Ministerio Público y FCC, ¿a las puertas de un acuerdo?

Esta semana, la empresa española, Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) y el Ministerio Público (MP) estarían ultimando detalles para alcanzar un acuerdo de colaboración. Una fuente de La Estrella de Panamá indicó que desde España llegaron dos abogados - Leyra Navarro Zapata y Mario Olivares - para representar a la constructora en la negociación con las autoridades judiciales. Mientras que el abogado Abilio Batista, de la firma Mejía & Asociados, de Panamá, también estaría formando parte del equipo legal de la constructora que negocia el acuerdo. No obstante, una fuente del MP, dijo ayer que 'no hay acuerdo'.

La española estaría reconociendo que pagó coimas a cambio de contratos públicos. Estas prácticas se realizaron antes del rescate de la empresa por parte del millonario mexicano Carlos Slim.

El acuerdo implicaría imponer una multa de $20 millones a la constructora español por sus acciones. Mientras que FFC aceptaría declararse culpable de los delitos de corrupción de funcionarios públicos y contra la administración pública.

El expediente fue armado por la fiscal Ruth Morcillo y apunta al periodo gubernamental 2009-2014. En ese periodo, el abogado panameño, Mauricio Cort gestionó obras para la constructora española.

Cort realizó numerosas gestiones para FCC, particularmente dentro del Ministerio de Obras Públicas. Por facilitar el acceso a las obras, Cort recibiría una retribución del 4% de la obra, según el diario El País de España.

Cort mantenía un contrato de trabajo con la empresa española a través de la sociedad Arados del Plata S.A. Las gestiones permitieron que la empresa se adjudicara obras del Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas ($142 millones), de la sede del Tribunal Electoral ($31 millones) y la rehabilitación del Puente Centenario ($29 millones) en el mismo periodo.

FCC también construyó el Corredor Vía Brasil (tramos I y II a un costo de $306 millones), obras que fueron objeto de sobreprecios, según auditorías de la Contraloría General de la República.A la empresa española, además, se le adjudicó la Ciudad Hospitalaria ($517 millones) en octubre de 2011. Y, en asociación con la constructora brasileña Odebrecht, se encargó de construir las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá ($4,000 millones) en los gobiernos de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

Los acuerdos de colaboración con empresas que han participado en actos de corrupción no son vistos con buenos ojos por la sociedad. “(Los acuerdos) no son fiables. Aparte, no han dejado buenos resultados. No creemos en los acuerdos”, señaló el abogado Ernesto Cedeño.

Cedeño considera que la “confidencialidad” con la que las autoridades llevan los acuerdos despierta “malicia” en el manejo del proceso.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, destacó que los acuerdos de pena y de colaboración eficaz son objeto de críticas ciudadanas por la poca comunicación que existe sobre los temas que son negociados. Ambos juristas fueron consultados por este medio de comunicación la pasada semana.