Carlos García: 'Las compras se realizarán de acuerdo con los filtros, obedeciendo la ley'

Carlos García, viceministro de la Presidencia, reiteró durante una entrevista que todo el procedimiento de compra de equipos e insumos que sean adquiridos por las instituciones, deberá someterse al proceso de fiscalización y refrendo de la Contraloría General de la República. El viceministro llegó al Gabinete ejecutivo tras ejercer el cargo de secretario general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Ocupó el cargo de secretario general de la Contraloría General de la República (2014-2019) y también fue viceministro de la Presidencia entre mayo de 2008 y junio de 2009. Fue director ejecutivo del Fondo de Inversión Social de la Presidencia de la República desde septiembre de 2007 hasta mayo de 2008; gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen entre septiembre de 2004 y agosto de 2007; director de Administración y Finanzas de la Superintendencia de Bancos de Panamá desde junio de 1998 hasta diciembre de 1999, entre otros puestos. En su formación académica, García es magíster en auditoría forense, en tributación y gestión fiscal; en auditoría; tiene una licenciatura en comercio con especialización en contabilidad, y es contador público autorizado.

Desde el inicio de la pandemia, por instrucciones del Presidente y del Vicepresidente, se estableció un sistema para blindar los procesos en contra de la corrupción, que estableció: a) que no se pagaba anticipos a ningún proveedor, b) que todo lo que se recibiera, debía pasar los filtros técnicos de los profesionales de Salud, c) que los precios que el Estado pagaría debían ser justos, d) que solo se pagaría una vez se tuviera el refrendo de la Contraloría General de la República. Cualquier irregularidad detectada en alguno de los filtros evitaría el perjuicio en contra de los fondos del Estado. Entre los meses de marzo y abril, el mundo entero estaba en abierta batalla comercial por los insumos que podían salvar la vida de sus poblaciones. La dureza de observar que en las potencias mundiales se apilaban los cadáveres por la falta de insumos para atender a la población, marcó el rumbo del mundo en aquellos días. La Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, que declara el estado de emergencia y establece la acción del Gobierno, autorizaba al Ministerio de la Presidencia para que administrara y autorizara los recursos, las partidas asignadas y los traslados de las mismas a las entidades, estableciendo el rol de ministerio coordinador que centralizaba las peticiones y trasladaba las partidas; en ningún caso autorizaba al Ministerio de la Presidencia a ejecutar, por medio de compras, dichas partidas. Cabe aclarar que el único funcionario del Ministerio de la Presidencia facultado legalmente para comprometer al Estado a cualquier compra, es el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, quien en ningún momento, como ha sido certificado por la Contraloría General de la República, realizó ninguna compra de equipos médicos. La recepción de propuestas por parte de la mesa técnica interinstitucional Covid-19 servía para ubicar los implementos necesarios para proteger la salud de los panameños y establecer en cuánto tiempo podrían estar en el país. Si las propuestas superaban los filtros antes expuestos, se procedía a hacer los traslados de partidas. Vale aclarar que todas y cada una de las cartas compromiso firmadas por el exviceministro fueron dejadas sin efecto desde el día 11 de mayo de 2020 y canceladas de mutuo acuerdo con los proveedores, una vez que fue detectada la circulación de cartas falsas en redes sociales, debido al incumplimiento de los términos o la incapacidad de la oferta de superar los filtros previstos, protegiendo la integridad de los recursos del Estado. Sobre la difusión de las cartas falsas, la Procuraduría General de la Nación está llevando a cabo una investigación y sobre las actuaciones del Gobierno en general, han sido remitidas a los órganos de control y cuando se formalicen las compras de las entidades que las hayan solicitado, lo que implica que tengan precios justos y estén refrendadas por la Contraloría General de la República, se irán publicando en los portales de transparencia de cada institución y en el portal de Panamá Compra, cumpliendo con la ley.

Partamos de que no existe perjuicio patrimonial. La experiencia me ha enseñado que mientras el Estado no haya desembolsado un monto de fondos públicos y la Contraloría General de la República no haya relacionado a personas naturales o jurídicas mediante una auditoría autorizada por el Contralor General, ningún juez ha encontrado mérito para imputar cargos por un perjuicio patrimonial en contra del Estado a ninguna persona. Significa que por no haberse pagado ni desembolsado fondos públicos a ningún proveedor por compras de equipos médicos, u otro motivo, no existe perjuicio patrimonial, y la Contraloría General de la República efectivamente ha certificado que no se ha pagado ninguna compra. Sí ha existido la solidaridad de algunas empresas, que asumieron el riesgo de colaborar con los distintos ministerios y poner a disposición de las autoridades de salud las herramientas para librar la batalla contra el coronavirus. Las donaciones han salvado vidas, y las compras que se realicen serán efectuadas de acuerdo con los filtros, obedeciendo la ley, y serán publicadas en los portales de transparencia.

Los documentos de las solicitudes fueron objeto de un análisis riguroso para determinar el origen, si la compra tenía justificación, existencia de informe técnico fundado, aprobaciones de las instancias médicas especializadas en el objeto de la compra, y precios propuestos. Algunos documentos que cumplían con los parámetros de verificación expuestos y que se consideraban aceptables fueron devueltos a la entidad donde se originó la solicitud, para que a la luz del momento y tomando en consideración los mejores intereses del Estado, se tomaran las decisiones por parte de los expertos para continuar, con documentos actualizados, los procesos de compra necesarios para atender a los ciudadanos. Todo este procedimiento de compra de equipos e insumos que sean adquiridos por las instituciones, deberá someterse al proceso de fiscalización y refrendo de la Contraloría General de la República.

La Resolución de Gabinete No. 11 del 31 de marzo de 2020 ordena a todas las entidades que gestionaron compras por el procedimiento especial de adquisiciones previsto en la ley de contrataciones públicas, gestionar el informe correspondiente ante el Consejo de Gabinete, para lo cual la Dirección General de Contrataciones Públicas estableció que debe ser a los 5 días de levantarse el estado de emergencia. Adicionalmente, todas las compras que gestionen las entidades del Estado están siendo reportadas en el portal de Panamá Compra en la pestaña compras Covid-2019 y reportadas al Ministerio de la Presidencia, el cual está monitoreando el uso de los recursos transferidos. Lo que no está allí, no ha completado el proceso de compra. Hacemos constar que todo proceso de compra, independientemente del fundamento legal para ella, será sometido al control previo de la Contraloría General de la República. Lo más importante, reforzaremos el sistema previsto que invita a los ciudadanos a observar todos los procesos, que evita, al no pagar ningún anticipo, que se pierdan recursos en bienes que no llegarán o que no se corresponden a lo ofertado, como les ha sucedido a potencias mundiales, que han perdido sus recursos en medio de la pandemia y han sido engañados por quienes buscaron sacar provecho de la necesidad; que valida, con los especialistas en salud, la idoneidad de los equipos, garantizando que nuestra población sea atendida con calidad; y que establece el control previo de la Contraloría General de la República, como paso ineludible, filtros dispuestos por el Gobierno desde el inicio de la pandemia y que han sido efectivos para proteger los recursos de todos los panameños.