Ley General de Cultura: realidades y expectativas

Pasada la polémica entre el Ministerio de Cultura y algunos patronatos que levantó pasiones a fines del año pasado, el Ministerio de Cultura se apresta a concretar una Ley General de Cultura, que en otras palabras, democratizaría “lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos“ y devolvería al Estado —ahora en la figura del Ministerio de Cultura— una mayor supervisión de patrimonios históricos, que en pasado delegaron en patronatos.

Si bien el radio de acción de los patronatos del Teatro Nacional, el Museo Reina Torres de Araúz, Panamá La Vieja y Portobelo fue el punto álgido de la propuesta de ley del diputado oficialista Héctor Brands, la propuesta para una ley general de Cultura (presentada el 27 de enero de 2020 por el mismo diputado), abarca muchos aspectos más, desde deberes hasta derechos culturales.

La iniciativa está pendiente de primer debate mientras la Comisión de Educación, Cultura y Deporte inició una gira de consultas, de las cuales esta semana se realizó la cuarta de ellas en Chiriquí. Previamente se hicieron en Colón, en Herrera y en San Félix. La próxima semana continuarán en otras áreas, confirmó el ministro de cultura, Carlos Aguilar, quien pronosticó que para fin de mes podría iniciar el primer debate de la ley.

Tras esclarecer que la cultura constituye la dimensión fundamental y constitutiva de la sociedad, que articula los procesos sociales y crea los vínculos entre las personas, pueblos y países, la propuesta legislativa reconoce que a pesar de la importancia central de la cultura, el Estado panameño arrastra una deuda de varias décadas con la ciudadanía. El no contar con una ley general de cultura ha dado lugar a “una dispersión normativa, coyuntural y parcializada que lejos de constituir un cuerpo jurídico coherente, ha debilitado notablemente la gestión pública de la cultura”.

El instrumento legal aspira ser entonces un eje transversal de las políticas públicas y acciones intersectoriales relativas a temas culturales, que a su vez servirían de marco para un Plan Nacional de Cultura.

Los tres principales pilares reconocidos en el documento se basan en la protección del patrimonio cultural material, inmaterial y el paisaje cultural, la construcción de infraestructura para fines culturales y la incorporación de la tecnología a la creación cultural.

Además, crea un Fondo Nacional de Cultura que financiará —parcial o totalmente— proyectos culturales elegidos en concursos públicos. Por otro lado, incentiva al sector privado con un certificado de fomento cultural que reembolsa el 35% de la suma invertida o donada para tal fin, con el propósito de que puedan aplicarlo a impuestos y/o tasas nacionales o municipales.

La nueva propuesta para una Ley General de Cultura reemplaza la iniciativa original de Brands donde específicamente se establecía el marco regulatorio para los patronatos que administraban inmuebles culturales, y si bien abarca toda la narrativa cultural, desde derechos culturales, garantías y desarrollo sostenible hasta economía creativa, entre otros, el punto medular sigue siendo el de la reorganización de los patronatos que administran el Teatro Nacional, el museo antropológico Reina Torres de Araúz, el conjunto monumental de Panamá la Vieja y el conjunto monumental de Portobelo y San Lorenzo.

Los patronatos son entes que dirigen una organización o administran un bien del Estado. Se crean mediante una ley especial que crea y define su máxima autoridad. Se diferencian de las fundaciones en que ningún particular puede crear un patronato por cuenta propia, sino que tiene que haber un bien común de por medio. “Es una especie de descentralización” explicó el abogado Ernesto Cedeño.

Los cuatro patronatos en mención, se crearon con una ley especial cada uno. Todos reciben fondos del Estado, en su momento del Instituto Nacional de Cultura y hoy del Ministerio de Cultura. Todos delegan en su Junta Directiva el control absoluto de la administración y las decisiones que toman en pro de la conservación y explotación del bien material que administran.

El Patronato del Teatro Nacional por ejemplo, fue creado mediante Ley 16 del 20 de abril de 2017. Se define como “una entidad jurídica de interés público y social, sin fines de lucro, con personería jurídica, patrimonio propio con facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones y autonomía en su régimen administrativo y financiero”.

Incluso, el artículo 4 de esa ley, establece que “el patronato podrá hacer uso de la estructura, objetos y obras de arte, así como el mobiliario que contempla el teatro nacional, incluyendo bienes que adquiera en el futuro. Todo traslado o venta que se haga de esos bienes deberá ser publicado en la página electrónica del patronato”.

El patronato del museo Reina Torres de Araúz —cerrado actualmente— fue creado a través de la Ley 17 del 20 de abril de 2017. Y si bien ambos patronatos reservan algunas sillas para funcionarios en la junta directiva, la mayoría se reservan para “benefactores con solvencia económica y moral”, sobrepasando en votos cualquier iniciativa gubernamental que no tenga su beneplácito.

El Patronato de Panamá Viejo tiene una figura similar. De seis puestos que tiene la junta directiva, cuatro están reservados para entidades privadas que forman parte del patronato.

La nueva propuesta de ley que adelanta el diputado Brands establece que las tarifas de los servicios (entradas, etc) de cada lugar administrado bajo los cuatro patronatos sean aprobados previamente por ese ministerio. Además, prohíben enajenar cualquier estructura, objeto u arte que sea patrimonio histórico y/o cultural que esté bajo su administración.

Sobre las juntas directivas, integrarían participación de la sociedad civil y la academia, figura que no garantiza la ley vigente. Ingresarían tres miembros nuevos, un representante de los gremios y asociaciones de profesionales relacionados a la cultura, el segundo será un miembro de la comunidad adyacente a los patronatos y el tercero deberá ser una autoridad local.

De aprobarse, los fondos que hoy reciben dichos patronatos, su esquema tarifario y los estatutos internos deberán pasar por el tamiz del Ministerio de Cultura, que al migrar de instituto a ministerio, cuenta con un presupuesto mucho mayor.

La reacción de la ciudadanía en las consultas emprendidas, según fuentes oficiales, han sido 'opiniones encontradas'. Especialmente en el tema del traslado de la Escuela de Bellas Artes hacia el Ministerio de Educación, los educadores se oponen y piden que se quede en el Ministerio de Cultura. En general —dicen— el impacto es “positivo”.