Reformas electorales, entre reclamos y escepticismo de la ciudadanía

La élite económica y política quiere evitar perder el más mínimo control sobre el negocio en que se ha degenerado el proceso electoral. Las elecciones se han vuelto un mercado, donde los grandes donantes fabrican candidatos para venderlos a los votantes, quienes son reducidos al rol de consumidores de uno u otro producto electoral enlatado. Los donantes cuyos candidatos ganan la subasta por el poder, pasan a apropiarse de los recursos del Estado para recuperar su inversión. Hay, por ende, fortunas potenciales en juego. Por ello, el cambio hacia una mayoría calificada, rompiendo el dominio de los partidos y magistrados en la comisión al hacer necesario el apoyo de otros sectores en las votaciones, amenazaba la facilidad con la que normalmente imponen su agenda de cambios cosméticos. Nacía la posibilidad de que propuestas transgresoras pudieran tomar fuerza, generar presión e incluso ser aprobadas. Debían acabar con esas propuestas en su seno, en la comisión, antes que logren apoyo en la opinión pública. Aunque la Asamblea Legislativa es el último filtro, y puede modificar cualquier reforma que venga de la comisión, permitir que lleguen a ese punto reformas que trastoquen el statu quo del negocio electoral, para tener que rechazarlas de forma impopular en el Legislativo, carcomería la deteriorada legitimidad del proceso electoral.

Un instrumento de censura que perjudicará de manera desproporcional a las fuerzas que representen propuestas críticas, creando un blindaje que dificulte exponer los actos cuestionables de los candidatos y partidos hegemónicos. No es mediante la censura selectiva y discrecional que se eleva el nivel del debate, sino democratizando el acceso a los medios, abriendo más espacios para el debate de ideas, obligando a los candidatos a rendir cuentas de sus actos ante las comunidades y el país, proveyendo información histórica detallada y amplia a los votantes. Hay que abrir, no cerrar, la discusión política, para exponer en toda su crudeza la realidad de quienes nos han gobernado, visibilizando el alcance de sus delitos contra el pueblo.

Un cambio insignificante si no reforman el problema de fondo: la corrupción en la recolección de firmas. Candidatos que compraron firmas por miles, usando métodos que van desde el clientelismo genérico hasta la falsificación de la información, con firmas de muertos e infantes. De nada sirve enfocarse en lo formal, el número de firmas, si no arreglan el fondo, que las candidaturas por libre postulación son tan vulnerables como cualquier otra a ser compradas. Terminan por ser candidatos igual de hipotecados que los de partidos hegemónicos. Hay que sacar el dinero de la política, impidiendo que las elecciones se decidan por quien invierte más, para que las demás reformas no resulten una trivialidad.

Es una propuesta positiva. Un candidato debe postularse a un solo cargo. Pero nuevamente, por más que en las reformas haya decenas de propuestas que representan en apariencia un avance, y las hay, terminarán deformadas mientras el dinero continúe siendo el factor decisivo en las elecciones, sea desde la compra de candidatos por los grandes donantes hasta la compra de votos en las comunidades por los candidatos.

Una gran cantidad de propuestas cosméticas que se ven bien en el papel, pero que en la práctica nada van a cambiar sobre cómo se hace política en Panamá. Una política que se gesta a través de redes de poder que entrelazan al poder económico con el político, que les permite aprovecharse de las necesidades de los panameños mediante redes clientelares para comprar las elecciones, repartirse el Estado y legitimar el sistema, armando una trama de complicidades que atraviesan y corrompen a las instituciones del Estado, incluyendo las electorales. Esas redes seguirán intactas, indiferentes a la nueva ronda de reingeniería electoral. Al asegurar el predominio del dinero en la política, imponen el sesgo de clase que convierte a la democracia liberal en una fachada. No hay de otra que desafiar al sistema aún dentro de estas circunstancias adversas, ya que por más amañado que esté el proceso electoral por diseño, hay que dar la batalla en todos los frentes, pero sin entretener la ingenua expectativa de que los cambios vendrán de quienes se han dedicado a defender el statu quo a toda costa. Los cambios vendrán de la capacidad que tengan las fuerzas populares para generar conciencia en las masas, organizarse y movilizarse en conjunto, conviertiéndose en un poder contrahegemónico que desborde a los poderes constituidos.

