Diputada Correa afirma que hubo 'motivaciones políticas' en veto del presidente Cortizo

La diputada del partido Cambio Democrático (CD), Mayín Correa aseguró que existen motivaciones políticas en el veto del presidente Laurentino Cortizo, al proyecto de ley 28 de 2020 que buscaba sancionar a los funcionarios que paralizan o dejan perder obras públicas en construcción.

Correa, quien impulsó esta iniciativa aprobada en tercer debate el 26 de agosto pasado, y que adiciona disposiciones al Código Penal, relativas a la paralización de obras públicas, cuestionó la decisión del mandatario.

Tras su aprobación, el documento fue enviado al Órgano Ejecutivo el pasado 7 de septiembre para su sanción de parte del Presidente, pero, fue objetado el 25 de septiembre, se informó en una nota de prensa de la diputada opositora.

“Esto deja mucho que pensar”, afirmó Correa, haciéndose eco de los comentarios sobre “razones políticas” detrás del veto presidencial a una ley que sancionaría con penas de cárcel y multas a funcionarios que permitieran el deterioro y suspensión de obras públicas en construcción.

Correa dijo que en el pasado gobierno del ex presidente Juan Carlos Varela se dejaron deteriorar y se suspendieron un muchas obras iniciadas durante la administración previa.

“Estas obras (suspendidas) generaron sobrecostos que se han estimado por arriba de los mil millones de balboas que siguen en aumento y ahora están paralizadas”, sostuvo Correa.

En virtud de la objeción por parte del Órgano Ejecutivo, por inexequible e inconveniente, al proyecto de ley 28, Correa indicó que es un hecho público y notorio, que a lo largo y ancho del país existen más de un centenar de obras que fueron paralizadas por el gobierno de Juan Carlos Varela, lo que asegura, ha ocasionado pérdidas por más de mil millones de dólares.

"Entre las obras paralizadas se encuentra la “Ciudad Hospitalaria “Ricardo Martinelli Pardini”, a la cual, el pasado gobierno, en un gesto de mezquindad sin límites paralizó de manera inconsulta, perjudicando a todo un país, ya que en este momento de pandemia por covid-19, estas instalaciones de salud hubieran jugado un papel fundamental en la lucha contra este flagelo", destacó Correa. 

Señala que el proyecto de ley 28, tiene como norte castigar a quienes, de manera dolosa o culposa dejen perder obras públicas, que son construidas con dineros del pueblo panameño. 

"El veto presidencial, es de corte político ya que revela una falta de compromiso del actual gobierno, por investigar los desgreños administrativos presentes y futuros. Manifestamos nuestra voluntad de seguir luchando para que este proyecto sea Ley sea una realidad y se castiguen de una vez por todas a los funcionarios que despilfarran los dineros del pueblo panameño", enfatizó la diputada Correa.