Congelamiento de compromisos bancarios y pago de servicios públicos, en manos del pleno legislativo

Los proyectos de ley impulsados por diputados de diversas bancadas legislativas con miras a enfrentar la pandemia de Covid-19, tanto en materia de salud como en materia económica, se empiezan ya a discutir en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

Esta tarde se aprobó en segundo debate el proyecto de ley 280 impulsado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames con miras a legalizar y adicionar las diversas normas sanitarias ya implementadas por el Ministerio de Salud para afrontar esta crisis.

El proyecto establece que entre las medidas mínimas que pueden adoptar las autoridades de salud, con el fin de prevenir situaciones sanitarias de riesgo de contagio de nivel comunitario están: El cierre temporal de locales o lugares que conlleven a la aglomeración de personas como: bares, discotecas, cantinas, pubs, tabernas, parrilladas, discotecas, casinos, salas de fiesta y banquetes, espacios recreativos infantiles, locales de apuestas, billares, terrazas.

Las mismas medidas se implementaran para : los bolos, circos, espectáculos, locales de exhibiciones, manifestaciones folclóricas o artesanales, cines, teatros, auditorios, museos, obras de teatros, centros de convenciones y todo tipo de clubes nocturnos, incluyendo los existentes dentro de hoteles, complejos residenciales, complejos de playa o de campo que sean privados; ente otros.

De igual manera, se ordena el cierre temporal de las áreas comunes tales como: jardines, piscinas, áreas de recreación, salones de juegos y de fiestas en los edificios, complejos habitacionales, casas o domicilios particulares o propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal y queda prohibida la realización de fiestas o celebraciones en los mismos, al igual que en los apartamentos o casas.

El diputado Adames expresó que esta ley establece criterios sanitarios, pero se refirió a las medidas económicas que prontamente debe discutir el pleno legislativo y que hay que implementar para afrontar esta crisis.

“El pueblo panameños lo que quiere saber es si se va a permitir una moratoria en el pago de los servicios públicos, en los créditos personales, no si se autoriza una dispensa fiscal al Gobierno o que se utilice el Fondo de Ahorro de Panamá, con lo cual yo sí estoy de acuerdo que se utilice. Esta no es una medida antojadiza, el uso de este fondo está claramente definido en la ley”, precisó.

“Vamos a debatir en torno a los problemas del pueblo panameño. Permitamos una moratoria a favor de la población en el pago de los servicios de luz eléctrica, de esas empresas eléctricas, de empresas mineras que vienen con contratos leoninos desde el tiempo de Pérez Balladares”, indicó Adames.

La también perredista Zulay Rodríguez, quien avaló el proyecto de ley 280 sobre las medidas sanitarias, cuestionó a las empresas eléctricas ante la posibilidad de que le rebajen el 5% en la tarifa de luz a sus clientes.

“Porqué estas empresas eléctricas no le dan la moratoria, porqué no dicen esas hidroeléctricas que no le pagan impuestos al Estado y porqué no le pagan el Estado por el agua de los lagos y ríos. Yo les digo a estas hidroeléctricas, donen lo que le han robado al pueblo panameño en todos estos años”, enfatizó.

Una vez aprobado este proyecto 280, el pleno se disponía a discutir el proyecto 281 impulsado por la diputada de Cambio Democrático (CD), Ana Giselle Rosas, sin embargo cuando se le daba lectura del mismo, el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero repentinamente decretó un receso hasta mañana, a pesar de que la diputada Zulay Rodríguez previamente le solicitó a sus colegas quedarse en sus curules para discutir esta iniciativa.

El proyecto 281 incluye dentro de sus artículos la obligatoriedad para la Superintendencia de Bancos de Panamá en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas de adoptar las medidas para suspender los pagos de hipotecas y otros compromisos bancarios, para todas aquellas personas que puedan acreditar una baja en su liquidez que imposibilite el pago de estas obligaciones, producto de los efectos causados por la pandemia de coronavirus.

El plazo para la suspensión de estos pagos no sobrepasará los 30 días luego de levantada la Emergencia Nacional Sanitaria, decretada por el Consejo de Gabinete. 

La propuesta incluye otras medidas como la que faculta a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), garantizar que durante el periodo de vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria no se le suspenda a nadie los servicios públicos indispensables como agua potable, luz eléctrica y telecomunicaciones. 

Además de estos proyectos la diputada y presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, Cenobia Vargas, devolvió al pleno el proyecto de ley 287 impulsado por la diputada Zulay Rodríguez para suspender por 90 días prorrogables el cobro de deudas bancarias y el proyecto de ley del diputado Raúl Pineda con miras a exonerar a la población del pago de los servicios públicos de luz, agua y telefonía por un período de cuatro meses, mientras dure la emergencia nacional sanitaria causada por el Covid-19. 

Esta propuesta también incluye la exoneración por el mismo período de cuatro meses del pago los peajes por los corredores Norte y Sur, para los servicios públicos de transporte de taxis y buses.      

La directiva de la Asamblea aprobó modificar el horario de sesiones por lo que este martes los diputados fueron convocados para sesionar a las 9:00 a.m. en el primer llamado o desde las 9:30 a.m. para el segundo llamado.