La construcción del desastre en el río Juan Díaz

Durante muchos años y casi hasta la década de 1990, la visión sobre la ocurrencia de los desastres estaba centrada en su inevitabilidad. El problema de no tener medios para decir cuándo, dónde o a quiénes les podría suceder. Con lo cual, los esfuerzos por enfrentar los desastres estarían centrados en el monitoreo continuo de los elementos naturales (huracanes, terremotos, volcanes) y en la preparación de las acciones de respuesta ante la ocurrencia de los desastres.

Una nueva visión se abre paso ante esta perspectiva positivista a mediados de los 90, descrita por Haris Sanahuja, especialista senior en temas de desastres, quien indica que, “los desastres deben ser interpretados como corolario de procesos sociales, que promueven la generación de condiciones inseguras y que se evidencian dramáticamente ante la ocurrencia de un evento natural o tecnológico de cierta intensidad”.

Bajo esta nueva perspectiva se entendería entonces que desastres como las inundaciones que ocurren con cierta frecuencia en la cuenca del río Juan Díaz, no son producto de eventos aleatorios, de los cuales no tenemos control, sino que serían producto de procesos sociales, económicos y ambientales, que generan una mayor vulnerabilidad ante amenazas como las crecidas del río Juan Díaz.

De acuerdo con el geógrafo Alberto Mckay, “los factores que han influido en esta condición (de vulnerabilidad ante el riesgo de inundaciones) se relacionan con un proceso desordenado de ocupación y desarrollo urbano y en la fragilidad ecológica de la zona”. Este proceso de ocupación desordenada se iniciaría durante la década de 1920, y continuaría con diferentes oleadas durante las décadas de 1950 con la migración del campo a la ciudad; y en 1960 y 1970 a través de la incorporación de Juan Díaz al desarrollo económico, con la construcción de fábricas, campos deportivos y urbanizaciones.

Si bien, los registros señalan la inundación de 1986 como una de las primeras de mayor impacto urbano en esta cuenca, sería a partir de las décadas de 1990 y las dos primeras del siglo XXI que los efectos de estos eventos serían más notables. El aumento de las inundaciones y de los daños asociados en la cuenca del río Juan Díaz, coincidiría con procesos de ocupación urbana acelerados, especialmente en su curso medio y bajo, áreas que naturalmente correspondían a las llanuras de inundación del río Juan Díaz.

La construcción de Costa del Este (2001), sobre el antiguo basurero de la ciudad, iniciaría el proceso de ocupación urbana del borde costero, más allá de su límite tradicional en Panamá Viejo. Esta ocupación había estado restringida por las normas para el control y desarrollo del sector de manglares del corregimiento de Juan Díaz de 1980. Esta normativa buscaba regular lo que en su momento las autoridades consideraban “intentos de urbanizar el área de los manglares y zonas inundables en el corregimiento de Juan Díaz, ante las necesidades de expansión de la ciudad de Panamá, y los conflictos que se presentaban entre las autoridades, propietarios e inversionistas, respecto a este tema”.

Entre los principales elementos de control al desarrollo en esta normativa destacan la identificación y delimitación de zonas de manglares y zonas inundables, las cuales debían continuar con su función receptora natural; además se planteaba la necesidad de construir varios lagos o lagunas de control de inundaciones. Una vez saneada esta zona se podrían designar usos a las tierras, que sean compatibles con los desarrollos ya existentes y que no perjudiquen manglares y estuarios.

Entre 1993 y 1996 se inicia el proceso para la definición del alineamiento y contratación de los estudios y trabajos para la construcción del corredor sur (2000). Esta nueva vialidad generó la posibilidad de crear suelo urbano en las proximidades de la ciudad de Panamá y el aeropuerto de Tocumen. Al mismo tiempo, la construcción del corredor sur implicó la realización de un relleno de 7 metros de altura, que sería más tarde una barrera para el normal flujo de los ríos.

La conectividad que brindaba el corredor sur impulsa la ocupación de la zona de manglares de Juan Díaz durante la primera década del siglo XXI por proyectos residenciales aislados y no articulados. Entre 2010 y 2019 se da una ocupación más agresiva de esta zona con la construcción de proyectos como Santa María, MetroPark y la planta de tratamiento del proyecto de saneamiento. Todos estos proyectos debieron hacer rellenos de hasta 7 metros de alto, con el fin de no quedar más bajos que el corredor sur e inundarse con las crecidas del río Juan Díaz.

En paralelo a la urbanización que ocurría en la parte baja de la cuenca del río Juan Díaz, se daba el desarrollo de nuevos proyectos residenciales en Panamá norte. En esta zona, unas 800 hectáreas de terreno fueron deforestadas entre 2010 y 2016, con lo cual se produce un efecto acumulativo respecto al deterioro ambiental y de las condiciones de riesgo que sufren las comunidades en la parte media de la cuenca.

Si bien existen procesos de deterioro a pequeña escala, que se dan diariamente en la parte más densamente ocupada y urbanizada de la cuenca, no constituyen la parte más importante del problema. Estos procesos incluyen la ocupación de servidumbres fluviales, encauzamiento y canalización de ríos y quebradas, contaminación ambiental. Gran parte del problema de las inundaciones en este sector de la ciudad se sintetiza en la falta de previsión sobre la necesidad de dejar espacios para el desahogo del río durante los períodos de lluvias intensas.

Está de más señalar que la ausencia de instrumentos de planificación y gestión del territorio se encuentra en el corazón de un problema como la ocurrencia de inundaciones en la cuenca del río Juan Díaz. Durante años, la visión por parte del Estado, sobre la ocurrencia de los desastres, se ha mantenido en un enfoque de respuesta a la emergencia, sin afrontar los procesos que originan estos eventos.

Un cambio en este modelo implicaría que los actores involucrados, tanto públicos como privados, aborden la ocurrencia de los desastres como un resultado de un modelo de desarrollo de, “dejar hacer, dejar pasar”, en el cual cada uno ha actuado en defensa de su propio interés, sin que se diera la necesaria intervención estatal, parte obligada a velar por el bien común.