MP abre investigación de oficio por abusos a menores en albergues

El Ministerio Público (MP) empezó de oficio una investigación por las denuncias de maltratos físicos, emocionales y sexuales a niños y adolescentes recluidos en albergues.

La sección de Familia de la Fiscalía Metropolitana solicitará información al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para documentar el sumario.

Existen, además, otras dos investigaciones en curso en el mismo despacho judicial, en las que se han practicado diligencias, dictado medidas de protección a menores, desalojado a los operadores de los albergues e incluso algunos están indiciados, explicó el MP.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), explicó que, en sus inicios, la investigación debe ser amplia y no debe excluir a nadie. “Se coloca bajo necesaria investigación tanto a los particulares como a funcionarios que rodean los hechos denunciados”, agregó el jurista.

La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades a tomar acciones para fortalecer los sistemas de albergue de niños y adolescentes, de modo que sus derechos fundamentales no sean violados.

La Senniaf enfrenta una debilidad institucional que le impide cumplir los objetivos de salvaguardar a la población infantil del país. Ese es uno de los hallazgos de la investigación que realizó la subcomisión de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, formada por las diputadas Yesenia Rodríguez (presidenta), Petita Ayarza y Walkiria Chandler D'orcy (subcomisionadas), sobre el funcionamiento y desempeño de la institución.

En el tema de la violencia contra niños y adolescentes en los albergues, la política teórica no está en sintonía con la práctica. Pero, peor aún, no existe la intención de comprender el fenómeno para pensar en salidas concretas para resolver el problema.

“Senniaf no cuenta con un verdadero sistema nacional de información gerencial sobre niñez y adolescencia, ni con una estrategia orientada a producir investigaciones que le permitan a la institución tomar decisiones basadas en evidencia”, plantea el informe.

La falta de profesionalismo en la institución repercute de manera negativa en el trabajo de los servidores para proteger a los menores. Los funcionarios son objeto de constantes traslados, sin una causal clara, pero que parecieran estar relacionados con cambios personales y políticos.

Existe, además, un divorcio en la gestión técnica y administrativa. “Hay un evidente distanciamiento entre lo que se piensa y se hace en el despacho superior de la Senniaf y el resto de las unidades administrativas”, subraya el documento.

Otro de los puntos que se destacan es la brecha entre las capacidades reales de la sede principal y las regionales, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos.

La investigación de la subcomisión tenía como propósito investigar el funcionamiento y desempeño institucional de la Senniaf. Además, buscaba esclarecer las denuncias efectuadas a una fundación que opera en Tocumen, que atiende a niños en riesgo social entre los 2 y 17 años y que recibía mensualmente $50 mil en subsidio del Mides.

A raíz de esta investigación se sumaron más denuncias de manejos irregulares en albergues regentados por la Senniaf. El resultado del trabajo está compilado en un informe preliminar de la subcomisión y es el sustento para la apertura de la investigación penal.