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02 de Dec de 2020

Nacional

Itinerario del militarismo panameño

El panorama del futuro siempre es claro, si tenemos el valor de volver la mirada al espejo del pasado. Inspirado en lo vivido bajo la égida militarista, el pueblo y sus fuerzas vivas deben exigir el desmantelamiento de los avances notorios que en el campo del militarismo han logrado los estrategas civiles y militares que, repito, actúan en la conspiración antidemocrática desde ciertos puestos clave debidamente identificados en el engranaje oficial.

Itinerario del militarismo panameño

Luego que se disolvió el ejército bajo la administración de Manuel Amador Guerrero, no fue sino durante la década de 1940 que se inició tibiamente un nuevo proceso de militarización que tomó fuerza en el gobierno del coronel José Remón. En el año 1953 la Asamblea Nacional aprobó dar un nuevo nombre a la policía y adoptó el de Guardia Nacional. En la Nicaragua de Somoza García el ejército llevaba ese nombre. Para entonces Somoza era el líder militar centroamericano y servía de inspiración a los oficiales del país. Su influencia ante el gobierno de Washington era reconocida. Recuerdo el debate que se suscitó en la Asamblea Nacional cuando se recomendó dar a la policía panameña el nombre de Guardia Nacional. Se identificaba la iniciativa con la figura de Somoza. Fueron pocos los diputados que se opusieron a la propuesta, entre ellos quien suscribe estas líneas. La oposición a Remón consideró intrascendente, por falta de malicia, la introducción del nuevo nombre.

A partir de la década de 1940, la Fuerza Pública comenzó a tener una injerencia arbitral en la vida política del país. A mi juicio la alternativa política que representaba Arnulfo Arias obligó a la oligarquía a dar vigor a su brazo armado. También dio preponderancia a los militares la reiterada consumación, a lo largo de los años, de los fraudes electorales. Algunos gobiernos no descansaban en el sufragio, sino en el poder de la fuerza. En vista de que el pueblo no era el soporte del gobierno, el gobierno buscó su apoyo en la fuerza de los cuarteles. Esa fuerza produjo el golpe de Estado de 1941, el fraude electoral de 1948, el golpe de 1949 y el contragolpe de 1951.

El protagonismo político de los uniformados era tan evidente y preponderante, que en 1952 su comandante José Remón decidió convertirse en el primer presidente de la era republicana salido de los cuarteles. Si para esas fechas la policía era el poder efectivo detrás del trono, en 1952 asumió directamente, sin intermediario, las riendas del Estado. El asesinato del presidente Remón, ocurrido en enero de 1955, aquietó la militancia política de los cuarteles y las elecciones presidenciales de 1956 y de 1960 se llevaron a cabo en procesos libres y sin fraudes.

En el año de 1964 la controversia política fue intensa, las fuerzas opositoras denunciaron la comisión de un reprochable fraude electoral consumado con la militancia electoral de la propia fuerza pública y a partir de esa fecha volvió la Guardia Nacional a constituirse en soporte del poder civil. Ese retorno a su condición de fuerza decisoria o arbitral de la política nacional convirtió a la Guardia Nacional en el poder supremo durante el convulsionado juicio político que en marzo de 1968 la Asamblea Nacional siguió al presidente Robles. La sentencia de la Asamblea Nacional que destituía al presidente Robles fue desconocida por la Guardia Nacional, la que adicionalmente ejecutó un golpe de Estado, digamos que parcial, al impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea, lo que constituía un delito contra la seguridad interna del Estado.

El golpe parcial de marzo de 1968 tuvo sus efectos diferidos para el 11 de octubre del mismo año, cuando se ejecutó el golpe militar total contra todos los órganos del Estado.

“Al instaurarse el gobierno democrático en diciembre de 1989, el poder civil asumió sus obligaciones constitucionales y legales, y la Fuerza Pública ha venido ocupando, sin censuras, su sitio de agente obediente de la autoridad civil. En los últimos tres quinquenios no se ha vivido la incertidumbre del golpismo ni la alarma que genera un cuerpo armado deliberante”.

A partir del 11 de octubre de 1968 hasta diciembre de 1989, fecha de la invasión, los militares panameños encabezaron una dictadura rica en desórdenes institucionales, en inéditos actos de corrupción (las partidas discrecionales fueron estrenadas y se convirtieron en permanentes piñatas, aún pendientes de investigación) y en violaciones abominables de los derechos humanos. El ejército tomó el nombre de Fuerzas de Defensa, y los teóricos civiles y militares criollos lograron que los ejércitos de los déspotas latinoamericanos anudaran relaciones de solidaridad y cooperación con los uniformados panameños.

Al instaurarse el gobierno democrático en diciembre de 1989, el poder civil asumió sus obligaciones constitucionales y legales, y la Fuerza Pública ha venido ocupando, sin censuras, su sitio de agente obediente de la autoridad civil. En los últimos tres quinquenios no se ha vivido la incertidumbre del golpismo ni la alarma que genera un cuerpo armado deliberante.

La azarosa vida pública del pasado en la que las fuerzas de defensa ejercían las funciones de un órgano del Estado con prepotencia y singular autoritarismo, hoy es simple anecdotario de una edad media nacional en pleno siglo XX.

Lamentablemente el gobierno del PRD, respondiendo más a una tendencia totalitaria que por necesidad visible alguna, ha sugerido la posibilidad de volver a la etapa cuartelaria en la que un militar presidía la jefatura de la Fuerza Pública. El anuncio no ha contado con el apoyo popular, pero los estrategas civiles y militares, que estuvieron en el pasado al servicio de los comandantes de turno, han iniciado un proceso de sondeos de opinión o de ablandamiento civilista para reimplantar el militarismo con presentaciones vistosas de tambores, cornetas y otros espectáculos terrestres y aéreos de diversión, de modo que la emoción patriótica del pueblo impida exteriorizar a conciencia un reproche inmediato. Pero el reproche y el rechazo a la ostentación castrense ha sido nacional, se ha expresado en todos los medios de comunicación en editoriales, comentarios y geniales caricaturas. El pueblo civilista seguramente es consciente del peligro que se cierne sobre el país.

Aparentemente el gobierno de Martín Torrijos ha tomado nota del repudio nacional y el ministro de Gobierno, Héctor Alemán, ha apaciguado relativamente los ánimos al declarar que “por ahora” no está en el ánimo del nuevo gobierno designar a un militar de carrera en la jefatura de la policía nacional.

La sociedad, empero, tiene que descansar en su propia vigilancia patriótica porque la creciente participación en el gobierno de exmiembros de las Fuerzas de Defensa y de reconocidos estrategas del militarismo en el pasado, presagia días difíciles para la democracia panameña.

El panorama del futuro siempre es claro, si tenemos el valor de volver la mirada al espejo del pasado. Inspirado en lo vivido bajo la égida militarista, el pueblo y sus fuerzas vivas deben exigir el desmantelamiento de los avances notorios que en el campo del militarismo han logrado los estrategas civiles y militares que, repito, actúan en la conspiración antidemocrática desde ciertos puestos clave debidamente identificados en el engranaje oficial. En lo personal debo decir que los pañuelos y las banderas blancas que llevé hasta el cansancio durante las jornadas civilistas, los he sacado del baúl y los tengo a mano para volver a reafirmar las tradiciones democráticas y civilistas del pueblo panameño, en caso de que sea necesario.

Publicado originalmente el 13 de noviembre de 2004.

Itinerario del militarismo panameño

FICHA

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, ciudad de Panamá

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga

Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.