cargos antes reservados para personas con título universitario

José Gabriel Carrizo, vicepresidente y ministro de la Presidencia (i).

Una confusa resolución del Órgano Ejecutivo, que equipara la educación formal con la experiencia laboral dentro del Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público, ha generado controversia en gremios y universidades públicas y privadas que temen que la experiencia prevalezca por encima de los títulos académicos.

El gobierno panameño aseguró que quiere hacerle justicia a los funcionarios que no tuvieron la oportunidad de asistir a una universidad, pero que por sus años de experiencia —veinte y veinticinco años— tienen el conocimiento y la capacidad para aspirar a un cargo que antes estaba reservado para una persona con título.

‘Buscamos hacer justicia con aquellos funcionarios que han dado su vida a una institución pública, que son brillantes e inteligentes, que pueden ir escalonando y para que no se queden estancados producto de que no tuvieron la oportunidad de graduarse en una universidad', dijo el vicepresidente José Gabriel Carrizo, al ser consultado sobre los fines de la Resolución N°69 del 6 de agosto de 2019.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), explicó que la redacción del documento causó la controversia al prestarse para distintas interpretaciones. Y, según el jurista, la aclaración es más confusa considerando que ni siquiera se establece cuáles son las actividades que requieren de una idoneidad ni las que están amparadas con leyes especiales.

El presidente del CNA advirtió de que ninguna de las interpretaciones del documento puede violentar la exigencia de un título profesional y de la idoneidad.

‘El CNA entiende que ningún individuo, por más experiencia que tenga, puede ejercer un cargo relacionado a la abogacía si no tiene el título porque se estaría ante la comisión de un hecho delictivo', apunta Araúz.

Osvaldo De La Guardia, director de la Carrera Administrativa, aseguró que ningún cargo cuyo ejercicio requiera de idoneidad será equiparado por experiencia.

Según él, se respetan los requisitos para ocupar un cargo regulado por leyes especiales en la administración pública. Por último, dijo que se mantienen en constante diálogo con gremios para explicar el alcance de la nueva norma.

Carrizo informó que para darle tranquilidad a los gremios, el Consejo de Gabinete aprobó la resolución que amplía y aclara la resolución No.69 del 6 de agosto de 2019 sobre equiparación de manuales de cargos públicos por méritos o experiencia.

‘Ninguna resolución está por encima de una ley', aclaró el vicepresidente, también ministro de la Presidencia.

La Asociación de Universidades Privadas de Panamá (AUPPA) rechazó de forma categórica la resolución que modifica el Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público y los respectivos manuales institucionales para equiparar la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa para determinadas posiciones dentro del gobierno, ‘sin detallar cuanta experiencia sería considerada válida'.

Para las universidades privadas, la medida representa un retroceso en materia educativa porque promueve la deserción estudiantil en la etapa superior, una acción que frenaría la competitividad, que tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población panameña.

‘Es imprescindible tener en cuenta que la educación es un pilar fundamental, pues es la única vía en la que se pueden incrementar los conocimientos y capacidades de las personas y se convierte en un instrumento para generar ingresos, disminuyendo el nivel de pobreza y mejorando la calidad de vida', concluye un comunicado de las universidades privadas que llegó al correo electrónico de este medio de comunicación.

El abogado Ernesto Cedeño interpuso una demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el documento. Cedeño solicitó que se declare la ilegalidad de dicha resolución.

El abogado explicó que la resolución hay que interpretarla como lo que pasó en la década de 1990 con (Ernesto) Pérez Balladares, cuando se tuvo que hacer ese tipo de equiparación para darle buenos cargos a personas empíricas.

Según Cedeño, ‘lo que se vislumbra aquí es la oportunidad de fortalecer a la gente empírica que tiene puestos versus los que tienen formación académica'.