Plantean elevar la tecnología como un derecho humano

Implementar la educación virtual sin tener una estadística, aunque sea aproximada, de la cantidad de alumnos que poseen una computadora, una tableta o acceso a internet, parece un esfuerzo inútil.

El país carece de estos datos mientras en el mundo la tecnología avanza a pasos agigantados y acelerados.

La crisis del Covid-19 ha evidenciado las grandes carencias y desigualdades en el sistema educativo, pero también ha dejado al descubierto importantes oportunidades para mejorar y continuar su implementación a futuro en cuanto a la educación a distancia.

Este vacío de información, que describen los docentes consultados por La Estrella de Panamá, muestra una profunda brecha entre los colegios particulares y los oficiales, que posteriormente se concreta en las oportunidades que tienen los estudiante para aspirar a un empleo, o sumarse a la informalidad. Mientras los primeros, que ocupan un 12% de la población estudiantil, buscan la forma de ofrecer clases virtuales aún con posibilidad de mejoras, los segundos no ven ese horizonte en estos tiempos de pandemia.

Las plataformas virtuales educativas llegaron para quedarse, pero para que sea un proyecto exitoso el Ministerio de Educación debe adecuar la legislación y dictar los principios rectores. Por ejemplo, la modalidad virtual no debe desconocer el estado de satisfacción de la salud mental de los padres de familia y de los estudiantes. Estar frente a una computadora no es lo mismo que tener al docente enfrente.

La enseñanza virtual es posible, como ocurre en cientos de países, a pesar de que en Panamá no estamos familiarizados. Por tanto, la crisis de Covid-19 es una coyuntura eficaz para echar a andar y reglamentar esta forma innovadora de aprender en cualquier nivel escolar y en las universidades.

Hace unos días, el Meduca y miembros del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), integrado por nueve sectores entre los que se incluyen gremios magisteriales, sociedad civil, trabajadores, padres de familia y estudiantes, sostuvieron una reunión virtual con expertos en temas educativos de las Naciones Unidas en la que coincidieron en la necesidad de elevar la tecnología a un derecho humano para esta y las próximas generaciones. Uno de los primeros pasos es lograr una cobertura eficiente de internet en todo el país, previo acuerdo con los proveedores, y buscar alternativas para los sitios apartados.

La forma en que tendrían acceso los alumnos a la red es un asunto que en este momento no se define. No obstante, se debe contar con un estudio sociológico de los estudiantes, y los hogares donde viven, para entender su realidad. Esto permitirá no solo saber si tienen acceso a las herramientas virtuales, sino profundizar en la realidad social de su entorno: con quién viven, por qué faltan a la escuela, cuántas veces al día comen, así como otras variables que pueden ser útiles para bajar los índices de deserción escolar, que el año pasado fue de 62%.

Durante la cita con los especialistas se propusieron varias ideas para dotar a los alumnos de las herramientas: donaciones o a través de celulares exclusivamente para uso educativo, adecuar el costo de computadoras o tabletas, entre otras.

Además de otros asuntos, se debatió acerca de la intervención y manejo de la pandemia. En este sentido, los participantes coincidieron en que se requiere de un marco conceptual que dimensione la oferta y la demanda y las áreas críticas del sistema (deserción, sobre edad, rezago escolar). No obstante, lo anterior debe estar concatenado con factores de bioseguridad (agua, salud mental y emocional y distanciamiento) y el currículum que se imparte en el plantel escolar además del calendario-jornada escolar, modalidades y aprendizajes alineados con los objetivos.

Como ejemplo ilustrativo de la importancia del tema de bioseguridad en tiempos de pandemia, de la totalidad de escuelas del país, 1,300 no tienen agua. Al hablar de bioseguridad este es un asunto vital. Por tanto, tendrán que generarse alternativas para que en las altas esferas del Gobierno se resuelva esta situación, pues la reapertura sin solventar la disponibilidad de agua pondría en riesgo un rebrote de Covid-19 con consecuencias devastadoras.

El profesor Antonio Castillo, representante de Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) ante Copeme, explica que junto con el Meduca se han trazado ciertos protocolos para actividades muy concretas: “proveer agua a todas las escuelas del país, distanciamiento personal y atención integral de salud; flexibilizar el currículum con calidad y equidad; capacitar a docentes en uso de tecnologías educativas; poner a disposición plataformas y modalidades de aprendizaje conforme a la región y cultura; el uso de medios de comunicación tradicional para llevar educación y mantener la equiparación de oportunidades de aprendizaje”.

Es muy probable que en el presente ciclo escolar se incremente el nivel de deserción debido a los estragos económicos que causa el virus, o por la extensión del ciclo escolar.

También surge la disyuntiva de la posibilidad de validar en este ciclo escolar dos semestres o trimestres, con el riesgo del rezago del temario que no logró impartir durante los meses de cuarentena.

El ciclo escolar sufrirá cambios. Se especula que podría extenderse hasta enero o febrero del año entrante, cuando empiezan nuevamente los periodos de cosecha y muchas familias de bajos recursos migran a estos lugares para ayudar en la recolección. Lo que lleva a pensar que el Meduca deberá sectorizar el año escolar según las costumbres, y la viabilidad de cada población según la región.

Aunado a esto, en respuesta a las normas sanitarias, es posible que cuando se ponga en marcha el programa de clases presenciales y se tome en cuenta el distanciamiento personal, podría limitarse el número de asistentes y los días de clase presencial, y de clases, tomando en cuenta que las aulas se copan.

Algunos profesores, como la dirigente magisterial Yadira Pino, de la Asociación de Educadores Veragüenses, proponen laborar los días festivos de noviembre para ganar tiempo; también sugiere añadir horas a la jornada escolar –proporcionando un almuerzo– para reponer el tiempo, o habilitar los sábados

A pesar de las ventajas tecnológicas, la educación virtual plantea un problema: cómo trasladar este tipo de enseñanza en una nueva modalidad y qué dosificación y disciplinas debieran considerarse. En este momento las escuelas operan bajo las plataformas administrativas que habían instalado los planteles. “En esto la Unesco ayuda a los gobiernos a diferenciar los estándares de una plataforma educativa como tal, y los estándares de cualquier otra plataforma. En nuestro país los planteles particulares han manejado una plataforma administrativa con adecuaciones educativas”, afirma Castillo.

Otra de las carencias que nos mostró la pandemia es la falta de supervisión del Meduca hacia los centros escolares.

“En el caso de la enseñanza, si no se daba la supervisión en la parte oficial, menos en la particular. Los padres de clase media pusieron en evidencia la situación de la enseñanza de las escuelas que reciben un subsidio del Gobierno. ¿En qué se emplea?”, se pregunta Pino.

Hay un espacio para verificar la ejecución del subsidio, ser más rígidos con los proyectos que presenten las escuelas, pues “si no se justifica ,no se lo deberían renovar. Sin supervisión de lo actuado no se puede volver a desembolsar ese subsidio”, añade Pino.

Al inicio de la pandemia, con el ánimo de continuar el derecho a la educación en el sector público, se adaptaron las clases por módulos que se asignaban por correo o por Whatsapp, pero según relata la dirigente magisterial, nunca se impartió una oficialidad a través de una plataforma colectiva del Meduca.

En tiempos en que la tecnología ha jugado un rol predominante en materia educativa, los maestros recuerdan que en las escuelas el internet es lento, y que la plataforma para alimentar de información a los estudiantes a veces colapsa, por lo que se limita para funciones administrativas, como el registro de notas. “Estas mínimas funcionalidades que puede tener una plataforma administrativa no es efectiva para sostenerse para otros usos”, asegura Pino.