¿Idoneidad vs nacionalidad?

La Cámara de Comercio encendió el debate sobre la liberalización de las profesiones de médico, abogado, ingeniero y arquitecto. Los gremios de los mencionados rechazaron la idea, tajantemente.

El domingo pasado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en su artículo de opinión dominical acostumbrado, expuso la “urgencia de atraer talento del extranjero” como parte de las necesidades que exige el crecimiento económico. Todo esto basado en la sugerencia del economista Ricardo Hausmann, quien disertó en Panamá sobre los retos económicos y lanzó un par de sugerencias.

La Cámara replicó el análisis de Hausmann con respecto a la necesidad de cambiar el modelo progresivo por actividades más complejas o sofisticadas, levantar la restricción de ingreso de talento extranjero y promover un cambio de la cultura para asimilar a los que llegan como aliados y no competidores. “Los países exitosos son los que compiten por talento”, citan los comerciantes.

Los primeros en expresar su oposición a través de un comunicado fueron los abogados, quienes insistieron en que el meollo del asunto no está en abrir el mercado, sino en preparar mejor a los estudiantes en las universidades.

El presidente del gremio, Juan Carlos Araúz, criticó la mercantilización de la profesión que empieza en las aulas de educación superior.

Alegó, además, que la propuesta de los empresarios se hizo sin un previo análisis técnico que determine en qué plazas se requiere talento, “simplemente es abrir por abrir”, dijo. Lo que plantea la Cámara es para el tema educativo, pero para dar cátedra no hay restricción de nacionalidades. “Las universidades pueden contratar al personal que quieran, pero no lo hacen porque entre menos gastan o invierten en la formación, es mejor para ellos, terminan operando como empresa privada, por lo que no hay un compromiso de formar un mejor talento”, insistió Araúz.

Agregó que los salarios desalientan a los profesionales, y desmotivan el traslado de los catedráticos a Panamá para dar clases, “al final el Estado es quien debería formar”, sugirió.

La idea tal vez requiere de un punto medio. René Quevedo, consultor empresarial, parte de la premisa de que un sector de la educación está divorciado de la realidad, “no puede generar la mano de obra que se requiere porque estos dos sectores prácticamente no se hablan”, acotó.

La posibilidad de flexibilizar algunas profesiones tiene sentido para Quevedo. “Hay ocupaciones donde la tecnología está avanzando y en nuestras universidades no están a la par. Estaría dispuesto a flexibilizar por cierto tiempo el ingreso de extranjeros, orientado a transferir tecnología y conocimientos, pero por algo que se pueda medir”, manifestó el consultor.

La excusa de que la llegada de especialistas de otras latitudes generará más desempleo e informalidad no cabe en el concepto de algunos entrevistados por este diario, quienes alegan que estos dos factores ocurren ya en nuestro país por cuestiones internas.

Domingo Latorraca difiere personalmente de la postura de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). Para el ingeniero industrial, la competencia es bienvenida. Recurrió nuevamente al tema de la preparación en las universidades y recordó que no están a “los niveles que deberían estar, desde hace años, los análisis de desarrollo humano, desarrollo social y competitividad, apuntan a que el país tendría grandes oportunidades de mejora si estuviéramos capacitados”, dijo Latorraca.

En cambio, la SPIA hizo mayor énfasis en que se respete lo estipulado en la Ley 15 del 26 de enero de 1959, que permite la contratación de profesionales extranjeros en el campo de la ingeniería y la arquitectura con fines limitados a dicha especialización, siempre y cuando se compruebe ante la junta técnica que no hay profesionales panameños idóneos para tales servicios. Y añadió: Si el período para el cual se contrate a un profesional extranjero excede los 12 meses, la entidad contratante estará obligada a contratar a un profesional panameño para que reciba el adiestramiento necesario, de modo que pueda sustituir al extranjero al término de su contrato.

Los médicos por un lado dicen dar la bienvenida a los foráneos, pero solo en las especialidades en las que no hay personal. Julio Osorio, secretario de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), negó que haya déficit de especialidades. Citó que en “Panamá hay 6,300 médicos, entre generales y especialistas, y la Organización Mundial de la Salud recomienda que deben haber 21 personas, entre médicos enfermeras y técnicos, por cada 10 mil pacientes, y estamos alrededor de 22.3 y 22.5 por cada 10 mil pacientes”.

Luego describió que otro de los problemas por los que se percibe la carencia de galenos especialistas es porque los pacientes acuden a ellos en vez de revisarse con un médico general. “En un sistema de atención primaria fuerte no se requiere de tantos especialistas, porque el médico general debe resolver el 80% de las consultas, pero no se resuelve ni el 30% de la demanda aquí, por lo que se tienen que ir al sector secundario”, explicó Osorio.

Volviendo a los abogados, estos ven con atención que existe una práctica solapada de abogados y firmas extranjeras que utilizan a los locales que ofrecen sus servicios de forma ilegítima. Araúz dijo que en los últimos años han encontrado abogados nacionalizados, que habiendo cumplido los requisitos de ley, ostentan idoneidad profesional de abogado en Panamá, y así hay colegiados que no son panameños, pero que por razón de orden y control deben someterse a los rigores de la ley para tener acceso a la idoneidad de abogado.

La Cámara se anticipó al cambio que requiere el país para posicionarse en la región y el mundo con profesionales que aporten al país.