Crisis en el Gabinete por designación de Gómez

Una situación tensa se vive en el Gabinete del presidente Laurentino Cortizo luego de que la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, postulara a la exprocuradora Ana Matilde Gómez al cargo de jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el periodo 2022-2027. La avalancha de críticas recibidas tiene al gobierno al borde de una crisis.

Fuentes a lo interno del Palacio de las Garzas dicen que no se explican esta designación y menos que se hizo sin consultas. Tampoco entienden porqué, pese a las críticas que han surgido, la canciller Mouynes no ha salido a dar una explicación o solo se limita a hablar a algunos medios de comunicación social.

Desde el PRD, partido al que pertenece el presidente Cortizo, también se preguntan por la “errónea designación”.

La condena de abuso de autoridad de la que fue objeto en 2010 la exprocuradora sería un obstáculo en el camino a convertirse en jueza de la CIDH.

Los esfuerzos para alcanzar una posición de este tipo implican grandes rivalidades y escrutinios, que deben hacerse primero a lo interno del país, antes de salir a competir con otros aspirantes para perfeccionar una candidatura que tenga posibilidades.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores debe preparar una candidatura fortalecida para lograr que por primera vez el país ocupe una silla en la CIDH”, explicó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

Los jueces de la CIDH son los intérpretes de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. A Araúz le parece “imprudente” que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya impulsado una nominación con una candidata que enfrenta un obstáculo que la pone en desventaja con el resto de los aspirantes, a sabiendas de que la condena saldrá a relucir en la lucha por la posición.

Ahora, el país debe contar con una estrategia desarrollada para alcanzar los votos requeridos considerando que en juego está una posición codiciada por otros miembros de la comunidad interamericana.

“Lo correspondiente ahora es sacar adelante la búsqueda de la silla indistintamente del nominado. Hay que generar las posibilidades para que el país tenga el puesto”, concluye Araúz.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece los parámetros que deben tener sus miembros en el capítulo II, artículo 4: se compone de siete jueces de los Estados miembros de la OEA, elegidos entre los juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del que sean nacionales o del que los postule.

Además, el organismo remite al derecho interno que en su artículo 205, de la Constitución Nacional, establece que la persona haya sido condenada por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un Tribunal de Justicia no podrá desempeñar cargo alguno en el Órgano Judicial.

En julio de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió después de años de estudio una demanda de Gómez contra Panamá por el proceso de destitución como procuradora general de la Nación en 2010 durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. La decisión aún se desconoce.

La Estrella de Panamá intentó, sin éxito, obtener una versión de la exprocuradora.

Las elecciones para esta posición se realizarán durante el quincuagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.