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07 de Dec de 2019

Nacional

'Varelaleaks', la oportunidad para depurar los poderes del Estado

El valor de las filtraciones del expresidente Juan Carlos Varela deja por escrito una realidad que a toda costa se ha negado, un sistema judicial corrompido por el Ejecutivo, incapaz de aplicar sus propias normas, que atenta contra la credibilidad internacional del país

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Pese a que el origen de las filtraciones del móvil del expresidente Juan Carlos Varela (Varelaleaks.com) sea un hecho cuestionable, el principal valor está en su contenido, que ahora aparece en blanco y negro, al desnudo.

Esto no debe verse como un estancamiento, sino como un conjunto de hechos que nos motivan a reflexionar, de forma sincera, sobre nuestra propia realidad y, al mismo tiempo, adoptar los correctivos.

No es la primera experiencia que Panamá enfrenta en materia de filtraciones. En 2016, cuando se hicieron públicos 11 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, que dieron la vuelta al mundo, fue una información que lastimó más al país que sellaron las eternas listas grises negras en las que fue incluida Panamá por el Grupo de Acción Financiera (Gafi) en tres ocasiones (2002, 2014 y 2018), debido a la falta de prevención en materia de blanqueo de capitales.

Al verse expuesta la situación ante la cobertura noticiosa, retrajo inmediatamente quienes vieron en el Istmo un sitio seguro para sus depósitos, pero que a partir de ese momento parecían estar bajo la lupa de un microscopio.

El gobierno de Juan Carlos Varela reaccionó con pánico ante la situación: parecía caer en un vacío ante la falta de un equipo profesional de manejo de crisis que pudiera sacar a flote la situación con una estrategia diáfana ante los entes internacionales.

Panamá solo tiene una mínima porción del mercado de las jurisdicciones de sociedades offshore, el grueso del negocio está en otros países, Estados Unidos, Reino Unida, Singapur, Suiza, por ejemplo. Sin embargo, Panamá no se arriesgó a denunciar que en este negocio, era un jugador marginario, y no asumió una posición clara en la cancha, sino que, presionada por las instituciones financieras internacionales, aprobó leyes que a futuro no ha podido poner en práctica.

En un intento por responder a las presiones internacionales, el Gobierno confeccionó una estrategia nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (2016) que pretendía robustecer el marco legal existente (la Ley 23 de 2015 que adoptaba medidas para prevenir el delito en el país). En esa misma línea nació en el Ministerio Público, la Unidad Especializada de Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

No obstante, el problema radicaba en que el sistema no estaba preparado para este tipo de investigaciones. En cambio, reafirmó su frágil sistema judicial y al no poder cumplir con sus propias exigencias perdió más credibilidad a nivel internacional y puso en evidencia que aquí no hay consecuencias en los actos individuales o de los grupos económicos.

El Ministerio Público no tiene la capacidad para procesar todos los informes de inteligencia que emite la Unidad de Análisis Financiero o los que recibe de sus homólogos. Fuentes consultadas por este diario refieren que los reportes a los que se les daba preferencia, se circunscribían a aquellos en los que había posibilidad de confiscar dinero en la banca o bienes. Sin embargo, se pasaron por alto, por ejemplo, aquellos sujetos que utilizaron el sistema financiero panameño para mover la plata a otras latitudes, así pasaron desapercibidos millones de dólares producto de la corrupción de Venezuela.

“Lo que sucedió con los 'Varelaleaks' confirma lo anterior. Se manipuló el poder judicial, no para hacer justicia, sino para facturar cuentas, perseguir a grupos económicos y políticos adversos al gobierno de turno, e intervenir desde el Ejecutivo en los casos judiciales difuminando la independencia que debe primar en el órgano investigador”.

Lo que sucedió con los Varelaleaks confirma lo anterior. Se manipuló el poder judicial, no para hacer justicia, sino para facturar cuentas, perseguir a grupos económicos y políticos adversos al gobierno de turno, e intervenir desde el Ejecutivo en los casos judiciales difuminando la independencia que debe primar en el órgano investigador.

Bien lo señala el Consejo Nacional de la Empresa Privada: las filtraciones evidencian cómo desde la empresa privada se trafican influencias o atacan a posibles competidores, los chantajes protagonizados que buscaban favorecer o perjudicar a algunos, develando escenarios previamente consensuados en el círculo de poder y una justicia selectiva reprochable.

La negociación del acuerdo de colaboración con la empresa más corrupta del continente, Odebrecht, liderado por el entonces presidente Varela, su hermano José Luis Varela y la procuradora de la nación, Kenia Porcell, confirman que en este país todo se negocia y se limpian las responsabilidades. La investigación insignia del Ministerio Público ha quedado inconclusa, con un acuerdo de colaboración en entredicho que da la impresión de haberse confeccionado a la medida del acusado y no de la justicia.

No es un escenario fácil, pero el no querer saldar cuentas también hace cómplices a quienes aún no han cometido delitos, solo por omisión. Mientras que la corbata tape la mancha, permite que la camisa siga cada día más pringosa y que nadie haga nada.

Después se presentaron elementos producto de la presión internacional que dejaron a Panamá en medio de una lucha de fuerzas de las grandes potencias, China y Estados Unidos que provocaron roces entre Panamá y su aliado histórico que percibía las relaciones con el asiático como una “asquerosa realidad”, un acto prácticamente de traición que enfrió las relaciones entre Panamá y Washington.

Ahora todo esto ocurre en un panorama económico preocupante, un país que requerirá de más préstamos para salir del hueco financiero, que roza un déficit autorizado del 3.5% para la vigencia fiscal de este año.

La tarea del gobierno radica, entre otras tantas, en democratizar la economía y abrir un compás transparente para la participación de otros actores, con reglas claras en las que puedan competir en iguales condiciones y no frente a oligopolios que impiden el acceso a nuevos actores al mercado. Da la impresión de que un sector económico del país insiste en bloquear los cambios necesarios para el desarrollo y equilibrio social.

Existen grupos serios económicos, sociales, políticos, educativos, que deben empoderarse y tomar la batuta, porque de no hacerlo, el país queda en manos de pillos. No solo es un llamado a los poderes fácticos, sino a la ciudadanía en general, no necesariamente en defensa de sus propios intereses, porque el mejor interés particular es el que redunda en la colectividad.

Los Varelaleaks brindan al gobierno una oportunidad para presentar un oferta que adecente la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento de un probo Procurador(a) de la Nación que otorgue un respiro al sofocado sistema judicial. Es momento de limpiar la mesa.

Sin embargo, el partido en gobierno tiene que entender el rol que juega en esta coyuntura histórica. No puede perder el norte, debe rescatar su fuerza orientadora de la sociedad, y organizar un plan nacional alejado de sus propios intereses económicos.

La necesidad de forjar un pacto o compromiso con los actores interesados que comprendan la importancia de los cambios que demanda la nación.

La clase popular también ha caído en una mentalidad clientelista que defiende la política de subsidios, no reconoce deberes, y en general, prima una actitud de rapiña que de no ponérsele freno acabará con el país.

Parece persistir el statu quo, una mentalidad rentalista desde el más humilde hasta el más aristócrata. Es necesario emprender, liderar cambios y estimular a la población. Pare ello existen dos maneras de hacerlo, con un ambiente propicio o con una crisis. Todo dependerá de qué tan sigilosos seamos al momento de mirar la mancha debajo de la corbata.