Absoluciones en casos de alto perfil dominaron el año

El 2019 fue un año muy agitado en materia judicial que, por las expectativas que se habían generado en las investigaciones de alto perfil a cargo del Ministerio Público y los resultados alcanzados, ocasionó un cuestionamiento de doble vía frente a los fallos de los tribunales, y la preparación de los fiscales para probar sus acusaciones en los jueces.

Por otra parte, estadísticas del Ministerio Público, hasta el 30 de noviembre, registran 2,128 casos en la Fiscalía Superior Anticorrupción. En este despacho hubo 23 prórrogas, 12 reaperturas y 21 entradas de reingreso.

Se presentaron también 18,906 denuncias por violencia doméstica y 2,852 por maltrato de niño(a) o adolescente. En materia de delitos ambientales, se investigaron 345 casos, de los cuales 154 se originaron por denuncias, 179 de oficio y 12 por querellas.

Un tribunal de juicio sentenció a 60 meses de prisión a Gilberto Ventura Ceballos por los delitos de asociación ilícita para delinquir y evasión del centro penitenciario La Joyita.

Ceballos fue el autor del secuestro y homicidio de cinco jóvenes chorreranos, delitos por los que fue condenado a 50 años de prisión en 2018.

Era uno de los casos más emblemáticos que intentó poner tras las rejas a un expresidente. La fiscalía debía acreditar, con la carga de pruebas heredada de la Corte, que por órdenes de Martinelli se interceptaron cientos de comunicaciones en forma ilegal en el Consejo de Seguridad entre los años 2012-2014. El caso generó gran expectativa en la opinión pública por ser el primero en su clase. El juicio demoró cuatro meses y estuvo precedido por un periodo de admisión y rechazo de pruebas en 2018.

El Ministerio Público citó a 35 testigos entre los que figuraban víctimas, funcionarios de la Contraloría, del Consejo de Seguridad Nacional y 5 peritos, de un total de 78 testimonios programados.

Renunció al resto, según los fiscales por estrategia legal, pero los querellantes retomaron la lista de la cual citaron al exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López, quien compareció, y al expresidente Juan Carlos Varela, victima en el proceso, pero que nunca se presentó ante el tribunal porque no recibió la boleta de citación.

La defensa del exmandatario sembró la duda en el tribunal sobre la responsabilidad que cabía a su cliente por los delitos que se le achacaban. La decisión unánime del tribunal conformado por Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara, cayó como un balde de agua helada para los fiscales y los querellantes, quienes esperaban escuchar un veredicto a su favor.

No bastó el testimonio de las víctimas, que en algunas ocasiones señalaron directamente al acusado de ser el autor intelectual de los pinchazos, relataron secuelas psicológicas, detalles íntimos que ocurrían en sus residencias pero que de alguna manera trascendían las paredes. Otro describió cómo unidades del Consejo de Seguridad lo vigilaban casi a toda hora, lo siguieron y le enviaron mensajes en su teléfono.

Durante el juicio se desarrollaron incidentes que pusieron en duda la veracidad de las evidencias, la cadena de custodia, y quién realmente había recopilado la información sensitiva de las víctimas. El tribunal cuestionó las declaraciones del testigo protegido de la fiscalía, quien no supo otorgar una razón válida del por qué aparecía el nombre de Rolando López como autor de los correos que guardaban la información de los pinchazos. Además insistió que la defensa no tuvo acceso a los 7 cuadernillos que contenían la información sensitiva de los pinchazos, y descartó pruebas recogidas en la fase inicial del proceso por violación a la cadena de custodia.

El fallo fue recurrido por los querellantes, que presentaron un recurso de casación en contra de la decisión.

El Ministerio Público interpuso dos oposiciones. La defensa del expresidente Ricardo Martinelli también, una al recurso de los querellantes, y otra en contra de la anulación que presentó el Ministerio Público. Estos recursos están en trámite.

Las fiscales anticorrupción Zuleyka Moore, Tania Sterling y Ruth Morcillo, presentaron un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Segundo Tribunal Superior confirmara la decisión del juzgado 12 en no extender el plazo de investigaciones del caso de corrupción más escandaloso de sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht a políticos.

