Cambios a ley de contrataciones públicas, en espera de sanción o veto del Presidente Cortizo

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, se ha tomado su pausa para sancionar o vetar el proyecto número 10 que reforma la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas.

El proyecto fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 11 de marzo, sin embargo, transcurridos ya 25 días, el documento aún no ha sido sancionado por el mandatario para promulgarlo y convertirlo en ley de la República.

Según fuentes del Ejecutivo, el documento está siendo rigurosamente analizado por el equipo legal del Ministerio de la Presidencia, que luego remitirá un informe de este análisis al mandatario.

El proyecto se mantuvo por más de cuatro meses en consultas en la Comisión de Comercio de la Asamblea, en medio de polémicas propuestas de modificación y de diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo por estas modificaciones.

Fue tal el retraso que el presidente Cortizo hizo un llamado a los diputados "a pisar el acelerador" para la discusión y aprobación de esta ley. “No podemos seguir con reclamos indefinidos que paralicen las obras que la población necesita”, dijo.

El mandatario también anunció en su momento al Cuerpo Diplomático acreditado en el país que en marzo estaría aprobada la nueva ley de contrataciones públicas que daría certeza jurídica a las inversiones.

El proyecto de 66 artículos, finalmente fue aprobado por el Legislativo con algunas modificaciones, una de ellas pone una limitación de tiempo en la incapacidad legal para contratar a empresas condenadas por corrupción.

Se estableció que: “En el caso de las personas jurídicas, la incapacidad legal para contratar se extenderá a un máximo de cinco años, cuando sean condenadas por sentencia judicial definitiva” por los delitos contra la administración pública; delitos contra el orden económico; delitos contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos contra la fe pública.

También se aprobó la incapacidad legal para contratar a “quienes realicen acuerdos de colaboración judicial o de pena, en donde reconocen la comisión de delitos contra la administración pública; delitos contra el orden económico; delitos contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos contra la fe pública”.

En este caso, como el proyecto no es retroactivo, las empresas que ya tienen un acuerdo con el Estado podrán seguir contratando con el Estado.

Los cambios a la ley de contrataciones públicas y la ley que regula las Asociaciones Público Privadas (APP), ya sancionada por el Ejecutivo, han sido catalogadas por el presidente Cortizo Cohen como normas claves para la generación de empleos. 

Incluso el desarrollo de proyectos de infraestructura, a través de las APP es visto en estos momentos de crisis sanitaria y económica, como pieza clave para ayudar a la economía que se ha visto golpeada por la pandemia de coronavirus que actualmente afecta a Panamá y el mundo.