25 de Sep de 2021

Nacional

'El Estado ha fracasado en su labor de proteger a los menores': Chandler D'Orcy

La diputada suplente Walkiria Chandler D'Orcy formó parte del equipo que investigó los abusos a los menores en los albergues

La diputada suplente Walkiria Chandler D'Orcy.Cedida

Los niños y adolescentes recluidos en los albergues regulados por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) son víctimas de abusos, sobre todo los que presentan alguna condición de discapacidad intelectual, los migrantes, los indígenas y los afrodescendientes.

Una subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que dirige la diputada Zulay Rodríguez, encontró evidencias de que menores desde la primera infancia hasta alcanzar la mayoría de edad son víctimas de violencia, maltratos físicos, emocionales y sexuales en los albergues.

El resultado de la investigación está en un informe preliminar que presentó la subcomisión que está formada por las diputadas Yesenia Rodríguez (presidenta), Petita Ayarza y Walkiria Chandler D'orcy (subcomisionadas) y servirá como sustento para interponer una denuncia ante el Ministerio Público la próxima semana.

“Todos los panameños como sociedad le hemos fallado a nuestra niñez. Es un hecho abominable que se ha perpetuado en distintos gobiernos y administraciones”, reconoció Chandler D'Orcy, diputada suplente.

Otro “gran responsable” es el Estado, que ha fracasado en la labor de proteger a los menores, “negándoles el derecho a una vida digna y siendo responsable de la revictimización de estas criaturas, que han sido abandonadas a su suerte”, agregó la diputada suplente.

Para documentar los abusos a los menores se realizaron entrevistas semiestructuradas durante cuatro meses a informantes clave y visitas sorpresivas a albergues en Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Coclé, lo que permitió conocer las rutinas, la alimentación, protocolos de higiene y actividades diarias.

Como fuente de información secundaria están las pesquisas y los informes del personal de la institución involucrado en las denuncias y de la sociedad civil implicada en el tema.

Además, se realizó un análisis documental de informes e investigaciones sobre la situación de la niñez en el país de instituciones nacionales e internacionales relacionado con la violencia de la que son víctimas los menores.

Con base en entrevistas a los administradores de los albergues se determinó que los niños con discapacidad no reciben una atención especializada. Mientras que la atención médica se circunscribe a visitas del personal de los centros de salud.

La investigación determinó la ausencia de protocolos de abordajes de situaciones, manuales de intervención, diagnósticos y evaluación, que la institución debe exigir a las oenegés y fundaciones que administran albergues.

Los pocos servidores públicos de la institución que atienden el tema lo hacen según la experiencia y conocimiento individual.

Otro de los hallazgos es que muchos albergues operan sin permiso de funcionamiento y otros con permisos provisionales. Incluso, hay albergues que funcionan sin que la Senniaf conozca de su existencia.

En las últimas dos décadas, el país ha tenido avances en políticas públicas y legislaciones para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, la institucionalidad del país se ha visto diezmada por la politización de la institución encargada de velar por este grupo, una inversión pública insuficiente y de poca calidad y efectividad. A esto se le suma la débil capacidad técnica (desprofesionalización) por parte de Senniaf. A esta conclusión llegan expertos consultados para la elaboración del informe.

De acuerdo con información suministrada por la Senniaf, en el país hay 942 menores albergados. El 49% estaba a órdenes de la institución, el 24% de los juzgados de niñez, el 17% bajo tutela de familiares, el 8% a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el 2% en hospitales.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su profunda preocupación por las denuncias e instó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones con la mayor prontitud para determinar los hechos y las responsabilidades. La Organización de las Naciones Unidas recordó que los niños que se encuentran en los albergues están bajo la protección especial del Estado.