Sobre la posibilidad de abrir otro caso para culminar el faltante, las fiscales esgrimieron que no se encontraban habilitadas para iniciar una nueva pesquisa que se sumaría a los expedientes existentes. La Fiscalía no investigó varios periodos gubernamentales.

La fiscalía presentó cargos a 10 exfuncionarios y 72 particulares. La empresa había accedido a un acuerdo de colaboración en agosto de 2017 y pagar una multa por $220 millones en diez años, pero no comprobó la veracidad de la información de la constructora.

El contenido de los mensajes abrió una ventana a la opinión pública sobre la forma en que Varela manejó las finanzas, la extraña relación con la procuradora Kenia Porcell, el poco respeto al rol de los medios que se evidenció con insultos a periodistas, constantes solicitudes a Stanley Motta, accionista de TVN, para controlar el contenido editorial, la activación del call center, y la injerencia del Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia, entre otros.

Entre las conversaciones se evidencia una entre el exmandatario con su hermano José Luis 'Popi' Varela, que muestran: una afable relación con André Rabello, ejecutivo de la filial de Odebrecht en Panamá, momentos en el Ministerio Público se prestaba a firmar varios acuerdos de colaboración eficaz con la constructora.

Para lograr ese acuerdo fue necesaria una triangulación en la que participaron el expresidente Juan Carlos Varela, su hermano y diputado José Luis “Popi”' Varela y la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell.

La conversación entre 'Popi' y su hermano ahora expresidente, refleja prisa por firmar los acuerdos y ocultarlos del ojo público. En el trayecto, Rabello aireó graves señalamientos sobre los hermanos Varela, que la procuradora Kenia Porcell desconocía. Una forma de chantaje para modificar el acuerdo a su conveniencia. Después de conocer el camino que supuestamente derivó en el acuerdo final, quedó la duda de su contenido y lo suscrito por Porcell. En las revelaciones del sitio Varelaleaks.com, el expresidente Varela señala que al final la multa a la empresa la paga el mercado, o los países.

Saint Malo fue trasladado a un centro penitenciario luego de que el Tribunal de Apelaciones revocara el beneficio dado al empresario de sustitución de pena por trabajo comunitario. La defensa del también hermano de la exvicepresidenta Isabel Saint Malo, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías contra la decisión del Tribunal de Apelaciones.

La población quedó a la espera de una comunicación formal por parte de Porcell, quien prefirió anunciar su dimisión en un medio radial. Los mensajes entre Porcell y Varela eran más que simples comunicaciones de armónica colaboración.

La conversación ilustraba cómo Porcell intervenía en asuntos gubernamentales fuera de su competencia y el Presidente influía en procesos judiciales. Entre los temas airados había de corte político, diplomático, política exterior, actividades de los diputados, o la asesoría de Porcell a Varela sobre cómo debía manejar a los medios, las consultas que se hacían con ciertos magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre investigaciones puntuales de corrupción.

El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del sacerdote David Cosca en el delito de homicidio en perjuicio de Eduardo Calderón, asesinado en un hotel de la localidad producto de un trauma craneoencefálico severo. El polémico hecho que ocurrió en julio de 2018, puso a la Iglesia en el ojo del huracán por la posible participación del religioso en el hecho. En los Varelaleaks existen registros fotográficos que muestran al padre Cosca entrando y saliendo de la habitación número 47 del hotel, en la que se hallaron manchas de sangre en toallas, sábanas y fundas. Por este crimen paga condena Hidadis Santos, por su participación como autor.

Tras una maratónica audiencia el juez removió los cargos al al exdirector del PAN, Giácomo Tamburelli, por el delito de peculado doloso y al exdirector de nutrición de la misma institución, Ángel Famigletti, por los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica. Ruben De Ycasa, propietario de LerkShore International Limited, empresa que vendió el producto, fue absuelto de peculado y se dictó la prescripción del delito de fraude en actos de contrataciones públicas a petición del fiscal de descarga, Adecio Mojica, quien actuó en representación del Ministerio Público. La exministra de Educación, Lucy Molinar, y el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, fueron absueltos por el delito de peculado culposo.