Compras del Gobierno que dejan en entredicho los discursos de transparencia

Las evidencias han sido contundentes, se pretendió un negociado. La diferencia de precios (100 ventiladores a casi $49,000 dólares por unidad, cuando la referencia era de casi $5,000, es decir 9.8 veces más), constituye un asalto más a los fondos del Estado, que son del pueblo. Se trataba de un millonario sobreprecio en la compra de los respiradores en medio del Covid-19. Una compra a una “empresa no tradicional”, como manifestaba Juan Carlos Muñoz, ex viceministro de la Presidencia, pero ¿no dedicada a la salud? Muñoz declaró que “...las decisiones que se toman son de urgencia y no basadas en precios”, esto, a pesar de que uno de los criterios a considerar es el precio. Es urgente una investigación seria, que permita juzgar y condenar a los responsables, máxime cuando algunos medios de comunicación social han señalado que existieron otras contrataciones previas de este estilo. No se puede permitir que se utilice la pandemia para que funcionarios y empresas lucren, de manera ilegal, a partir de los requerimientos para hacer frente al Covid-19.

Fueron evidentes la falta de transparencia y los indicios de sobrecosto. El Gobierno jugó a defender esta contratación directa, enviando al ex viceministro de la Presidencia a dar explicaciones. Su postura estuvo cargada de arrogancia, sin sustento real de la adquisición (incluso en contradicción con el Minsa), desafiante e irrespetuoso con la población, lo que provocó reacciones adversas a la actuación gubernamental. Frente a esto “renuncia”, algunos dicen fue el “chivo expiatorio”. Las dudas: ¿Es el responsable de la transacción? ¿Qué papel jugaron sus superiores? ¿Es el único involucrado? El Ministerio Público anunció una investigación en torno al caso por el supuesto delito de peculado en la compra de los ventiladores. Esperamos una investigación real, con resultados, no solo al ex viceministro, sino también a todos los involucrados (corruptos y corruptores).

No hay esfuerzos para combatir la corrupción. Los negociados han sido suspendidos después de que los movimientos sociales han hecho denuncias en las redes, lo que deja la duda sobre las entidades que deben fiscalizar y controlar el quehacer público. Nadie ha sido suspendido para investigarlos, ellos “renuncian”. La renuncia parece ser la forma que se está utilizando para esconder la corrupción y a los corruptos, y en varias oportunidades se ha denunciado que quedan en chivos expiatorios. No existe certeza del castigo, lo que genera que las ilegalidades y la corrupción persistan en medio del coronavirus. Sin duda es un delito que ante tantas carencias que vive el pueblo en estos momentos, los recursos del Estado sean asaltados. Las declaraciones del Presidente y del Vicepresidente de la República no dan esperanzas de una investigación imparcial. En Twitter, Laurentino Cortizo expresó: “...Juan Carlos desempeñó una labor fundamental para garantizar el abastecimiento de equipo e insumos médicos de manera correcta, dentro de las condiciones actuales y la demanda mundial”; esto en medio de la demostración de otros suplidores a menor costo. La corrupción implica un costo económico y social que se le carga al pueblo humilde y trabajador.

La falta de transparencia en el actuar del sector público es recurrente. En medio del coronavirus, bajo el estado de emergencia nacional, se ha permitido flexibilizar aún más la fiscalización. Las contrataciones mediante el procedimiento especial de adquisición de bienes y/o servicios durante el estado de emergencia, declarado el 13 de marzo, parecen la puerta para la ejecución de contrataciones directas que muestran las lesiones a los recursos del pueblo panameño: contratos de publicidad, compra de gel, respiradores, medicamentos, armas y municiones, robot-CSS, hospital modular, entre otros; además, contratos de publicidad y clientelismo en la distribución de comidas y bonos de $20, actos que han sido denunciados y que la población ha logrado que se suspendan. La pregunta, como en toda política económica es, ¿quién se beneficia? Sin duda, la mayoría de los panameños no. Esto no es ruido como dice el vicepresidente Carrizo: “El ruido no nos va a distraer de nuestro verdadero objetivo”. Eso que llama ruido, es un reflejo de la profundización de la corrupción en tiempos de coronavirus, y genera mayor desigualdad social al mermar los recursos y nuestros impuestos para hacer frente a las vicisitudes de muchos panameños que hoy enfrentan el Covid-19 o que padecen hambre por el desempleo.

