Varelaleaks: entre el conflicto de intereses y el tráfico de influencias

La filtración de comunicaciones que sostuvo el expresidente Juan Carlos Varela con varias personalidades, entre ellos altos funcionarios del Estado, son reveladoras. Proporciones guardadas, ya que el mismo expresidente ha dicho -sin negarlas- que algunas de las conversaciones han sido "alteradas", ciertas "peticiones" que allí se ventilan podrían cruzar la línea de la ilegalidad, pasando por el tráfico de influencias hasta el conflicto de interés.

Estas traen al tapete un debate interesante sobre cómo se manejan las cosas en el país de los primos y sobre lineamientos de transparencia que no se están discutiendo en las actuales propuestas para reformar la Constitución, aún cuando el gobierno de Cortizo dijo que adoptaría una política "proactiva y no reactiva" ante estos temas, a propósito de las listas oscuras.

Este delito está normado en Panamá por el Código Penal. El Artículo 354 del Capítulo V establece:

La pena se incrementa, según el mismo artículo, hasta a ocho años de prisión en caso de que quien ejerza la influencia sea un superior jerárquico de quien conoce el asunto de que se trata.

Y en muchas de las conversaciones filtradas el tráfico de influencias parece ser el común denominador. Los "favores" que se le pedían al expresidente Varela ilustran, además, el excesivo poder que tiene quien esté en esa silla presidencial para aceitar las tuercas de la burocracia.

Uno de los favores se lo solicitaría justamente la procuradora Kenia Porcell, que presuntamente pidió a Varela que intercediera en favor de su hermana para obtener la aprobación de un préstamo hipotecario, cuya aprobación se había dificultado por malas referencias crediticias.

Otro "favor" se lo pidió -según las filtraciones -el presidente de Copa Airlines, Pedro Heilbron, cuando antes de reunirse con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pidió a Varela que intercediera ante su homólogo canadiense para incrementar la frecuencia de los vuelos de Copa a Canadá.

Y desde "apoyos" para hacer más expeditos los viajes en el aeropuerto de Tocumen hasta la gestión de reuniones con otros funcionarios de alta jerarquía, tener el Whatsapp del expresidente Varela parecía asegurarle a algunos -funcionarios o empresarios – algún tipo de favor.

Varios abogados, miembros de la sociedad civil, pidieron una investigación de oficio por tráfico de influencia; mientras que ni el expresidente Varela ni la procuradora Porcell se han referido directamente a este tipo de intercambios, ni para confirmarlo ni para negarlo.

Esta otra de las faltas que ilustran algunos chats filtrados en los "Varela Leaks". El conflicto de interés es el choque entre las competencias decisorias que tiene un funcionario con sus intereses personales, familiares y/o económicos.

Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, explicó que aunque el Código de Ética de los servidores públicos aborda el conflicto de interés, existe un vacío legal en las leyes sobre este punto.

Carlos Barsallo, presidente del capítulo panameño de TI, coincide en que el conflicto de intereses tiene tratamiento imperfecto en el código de ética del servidor público y en la Ley 38 de 2000. Pero piensa que "no se cumple y no se hace cumplir por falta de voluntad y falta de exigencia real y efectiva de la ciudadanía que en ocasiones parte de ella favorece las prácticas indebidas".

Es otra de las interacciones recurrentes en todos los gobiernos. Surge cuando un funcionario con mando sale del gobierno para desempeñar un cargo a nivel privado en el mismo ámbito donde tuvo influencia siendo funcionario.

Esto tampoco está normado en Panamá, y es más que común ver abogados, empresarios o banqueros que se intercalan entre sus despachos privados y ministerios públicos o la Corte Suprema.

El cabildeo, explicó De Obaldía, tampoco está regulado en el país. Consiste en el acercamiento que tienen los grupos interesados en pasar o no pasar alguna ley en la Asamblea que redunde en algún beneficio al interés económico que representan.

Las peticiones al expresidente Varela que se leen en los "Varela Leaks" ilustran la gravedad de un sistema hiperpresidencialista. Pero además, y peor aún, la debilidad de unas instituciones que solo en planilla cuestan más de $3,000 millones mensuales.

Barsallo, también abogado, sostiene tajantemente que "no hay que pedir favores a los funcionarios" ya que "esa es una interpretación cultural equivocada".

"Los funcionarios no hacen favores, no pueden, no deben. La ley los obliga a cumplir su deber legal. No hacerlo o retardarlo o hacerlo mal puede tener consecuencias administrativas y hasta penales. Hay que romper la creencia, producto de los malos ejemplos y experiencias que se debe pedir favores para que se haga algo a lo que se tiene derecho y es deber del funcionario. Quien lo hace puede caer en corrupción de funcionario", explicó.