IBT Group pide al MINGOB respetar la seguridad jurídica

La empresa IBT Group Panamá que integra el consorcio Cefere, acusó al Ministerio de Gobierno de no tener la disposición para avanzar en el proyecto de construcción del Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación, luego de que la entidad la inhabilitara por tres años para suscribir contratos con el Estado y anulara el contrato para la construcción de esta obra.

Para tomar esta decisión el MINGOB consideró que la empresa reafirmó su desinterés en finalizar el proyecto que le fue adjudicado a un costo de $27.6 millones.

Según el MINGOG, el contratista no ha dado muestra de buena fe contractual, lo cual denota desatención al objeto contractual adjudicado y la viabilidad para la inhabilitación.

No obstante, la empresa se defendió de los argumentos emitidos por el MINGOB y explicó que desde el inicio de la obra, y luego de las constataciones en campo, se puso de manifiesto la necesidad del cambio de la ubicación de la parcela del proyecto por razón de que en la ubicación original no se podía construir por prohibición expresa de la ley 1 de 3 de febrero de 1994 (por contar con cuerpos de agua).

Detallan que aunque IBT propuso tres terrenos alternativos ninguno de ellos fue aceptado por el MINGOB, que recomendó una cuarta parcela para construir el proyecto. La empresa asegura que dicho terreno “impuesto” acarrea ciertos costes, por tener un arroyo que hay que desviar, y que el MINGOB se niega a reembolsar, a pesar de que instó a la empresa de buena fe a que comience los trabajos mientras se resuelve la situación y para aprovechar la época seca.

“La ubicación actual no cuenta con respaldo contractual toda vez que la ubicación contenida en el pliego de cargos (que forma parte del contrato) es distinta a aquella en que se ejecutan las labores constructivas”, comunicó la empresa.

De igual manera se informó que el MINGOB pidió al consorcio que se modifiquen y amplíen 24 de los 31 edificios con respecto al pliego de cargos y la oferta adjudicada tras cuatro meses de negociaciones de definición del proyecto. 

“Estos cambios solicitados hace dos años aún no han sido reconocidos contractualmente para su correspondiente cobro”, destaca IBT.

También señalan que la ingeniera encargada del diseño requiere un tiempo adicional para adaptar el proyecto y también se pide que el municipio apruebe dichos planos como requisito previo para iniciar con la construcción de la infraestructura.

“Esto último es contrario al método constructivo “Fast Track” pactado por las partes en el contrato, mismo que consiste fundamentalmente en que el proceso constructivo se puede ir realizando de forma paralela al desarrollo de los planos e iniciar el proceso de construcción de forma casi simultánea, independientemente de la aprobación del proyecto definitivo o permisología requerida en la obra (deben ser obtenidos, pero no es condicionante para iniciar construcción)”, enfatiza la empresa.

Plantean que la incertidumbre resulta no solo del cambio unilateral de los términos contractuales, sino también del hecho de su aplicación "discrecional y arbitraria”.

Asegura la empresa que estas peticiones y pasos del MINGOB toman 11 meses adicionales, y a la fecha no están documentadas, de manera que el consorcio pueda cobrarlos. 

Ante estas circunstancias de cambios, desconocimiento unilateral del método constructivo (“Fast Track”) y falta de pago es injusto acusar a la empresa de retrasos”.

Aseguran además que el consorcio le ha indicado numerosas veces al ministerio que no puede continuar realizando trabajos indefinidamente sin que estén contemplados en el alcance del contrato y sin que el MINGOB formalice la correspondiente orden de cambio, lo cual a la fecha sigue sin suceder.

Explicaron que fruto de estas circunstancias y otras externas (huelga del sector) el consorcio solicitó se formalice ampliación de plazo, para lo cual se otorgan tan solo 12 meses adicionales, pero sin la formalización del alcance real del proyecto (mayores áreas) ni el traslado de partida presupuestaria que permite pagar las cuentas.

“Es irreal pensar que las empresas y los trabajadores pueden hacer los proyectos sin cobrar. Según el contrato se tiene que generar una cuenta de avance por mes y la empresa solo cuenta con ocho cuentas de las 24 que debería tener y de esas ocho solo se han pagado cinco”.