Desde hace varios años, Panamá aparece entre los países de América Latina como uno de los menos transparentes. Las instituciones que deben velar por la transparencia; parecen estar durmiendo el sueño eterno. La corrupción es galopante; corruptos y corruptores tienen clara la impunidad que existe en el país para los ladrones de cuello blanco. En medio del coronavirus, se presentan diariamente las cifras de detenidos en los barrios y comunidades por “violar la cuarentena”, pero ¿qué sucede con quienes atracan el Estado? Es la población panameña la que afortunadamente juega el rol fiscalizador, falta que lo hagamos de manera organizada y que demos el paso hacia la toma de decisiones en la política pública. Es necesario que la sociedad exija una auditoría de todos los recursos destinados a cubrir la pandemia. En el marco del denominado “Día D”, existe ya un “plan” del Gobierno elaborado por sectores tradicionales de la política económica (empresarios neoliberales), que han impuesto las privatizaciones, los recortes presupuestarios a salud y educación, que claman por la privatización del agua, flexibilización laboral, entre otros. Todos los sectores sociales no están allí representados. Abogamos por la participación plena y directa de la población, para garantizar el desarrollo nacional y social, la erradicación de la corrupción y garantizar la vida digna.

Nada justifica adquirir bienes o servicios a precios que ofenden el estado de necesidad que existe en la población. No es solo adquirir los equipos necesarios para que el personal de Salud tenga las herramientas para salvar vidas, sino que estos no representen ningún motivo de cuestionamiento. Por acción u omisión, la confianza pública sobre las autoridades siempre está en evaluación y estos hechos plantean dudas.

Poco a poco, el tema de la confianza en las personas que ejercen los cargos públicos toma mayor importancia. El reproche ciudadano es capaz de producir resultados. En principio, en los asuntos públicos, la más efectiva de las sanciones para la pérdida del cargo que se ostenta es la censura ciudadana.

Se trata de responsabilidades compartidas. Si bien es cierto que un Presidente de la República no puede estar pendiente de todo su equipo y saber qué hacen bien o mal, un mandatario sí debe saber que todo lo negativo se le reprochará a él. También está el papel institucional de las entidades de control, sin embargo, por encima de cualquiera de estas, se viven momentos donde nada puede contener la crítica ciudadana y el uso de las redes sociales, por tanto, la política está sometida a controles nunca antes imaginados. Las soluciones políticas siempre serán más ágiles que las institucionales para disminuir el ruido de las críticas, sin embargo, la justicia debe dar resultados en corto tiempo, toda vez que se confirmen los señalamientos de forma objetiva. Siempre se podrá hacer más, para fortalecer las instituciones y luego de la pandemia se tendrá que establecer la ruta.

No, bajo la creencia de que la ley establece plazos para la rendición de cuentas, se han acumulado miles de críticas en todo tipo de adquisiciones de obras y servicios. La extensión del tiempo de este estado de emergencia ha superado todos los procesos anteriores, y este ha sido utilizado. Se requiere un tratamiento diferenciado que permita abrir los registros de todas las compras y que la sociedad en general acceda a ellos. No cesará la crítica hasta que todo esté de frente al ciudadano.

El país se ha comportado con buena fe, acatando y permitiendo que las autoridades tengan la tranquilidad suficiente para enfrentar lo grave del Covid-19 y ese silencio generalizado de las primeras semanas, debe ser honrado con efectividad. El camino es mostrar todo lo que se hizo y se seguirá haciendo en la pandemia. La realidad es que se viven tiempos de avidez, de necesidad, de hambre e incertidumbre, por tanto las autoridades no pueden aparentar una realidad privilegiada frente a los ciudadanos, la arrogancia del poder debe ser reemplazada por la empatía social, al final, toda autoridad requiere de la confianza pública para seguir conduciendo la cosa pública.