Vida y oportunidades desde la configuración territorial

Imaginemos tres adolescentes que viven en Bella Vista, Juan Díaz y Colón, respectivamente. Los tres residen en zonas urbanas, pero cada uno de ellos tiene acceso muy distinto a oportunidades de educarse, trabajar, comprar o atender su salud. En resumen, el futuro se plantea muy distinto para cada uno: el de Colón tiene menos oferta educativa y laboral; el de Juan Díaz tiene que trasladarse grandes distancias para acceder a las oportunidades del de Panamá y más probabilidad de sufrir por una inundación que en cualquier otro corregimiento del país.

El de Bella Vista, aunque pueda ir a pie a la universidad, a una cita en la Caja de Seguro Social o a uno de muchos posibles trabajos en el área bancaria, encontrará que puede quejarse de ruido, congestión e inseguridad. Es probable que no sepa lo bien que está relativo a los otros, pero aquellos sí conocen del contraste entre sus realidades.

¿Por qué tienen que ser tan distintas las oportunidades a las que tienen acceso los panameños, según el lugar donde viven?

En el área metropolitana y más allá de ella, en toda la región interoceánica entre Panamá y Colón se concentran, en forma desproporcionada, la población, la oportunidad, la infraestructura y los servicios. Las ciudades del resto del país, de tamaño intermedio, las zonas rurales y las comarcales son, para muchos efectos, como comparar con otros países. Estos son efectos del modelo de gobierno centralista que por demasiado tiempo ha funcionado en Panamá, subyugando el desarrollo de las localidades, que son las que pueden responder mejor a los retos y oportunidades de su territorio y su población. Esta relación la median las líneas imaginarias que hemos impuesto al Istmo, y lo que decidimos hacer y dejar hacer dentro de ellas.

“El municipio es la verdadera sociedad: la Nación no es sino una pura idealidad, una abstracción, a la cual no deben subordinarse los intereses de la ciudad o el común”, escribió Justo Arosemena en 1855 en El Estado Federal de Panamá. Los Estados Federales son aquellos en que las competencias y recursos se distribuyen entre un gobierno de nivel nacional y otras entidades federativas. Planteaba Arosemena que los estados federales son modos de gobierno propios de las repúblicas y los gobiernos centrales, de las monarquías. Esto explica que muchos de los problemas se relacionan con el origen mismo de nuestra nación.

Estas consideraciones, que pueden sonar abstractas, están hoy día muy vigentes en la consciencia colectiva. También existen varios hechos que dan fe del inicio de un camino de cambios en la relación entre la sociedad y el territorio: primero, el inicio del proceso de la descentralización administrativa; segundo, la promulgación de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial; y tercero, el reclamo del electorado por una constituyente que lleva más de una década. Estos avances, entre otros, manifiestan escenarios posibles de cambiar la configuración de nuestro estado en su territorio.

El estudio comparativo 'Tendencias de Ordenamiento Territorial en América Central', de la cooperación alemana GIZ y la SICA, plantea que en Panamá se confunde el concepto de Ordenamiento Territorial (OT) con el 'desarrollo urbano'. El estudio identifica 'desequilibrios territoriales', recomienda articular el OT con la inversión y empoderar a los municipios. También establece una secuencia de pasos ordenados para lograr un ciclo de OT.

Comarcas; distritos; corregimientos; y barrios urbanos o lugares poblados. Sin embargo solo existen dos niveles de gobierno, el central y el municipal. Más allá de la necesidad de empoderar a los municipios, por mucho tiempo se ha presentado la necesidad de establecer niveles de gobierno supra-municipales, sean estos metropolitanos o provinciales. Sin embargo, la capacidad de gestionar el territorio a escala regional está en mora, ante la inoperancia de las gobernaciones.

La incapacidad del marco institucional y de los sucesivos gobiernos de atender las agendas de desarrollo y necesidades de las localidades del país, ha generado una rampante corrupción cuando el legislativo, por medio del DAS y sus figuras anteriores, ejerce en forma corrupta funciones que no le competen.

La distribución de las cargas y beneficios entre la población del país es desproporcionada. Lo que distintas comunidades aportan al estado y lo que reciben a cambio es injusto. No hay razón para que dentro de un mismo Panamá se vivan realidades tan distintas y menos aún, para no acometer de frente el reto de mejorar esta situación. El camino más eficaz para reconfigurar la relación entre nuestro Estado y su territorio es una nueva constitución, nacida de una visión de país gestada en modo participativo.

La Asamblea no entiende esto ni se preocupa por hacerlo, en su estado de insolvencia moral propone seguir emparchando la Constitución a su conveniencia. Por esto es imperioso reclamar un proceso de constituyente, abierto y participativo, para gestar una nueva república panameña en capacidad de armonizar con su territorio.