Históricamente, la CNRE ha sido un escenario de poder asimétrico y de rejuego de intereses políticos en la toma de decisiones fundamentales. Con todo el respeto que merecen las personas íntegras que participan desinteresadamente allí, la CNRE es un escenario de simulación democrática donde interactúan el TE, el oficialismo, la oposición, independientes y la sociedad civil, y en donde los últimos siempre llevan las de perder. En este sentido, haber logrado cambiar la forma de votación ha sido una “victoria” para la sociedad civil y sectores no oficialistas, y que luego el TE analice las implicaciones en la pérdida de control de este escenario y emita un pronunciamiento invalidando esto, refleja la poca seriedad que se le da a este espacio. Con esta acción envía el mensaje de que a esta instancia se le considera válida y sus opiniones acertadas, siempre y cuando no se salga del “huacal”, es decir, mientras los poderes ocultos que controlan el sistema político panameño así lo permitan y no afecten sus intereses económicos. Evidenciar un conflicto por la forma de votación es solo una muestra de que muchas cosas no andan bien en la institucionalidad democrática panameña; parece de forma, pero es de fondo y sustancia, desvela las relaciones de poder que impiden una real democracia en Panamá.

Creo que ya existía algo referente a este tema, sin embargo, se hace necesario fortalecer este marco en todo lo relativo a las noticias falsas y 'postverdades', pero no solo en lo relativo a las campañas electorales, sino en todo el sistema de información pública. En Panamá urge un periodismo libre e informado que proteja a aquellos que se atreven a investigar e informar a la ciudadanía; este tipo de periodismo está en extinción por varias causas, en especial por culpa de los dueños de los medios y sus intereses económicos. En este país de oligopolios económicos y políticos es casi natural que se “compren las verdades”, se fabriquen héroes que luego se convierten en candidatos/as, se limpien personajes con pasados oscuros vinculados al narcotráfico y se gradúe a gente con honores que nunca terminó sus estudios. Si se va a tratar este campo de la prevención del delito de calumnia e injuria, que no sea una mordaza para el periodismo libre que nos ha permitido descubrir negociados, tramas de corrupción, y el avance de la narcopolítica en Panamá. Se debe abordar no solo con sanciones, sino que se debe pasar por proteger a los reales profesionales de la comunicación, una de las profesiones más devaluadas y explotadas en este país.

Esta medida fortalece el centralismo y elitismo de los partidos políticos, abriendo aún más la brecha de participación de los sectores independientes. En una sociedad postpandemia en donde se han visto de manera descarnada las desigualdades sociales que genera el actual modelo de sociedad panameña, necesitamos nuevos liderazgos independientes de intereses económicos y de partidos tradicionales para cambiar el país. El proceso electoral se ha convertido en un mercado de compra y venta de votos, el clientelismo y la corrupción son los mecanismos que pervierten la voluntad popular, donde para participar se requiere mucho dinero, y si además se eleva el porcentaje de firmas a recoger, hace que sea más difícil que las buenas personas que desean transformar este país se atrevan y quieran participar, manteniendo el secuestro de nuestra democracia por el poder económico y sus partidos.

Esta medida es urgente, pues evita el “juega vivo” en las elecciones; ya está más que probado que esta práctica corrompe y distorsiona el servicio público, es casi como jugar a la lotería comprando muchos números, es decir que entre más plata “inviertes” postulándote a varios cargos, más chance de salir tienes. Esto urge. Pero dudo que pase en la Asamblea. Nunca he visto que en ese escenario tan corrupto y plagado de vivarachos y vivarachas se apruebe algo que les afecte su futuro y práctica política.

La CNRE es una buena idea que se quedó corta en su práctica real. Tiene limitaciones en el manejo de la toma de decisiones y en la eficacia de sus propuestas para ir perfeccionando el sistema político partidario. Regreso a mi opinión del inicio, hoy solo se le permite participar en decisiones que no afecten los equilibrios de poderes ocultos que están detrás del poder visible, y si acaso se llegan a acordar propuestas que cambien esa correlación de fuerzas, tales como financiamiento privado, rendición de cuentas, paridad de género, candidaturas independientes, mecanismos de sanción, diputados/as residuos, etc... pues cuando llegan a la Asamblea simplemente no las aprueban. Incluso es tan obvia la “tomadura de pelo” de los partidos a la CNRE, que aquellos que en la CNRE representando a sus partidos estuvieron de acuerdo, cuando llegan las reformas a la Asamblea, las desconocen y votan en contra. Nunca he entendido, por qué los magistrados que presiden una de las pocas entidades con algo de credibilidad pública, no han usado ese poder que tienen para lograr que se aprueben las reformas sustantivas que podrían cambiar la calidad de nuestro sistema electoral y cultura política en Panamá. Ojalá que haber estado tan cerca de la muerte por la covid-19, nos haga tener conciencia de que, o cambiamos o no tendremos futuro democrático en Panamá. Es hora de ser valientes; de decir las cosas por su nombre y luchar por cambiar de raíz las cosas; ya basta de simulación democrática.