Informe de Panamá ante la SIP denuncia uso de Justicia contra el periodismo

El informe de Panamá ante la 76 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se inicia este miércoles, destaca que en este país han aumentado la acciones judiciales con una motivación principalmente política contra "medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión o influencers".

Esas acciones tienen como fin la "intimidación" y "promover la autocensura", asegura el informe, elaborado por el vicepresidente regional para Panamá de la SIP, Eduardo Quirós, también presidente del Grupo Editorial El Siglo-La Estrella (GESE).

El documento menciona en primer lugar una iniciativa del Tribunal Electoral que, entre otras cosas, "propone multar la difusión de propaganda electoral en publicaciones de contenido editorial, promover a un aspirante, precandidato, candidato o partido" y que será presentada ante la Asamblea Nacional en enero de 2021.

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) "ya ha presentado 38 demandas contra periodistas y directores de medios con reclamos por más de 46 millones de dólares", el más reciente contra Mi Diario, de la Corporación La Prensa, SA (Corprensa), menciona el informe panameño

El diario La Prensa, también de Corprensa, fue objeto en julio pasado de una acción judicial que ordenó "un secuestro de sus cuentas bancarias y activos por un monto de 1.13 millones de dólares por una demanda del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) que acusa al periódico de daños y perjuicios a su reputación y honor en un proceso que data de 2012 y que aún no tiene sentencia de primera instancia".

Así lo señala el documento panameño y recuerda que "once organizaciones pidieron al relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunciarse sobre acciones de hostigamiento judicial contra La Prensa".

También recuerda que "la plataforma digital Foco", que ha destapado o denunciado varios casos de corrupción, ha tenido que solicitar medidas de protección a la CIDH por "amenazas telefónicas, acoso cibernético, querellas y denuncias penales".

El informe panameño se hace eco de la queja del grupo editorial EPASA, que publica los diarios Panamá América y Crítica, por ser objeto desde hace tres años de una investigación por parte del Ministerio Público (Fiscalía del Estado) en torno a la forma en que fue adquirida su propiedad por parte del expresidente Martinelli.

EPASA considera que esa investigación, y su duración, es una "represalia a los casos de corrupción que ha publicado".

"La Corte Suprema de Justicia de Panamá no admitió una acción de habeas data que solicitaba información sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia", por lo que el informe en cuestión ante la SIP explica que "las entidades periodísticas expresaron su preocupación sobre la falta de cumplimiento con la ley de transparencia y sobre el funcionamiento de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)".