Diálogo pro reformas constitucionales con el PNUD durará tres años

El diálogo pro reformas constitucionales que tendría como facilitador al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) duraría al menos tres años, culminaría a tan solo un año antes de las elecciones generales de 2024 y costará $3.9 millones.

El Viceministro de la Presidencia Carlos García Molino confirmó que según lo planteado por el PNUD, este proceso está concebido para desarrollarse en un periodo de tres años y contempla una mesa de diálogo nacional y mesas locales en cada una de las provincias y comarcas del país.

Detalló que con relación con la integración de estas mesas, el PNUD propuso la conformación de un equipo compuesto por cinco profesionales para las mesas locales, en el cual el PNUD estima que en la fase de diseño metodológico participarán cerca de 170 actores y, anualmente, un número de 500 en la fase del proceso de diálogo.

Afirmó que el costo total de este proceso, según lo propuesto al Gobierno Nacional por el PNUD sería de $3.974.669.00, que se desembolsarán en un periodo de tres años.

Dentro de este contexto, el PNUD contempla el pago de todos los gastos indirectos (honorarios, profesionales, oficinas, viáticos, transporte y demás) correspondiente a todo el personal profesional que debe contratarse, lo mismo que de los gastos directos de alquiler de locales, alimentación y transporte de todos los actores del proceso en todas las mesas. 

El Viceministro García Molino detalló que el PNUD propuso al Gobierno Nacional, a través el Ministerio de la Presidencia la realización de este diálogo del pueblo panameño para la reforma a la Constitución con un proceso inclusivo y participativo; el cual contempla tres fases.

La primera fase es el co-diseño del diálogo con los actores locales y nacionales, con el objetivo de convalidar la metodología de trabajo, las reglas de funcionamiento, los temas a tratar, y la composición de las mesas, entre otros.

La fase dos incluye la implementación del proceso de diálogo en su articulación territorial y nacional, asegurando la transparencia e información de la población con la finalidad de conseguir amplios acuerdos sobre las modificaciones a aportarse al actual texto constitucional.

La última fase consiste en la evaluación del proceso y lecciones aprendidas con relación a los resultados logrados a nivel metodológico y de participación inclusiva.